Los yihadistas encarcelados en la prisión de máxima seguridad HMP Frankland, en Reino Unido, han logrado que se prohíba el uso de perros rastreadores para registrarlos, alegando que los animales son «impuros» y ofenden sus creencias religiosas, según un artículo publicado por The Sun. Estos mismos reclusos, convictos por actos terroristas que han segado vidas y sembrado el terror, como Hashem Abedi, responsable del atentado de Manchester Arena, ahora dictan condiciones en una prisión del país. La decisión, denunciada por el sindicato de oficiales de prisiones (POA), no sólo pone en riesgo a los funcionarios, sino que evidencia una preocupante rendición ante las demandas de presos que cumplen condena por delitos de terrorismo islamista.
La controversia estalló tras un violento ataque el 12 de abril de 2025, cuando Abedi hirió gravemente a tres oficiales con aceite hirviendo y armas improvisadas en la unidad de separación de Frankland, diseñada para aislar a los terroristas más peligrosos. Este incidente, que dejó a un oficial con quemaduras de tercer grado, expuso las grietas en la seguridad de una prisión apodada «Monster Mansion» por albergar a criminales como Anjem Choudary, un predicador extremista que ya ha inspirado actos de violencia y llamaba a la comisión de atentados terroristas.
Según Mark Fairhurst, presidente de la POA, los perros rastreadores eran una herramienta clave para detectar contrabando en esta unidad. Sin embargo, los yihadistas, escudándose en interpretaciones radicales de su fe, protestaron contra su uso, y el comité de gestión de la prisión cedió, eliminando los registros caninos.
La decisión ha desatado una oleada de críticas. Robert Jenrick, secretario de Justicia, calificó la medida de «vergonzosa», argumentando que permite a terroristas eludir controles esenciales. Por su parte, Ian Acheson, exgobernador y autor de un informe de 2016 sobre extremismo penitenciario, fue más allá: «Esto es un apaciguamiento cobarde ante extremistas que manipulan la religión para desafiar la autoridad». Acheson señaló que el temor a acusaciones de islamofobia ha paralizado a los funcionarios, permitiendo que los yihadistas ejerzan un control alarmante dentro de la prisión.
El ataque de Abedi no fue un hecho aislado. En 2022, ya había agredido a oficiales en HMP Belmarsh y su reciente asalto revela cómo la laxitud en los controles —como permitir el acceso a aceite hirviendo— pone en peligro vidas. La prohibición de perros rastreadores agrava este riesgo, al limitar la capacidad de detectar contrabando que puede ser usado para fabricar armas o planear ataques.
El argumento de los yihadistas sobre los perros rastreadores es «una táctica para debilitar la seguridad penitenciaria», según los agentes de la Policía. Los perros son «una herramienta neutral y efectiva, y su uso no viola ningún derecho humano fundamental», afirman. «Permitir que terroristas dicten las reglas es un insulto a las víctimas de sus crímenes y a los funcionarios que arriesgan sus vidas con cada vez menos recursos en las prisiones europeas», concluyen.
El informe de Acheson de 2016 ya advertía sobre la «cultura de apaciguamiento» en las prisiones, donde el miedo a ser acusados de racismo permite a los extremistas imponer su voluntad. Este caso es un ejemplo flagrante: los yihadistas no sólo rechazan los perros, sino que controlan aspectos como menús y horarios de oración, utilizando la religión como arma para desafiar la autoridad.
