Después de cinco años, este martes se ha aprobado en el Parlamento Europeo de Estrasburgo el Reglamento sobre el control de la pesca con 438 votos a favor, 146 en contra y 40 abstenciones.
Los socialistas y populares españoles han ido de la mano votando ambos a favor, al contrario del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) que lo ha rechazado. «Quieren destruir la pesca a pequeña escala, en Europa», han argumentado desde la formación.
La Comisión Europea (CE) propuso una revisión del sistema de control pesquero el 30 de mayo de 2018. La ponente de este Reglamento, Clara Aguilera, miembro del Partido Socialista Europeo (S&D, ES), afirmó entonces: «¡Esto significa una mayor sostenibilidad ambiental, social y económica de conformidad con la Política Pesquera Común y la total digitalización del sector pesquero de la UE!». Según la socialista, el objetivo era modernizar y simplificar las normas para el seguimiento de las actividades pesqueras y garantizar el cumplimiento de la Política Pesquera Común (PPC).
Sin embargo, a medida que se han ido materializando los detalles de esta nueva regulación, los pescadores españoles y europeos han visto las consecuencias que este reglamente puede tener para el sector. La premisa original era garantizar la sostenibilidad de la pesca, pero la solución propuesta se ha inclinado hacia la excesiva regulación y el incremento de costes.
El nuevo Reglamento de Control Pesquero introduce una serie de cambios que afectan a la industria pesquera española en su conjunto, y que fomentarán aún más la importación de productos de pescado provenientes de fuera de la UE, como ya ocurre con el sector de la agricultura.
Estas medidas incluyen la obligación de contar con circuitos cerrados de televisión (CCTV) en los buques durante el desembarque, la imposición de declaraciones obligatorias de capturas para la pesca recreativa, y la necesidad de notificar las capturas a través de cuadernos de bitácora electrónicos, sin importar el tamaño de la embarcación. Además, se establece la geolocalización como un requisito en toda la Unión Europea y se armonizan las sanciones en el sector.
Las consecuencias negativas de esta nueva regulación son varias. En primer lugar, se argumenta que la obligación de instalar sistemas de CCTV en los buques durante el desembarque constituye un ataque directo a la privacidad de las flotas pesqueras. Esto no sólo plantea preocupaciones sobre la intimidad de los pescadores, sino que también implica una inversión extra para aquellos barcos que aún no cuentan con este sistema. Además, se teme que en el futuro las ONG y otras organizaciones utilicen estos vídeos para denunciar actividades en alta mar, aumentando la presión sobre la Industria.
Por otro lado, la pesca de pequeña escala se verá perjudicada por esta nueva regulación. La imposición de un registro obligatorio para todas las embarcaciones, independientemente de su tamaño y cantidad de capturas, genera una mayor burocracia y se considera una medida innecesaria. Las nuevas normas de trazabilidad, aunque se presentan como una medida de seguridad alimentaria, imponen una carga administrativa que afecta especialmente a la pesca de pequeña escala, pymes o a la pesca recreativa.
