La preocupante deriva del Gobierno de Gustavo Petro vuelve a situar a Colombia en el centro de las alarmas internacionales. En respuesta a esta amenaza creciente, once eurodiputados han dirigido una carta formal a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en la que exigen la suspensión inmediata de toda relación y financiación con el Ejecutivo colombiano mientras no se esclarezcan los vínculos cada vez más evidentes entre altos cargos del Estado y estructuras asociadas al narcotráfico y al terrorismo.
La iniciativa ha sido impulsada por el eurodiputado de VOX Jorge Martín Frías y cuenta con el respaldo de toda la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, además del apoyo de otros miembros del grupo Patriotas por Europa, entre ellos representantes de Fidesz y el Partido por la Libertad de los Países Bajos, etc.
Los eurodiputados han advertido que, según recientes investigaciones judiciales y periodísticas, existen elementos que apuntan a la infiltración del narcoterrorismo en las más altas instancias del Estado colombiano. En particular, los hallazgos revelan comunicaciones entre jefes de las FARC, organizaciones designadas como terroristas por varios Estados, y funcionarios próximos al presidente Petro.
Entre los cabecillas señalados figuran «Iván Mordisco» y «Mayimbú», quienes, de acuerdo con la documentación incautada por las Fuerzas Armadas, participaron en la financiación de la campaña presidencial. También se menciona, de manera especialmente grave, a la actual vicepresidenta Francia Márquez, en los intercambios de información recogidos por las autoridades.
Las sospechas van más allá. Los documentos entregados a Bruselas hacen referencia a presuntos vínculos con el empresario chino Jixing Zhang, implicado en redes internacionales de tráfico de armas y comercio ilícito de oro, lo que agrava la dimensión internacional de un entramado que amenaza con desestabilizar la región entera.
En su misiva, los eurodiputados de Patriotas han subrayado que Colombia se ha convertido bajo el mandato de Gustavo Petro en «un centro de exportación de narcotráfico que ya afecta directamente a los Estados miembros de la Unión Europea, alimentando la violencia y el crimen organizado en el continente». Por ello, demandan la suspensión inmediata de cualquier programa de cooperación y que Bruselas exija a Bogotá el cese de cualquier connivencia con redes criminales.
