El Gobierno de Suecia ha anunciado una reforma legislativa para endurecer la expulsión de inmigrantes condenados por delitos, con el objetivo de multiplicar por seis el número de deportaciones anuales. La medida forma parte del giro en política migratoria y de seguridad impulsado por el Ejecutivo del primer ministro Ulf Kristersson.
El ministro de Migración, Johan Forssell, explicó que la nueva normativa establecerá como regla general la expulsión del país de cualquier extranjero condenado por un delito cuya pena sea superior a una simple multa. Hasta ahora, la deportación dependía en gran medida de la discrecionalidad judicial. Con la reforma, los fiscales estarán obligados a solicitar la expulsión como parte de la condena.
El Gobierno calcula que la nueva ley podría elevar las deportaciones hasta unas 3.000 al año, frente a la media actual de aproximadamente 500 casos anuales. El proyecto será remitido al Consejo de Legislación para su revisión técnica antes de su presentación formal ante el Parlamento. La intención del Ejecutivo es que entre en vigor el 1 de septiembre.
El Ejecutivo argumenta que durante años los extranjeros condenados por delitos graves no fueron expulsados con la firmeza necesaria, lo que contribuyó a un deterioro de la seguridad pública. La nueva reforma busca enviar una señal clara: cometer delitos en Suecia tendrá como consecuencia la pérdida del derecho a permanecer en el país.
