El Parlamento de Portugal ha aprobado una reforma legislativa que prohíbe los tratamientos de cambio de sexo en menores de edad y revisa la ley de autodeterminación de género vigente desde 2018. La medida ha salido adelante tras un intenso debate político y ha contado con el respaldo de formaciones como el partido soberanista CHEGA.

La nueva normativa introduce cambios sustanciales en el modelo anterior, al establecer que la identidad legal deberá volver a basarse en criterios clínicos y no únicamente en la autodeterminación personal.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la prohibición de los bloqueadores de la pubertad y de los tratamientos hormonales en menores de 18 años, con el objetivo —según sus promotores— de evitar decisiones médicas de carácter irreversible antes de la mayoría de edad.

Los defensores de la ley consideran que se trata de una medida de protección a la infancia y de refuerzo del papel de las familias en este tipo de decisiones. Por el contrario, colectivos LGTB y sectores de la izquierda han criticado la reforma al considerar que supone un retroceso en los derechos de las personas trans e intersexuales.

El cambio legislativo marca un giro en la política portuguesa en materia de identidad de género y se enmarca en un contexto europeo de creciente debate sobre los límites de este tipo de tratamientos en menores.