Los gobiernos europeos han comenzado a estudiar la creación de centros de deportación fuera del territorio de la Unión Europea para trasladar allí a solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas.
Los denominados «centros de retorno» podrían instalarse en distintos países de África y Asia Central, entre ellos Ruanda, Uganda, Ghana, Senegal, Etiopía, Uzbekistán y Kazajistán.
La propuesta representa un cambio profundo en la política migratoria europea. Durante años, Bruselas y numerosos gobiernos atacaron iniciativas similares impulsadas por Dinamarca o Italia. Ahora, ante el fracaso de las expulsiones y el crecimiento de la inmigración ilegal, esas mismas fórmulas comienzan a ser consideradas necesarias.
Según las informaciones disponibles, Ruanda y Uzbekistán aparecen como las opciones más avanzadas.
Cinco países ya negocian con Ruanda y Uzbekistán
Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos se encontrarían entre los Estados que ya mantienen conversaciones con los gobiernos ruandés y uzbeko. El objetivo es enviar a esos centros a inmigrantes que hayan recibido una orden de expulsión y no puedan ser deportados inmediatamente a sus países de origen.
Los gobiernos europeos esperan cerrar los primeros acuerdos durante 2026 y poner en funcionamiento las instalaciones en 2027. «Nuestro objetivo es concluir los primeros acuerdos para crear estas estructuras en 2026, de manera que puedan ser operativas desde 2027», señaló el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.
La rapidez del calendario revela la presión política que afrontan los Ejecutivos europeos para aumentar las expulsiones efectivas.
Diecinueve gobiernos reclaman dinero europeo
La regulación prevé inicialmente que cada Estado miembro financie sus propios centros mediante acuerdos bilaterales con los países receptores. Sin embargo, 19 gobiernos ya han solicitado que la Comisión Europea contribuya a sufragar las instalaciones con fondos comunitarios.
Bruselas todavía no ha respondido formalmente. La financiación podría abrir una nueva disputa presupuestaria en un momento en el que varios Estados ya rechazan el proyecto de presupuesto europeo de dos billones de euros para el periodo 2028-2034.
Los centros necesitarán sistemas de seguridad, alojamiento, alimentación, atención médica, personal administrativo y mecanismos para ejecutar posteriormente las deportaciones definitivas.
África y Asia Central, lejos de las fronteras europeas
La idea defendida durante las negociaciones consiste en instalar los centros principalmente en África y Asia Central, pero evitando países demasiado próximos a las fronteras de la Unión. El objetivo sería impedir que las personas expulsadas pudieran regresar con facilidad a territorio europeo o reincorporarse rápidamente a las rutas del Mediterráneo.
Por este motivo, Túnez, Libia y Egipto habrían sido descartados. Los tres países se encuentran demasiado cerca de Europa y continúan funcionando como importantes puntos de salida para las embarcaciones utilizadas por las mafias migratorias.
Ruanda, Uganda, Ghana, Senegal y Etiopía ofrecen una mayor distancia geográfica, mientras Uzbekistán y Kazajistán permitirían abrir una vía alternativa en Asia Central.
Bruselas adopta las soluciones que antes condenaba
El cambio de postura resulta especialmente significativo. Cuando Dinamarca planteó enviar solicitantes de asilo a Ruanda, la propuesta fue criticada duramente por instituciones europeas, organizaciones internacionales y entidades dedicadas a la inmigración.
El acuerdo de Reino Unido con Kigali provocó también una batalla judicial y política que impidió su aplicación efectiva. Italia, por su parte, ha sufrido numerosos obstáculos judiciales en su intento de trasladar a Albania parte de la gestión de los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo.
Ahora, la idea de externalizar los retornos deja de ser una iniciativa marginal y se convierte en una opción respaldada por un número creciente de gobiernos europeos.
El fracaso de las órdenes de expulsión
La creación de estos centros responde a uno de los mayores agujeros de la política migratoria europea: la mayoría de las órdenes de expulsión no llega a ejecutarse. Numerosos inmigrantes con solicitudes de asilo rechazadas permanecen en Europa porque sus países se niegan a readmitirlos, porque desaparecen antes de la deportación o porque los procedimientos judiciales se prolongan durante años.
Los centros exteriores pretenden evitar que las personas con orden de salida continúen residiendo indefinidamente dentro de la Unión. También servirían para aumentar la presión sobre los países de origen y reducir el atractivo de las rutas ilegales hacia Europa.
La inmigración obliga a romper antiguos tabúes
La viabilidad jurídica y financiera del proyecto todavía no está garantizada. Los acuerdos deberán superar controles judiciales, garantizar unas condiciones mínimas en los centros y obtener la cooperación de los países anfitriones.
También será necesario determinar cuánto pagará Europa a esos Estados para que acepten recibir a personas que no son ciudadanos suyos. Sin embargo, el mero avance de las negociaciones demuestra hasta qué punto ha cambiado el debate migratorio.
Las propuestas que hace pocos años eran calificadas de extremistas están siendo asumidas ahora por gobiernos de distinto signo político.
La presión sobre las fronteras, el fracaso de las deportaciones y el creciente rechazo ciudadano a la inmigración ilegal han obligado a la Unión Europea a reconocer una realidad elemental: quien no tiene derecho a permanecer en Europa debe ser expulsado, y las órdenes de retorno no pueden seguir siendo simples documentos sin consecuencias.
