La Comisión Europea (CE) financió en secreto a ONG ecologistas con millones de euros de dinero público para que emprendieran campañas legales y de presión política contra empresas europeas, especialmente alemanas, según revela una investigación publicada por Welt am Sonntag. El objetivo: imponer por vía judicial y mediática la agenda climática de Bruselas, incluso a costa de erosionar la soberanía económica y la seguridad energética de los Estados miembros.
Entre los beneficiarios figura la ONG ClientEarth, que recibió unos 350.000 euros directamente de la CE para cubrir los costes legales de demandas contra centrales eléctricas de carbón en Alemania. El propósito era arrastrar a los operadores a procesos judiciales para aumentar su riesgo financiero y frenar el mantenimiento de las plantas.
No fue la única operación orquestada desde los despachos de la UE. Según los documentos, la organización Amigos de la Tierra fue financiada para boicotear el acuerdo de libre comercio con Mercosur. Otras ONG recibieron hasta 700.000 euros cada una para influir en votaciones del Parlamento Europeo sobre pesticidas y productos químicos, con instrucciones precisas de las acciones que debían ejecutar.
Activismo a sueldo de Bruselas
Los contratos, firmados en 2022 y ejecutados en 2023, establecían con todo detalle las obligaciones de las ONG a cambio de la financiación: número de publicaciones en redes sociales, cartas de presión, reuniones con eurodiputados… Todo cuidadosamente definido por los burócratas de la Comisión.
Los fondos salieron del programa «LIFE», dotado con 15 millones de euros anuales. Actualmente, Bruselas negocia una ampliación del presupuesto para seguir financiando estas campañas de presión ideológica con dinero de los contribuyentes.
Este escándalo destapa la connivencia entre las élites de la Unión Europea y el activismo climático radical, que no duda en atacar al tejido productivo europeo con el aval y los fondos de Bruselas. Mientras las empresas energéticas, agrícolas o industriales asumen cada vez más trabas legales y normativas, la maquinaria verde subvencionada por la UE actúa como ariete contra la soberanía económica de los Estados. Todo, bajo el disfraz de «transición ecológica».