Suecia, durante años convertida en uno de los grandes símbolos europeos de las políticas de puertas abiertas, ha conseguido reducir las solicitudes de asilo hasta niveles que parecían impensables después de la crisis migratoria de 2015. Las últimas previsiones de la Agencia Sueca de Migración apuntan a que unas 4.200 personas solicitarán asilo en el país durante 2026, una cifra que situaría las llegadas en mínimos de más de cuatro décadas.
El contraste con el pasado reciente es enorme. En 2015, en plena crisis migratoria europea, alrededor de 160.000 personas solicitaron protección en Suecia. Una década después, Estocolmo ha dado un giro radical mediante restricciones al asilo, mayor presión sobre las expulsiones, condiciones más estrictas para obtener residencia y ciudadanía y ayudas económicas para quienes decidan regresar voluntariamente a sus países.
El propio Gobierno sueco reconoce abiertamente que está abandonando el modelo que convirtió al país en uno de los destinos preferentes de la inmigración de asilo. Su estrategia oficial consiste ahora en reducir ese tipo de inmigración y priorizar la llegada de trabajadores cualificados, investigadores y profesionales que puedan contribuir a la economía nacional.
De referente de las puertas abiertas a mínimos históricos
El cambio ya era claramente visible antes de comenzar 2026. Durante 2025, las solicitudes de asilo cayeron un 30% y alcanzaron su nivel más bajo desde 1985, según datos del Gobierno recogidos por Reuters.
La composición de la inmigración también ha cambiado. Los solicitantes de asilo y sus familiares representaron únicamente el 6% de la inmigración registrada en Suecia durante 2025, frente al 31% que suponían en 2018. El ministro de Migración, Johan Forssell, ha presentado la evolución como el resultado de un cambio deliberado de política.
Suecia pasó durante años de defender una de las legislaciones migratorias más permisivas de Europa a considerar que la inmigración masiva había contribuido a generar problemas de integración, exclusión social y criminalidad vinculada a bandas.
La propia página oficial del Gobierno reconoce ahora que la elevada inmigración de las últimas décadas ha provocado «grandes tensiones» y que los problemas de integración afectan a numerosos ámbitos de la sociedad sueca.
El Gobierno: quien tenga orden de expulsión debe marcharse
Uno de los pilares del nuevo modelo es la ejecución efectiva de las deportaciones. La doctrina del Ejecutivo es explícita: quien reciba una orden de expulsión debe abandonar Suecia, voluntariamente o mediante una devolución forzosa.
Durante 2025 aumentó ya el número de personas que regresaron voluntariamente a otros países o fueron expulsadas por las autoridades. El Gobierno ha reforzado además los controles destinados a localizar a extranjeros que permanecen ilegalmente en el territorio y ha impulsado centros específicos para personas pendientes de retorno.
Forssell pretende continuar endureciendo el sistema durante este año con nuevas normas destinadas a aumentar el número de devoluciones. La estrategia parte de un principio radicalmente distinto al que dominó durante años buena parte de Europa: una orden de expulsión debe terminar efectivamente con la salida del extranjero del país.
Los solicitantes de asilo tendrán que vivir en centros controlados
Suecia también está restringiendo la libertad de los solicitantes para elegir dónde residir mientras se tramitan sus expedientes. El Gobierno ha impulsado un modelo en el que deberán permanecer en centros de recepción gestionados por la Agencia de Migración, con mayores controles sobre sus movimientos.
Quienes incumplan las condiciones podrán perder las prestaciones e incluso arriesgarse a que su solicitud sea retirada.
Las autoridades consideran que el modelo anterior, que permitía a los solicitantes organizar por su cuenta su alojamiento, había contribuido al hacinamiento, la formación de bolsas de exclusión y la permanencia clandestina de personas cuya petición había sido rechazada.
Los inmigrantes con órdenes de expulsión también tendrán que informar periódicamente de su paradero para dificultar que desaparezcan del sistema antes de ser deportados.
Ciudadanía más difícil y expulsión para delincuentes
La transformación alcanza también el acceso a la nacionalidad. El Gobierno quiere acabar con lo que denomina una época de requisitos demasiado laxos y sostiene que la ciudadanía sueca debe «ganarse», no entregarse automáticamente.
Entre las reformas planteadas figuran mayores periodos de residencia, requisitos de autosuficiencia económica, conocimiento del idioma y de la sociedad sueca y controles más estrictos sobre la conducta del solicitante.
Estocolmo estudia incluso permitir la retirada de la nacionalidad a determinados ciudadanos con doble pasaporte cuando la hayan obtenido fraudulentamente o hayan cometido delitos graves contra la seguridad nacional. La política oficial va todavía más allá en el caso de extranjeros delincuentes.
«Si cometes un delito, pierdes el derecho a vivir en Suecia», resume el Gobierno en su propia estrategia de inmigración e integración. Las autoridades pretenden ampliar los mecanismos legales disponibles para expulsar a extranjeros que cometan delitos o representen una amenaza para la sociedad.
Más dinero para quienes regresen voluntariamente
Suecia también ha apostado por incentivar económicamente el retorno. Desde enero de 2026, el Ejecutivo ha incrementado sustancialmente las ayudas destinadas a inmigrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen, acompañando la medida de controles para evitar fraudes.
El objetivo es reducir tanto la inmigración futura como la población extranjera que no haya conseguido integrarse y prefiera abandonar el país.
Se trata de una política que habría resultado políticamente casi inimaginable durante los años en los que Suecia era presentada internacionalmente como uno de los grandes ejemplos del multiculturalismo europeo.
