Crowborough se convirtió este fin de semana en escenario de una protesta multitudinaria contra los planes del Gobierno británico para alojar inmigrantes ilegales en un antiguo emplazamiento militar de la zona. Cientos de personas recorrieron las calles de esta localidad de East Sussex para expresar su rechazo a un proyecto que podría llevar hasta 600 personas a un entorno residencial sin el respaldo ni la información previa prometida a los vecinos.
El malestar vecinal se intensificó tras la llegada de 27 inmigrantes ilegales a un cercano campo de entrenamiento de cadetes del ejército. Un residente denunció que la comunidad se siente engañada por las autoridades, a las que acusó de ocultar datos clave sobre los plazos, las medidas de seguridad y el uso real de las instalaciones.
La tensión ya había dejado episodios previos. Días antes, tres personas fueron detenidas frente al antiguo recinto militar mientras protestaban por su reconversión en alojamiento. Según informó la Policía de Sussex, la concentración celebrada el viernes 23 de enero comenzó de forma pacífica, aunque la situación cambió cuando un vehículo intentó abandonar el lugar.
De acuerdo con el relato policial, tres individuos bloquearon el paso del coche, profirieron insultos y golpearon el vehículo en dos momentos distintos. Como consecuencia, dos hombres de 36 y 54 años y una mujer de 62 fueron arrestados como sospechosos de alterar el orden público.
El superintendente jefe James Collis admitió que el uso del emplazamiento ha generado inquietud entre los residentes de Crowborough. También aseguró que la policía seguirá garantizando el derecho a manifestarse de forma pacífica, siempre que no derive en conductas abusivas o amenazas.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior del Reino Unido confirmó que los 27 solicitantes de asilo llegaron al antiguo cuartel a comienzos de esta semana y que el recinto podría acoger hasta 600 personas. La iniciativa forma parte del plan gubernamental para reducir la dependencia de alojamientos hoteleros, una estrategia que ha levantado una fuerte oposición local.
Desde el Ministerio del Interior se insiste en que el complejo funciona con vigilancia permanente, circuito cerrado de televisión y controles estrictos de acceso para las personas alojadas. Unas garantías que, por ahora, no han logrado disipar la desconfianza de una comunidad que se siente ignorada en una decisión que afecta de lleno a su entorno cotidiano.
