La plataforma TikTok ha anunciado la creación de un «grupo de trabajo contra la desinformación» en la República Checa, justo antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán en octubre. El equipo estará formado por 53 personas, según informa Euractiv, y actuará bajo el paraguas de la Ley de Servicios Digitales (DSA) impulsada por la Comisión Europea.
La Oficina Checa de Telecomunicaciones será la encargada de aplicar la normativa, que exige a las plataformas digitales «combatir la desinformación» durante los procesos electorales. En la práctica, esta medida abre la puerta a intervenciones directas sobre contenidos críticos con la Unión Europea o las agendas oficiales.
Precedente rumano y riesgo de injerencia
El anuncio se produce en un clima de creciente preocupación por la manipulación informativa orquestada desde las propias plataformas o por actores políticos alineados con el poder. Las autoridades checas temen una repetición del caso rumano, donde influencers en TikTok apoyaron al candidato Calin Georgescu, crítico con la UE. El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló las elecciones por presunta «influencia extranjera», a pesar de que la campaña fue financiada por un partido gobernante rumano.
Es decir, no se trata tanto de combatir la desinformación como de controlar quién puede hablar y qué puede decirse, especialmente si cuestiona el relato oficial.
El nuevo grupo de trabajo estará integrado por «expertos en desinformación, integridad electoral y ciberseguridad», y aplicará medidas combinadas de revisión manual y tecnología. TikTok asegura que «prohibirá la publicidad política pagada y las campañas de recaudación de fondos de partidos», pero también bloqueará contenidos de influencers no autorizados, aplicando consecuencias a las cuentas implicadas.
Además, todos los vídeos generados por inteligencia artificial deberán estar etiquetados obligatoriamente, en lo que constituye un nuevo paso hacia el control y la trazabilidad del discurso digital.
Una excusa más para blindar el discurso oficial
Según una encuesta encargada por el propio Ministerio del Interior checo, el 78% de los ciudadanos teme la manipulación informativa en redes sociales. Una cifra que ahora se utiliza para justificar la creación de estructuras de censura preventiva, bajo el argumento de proteger la «integridad electoral».
Lo que se presenta como una defensa de la democracia es, en realidad, un mecanismo de control ideológico avalado por Bruselas.
