Un hombre alemán identificado como Paul S., de 46 años, ha sido multado con 5.000 euros por calificar a un juez de «perturbado mental» en un correo electrónico enviado tras una sentencia que generó controversia en Alemania. El fallo judicial había condenado a un ciudadano sirio, culpable de violar a una menor de 15 años, a dos años de libertad condicional, sin pena de prisión. Además, el agresor fue obligado a pagar a la víctima 3.000 euros, una cantidad que la multa contra Paul S. superó.
El caso, que tuvo lugar en Osnabrück en 2022, involucra a un inmigrante sirio de 30 años que, en estado de embriaguez, agredió sexualmente a una joven mientras ella regresaba caminando a su casa. Durante el juicio, el juez describió el ataque como una violación de «intensidad en el extremo inferior» y felicitó al acusado por su «evolución positiva» hacia una integración en la sociedad alemana, añadiendo: «Estás en camino de convertirte en un ciudadano completamente normal aquí».
Paul S., indignado por el veredicto, envió un correo al juez criticando duramente la sentencia, lo que llevó a la fiscalía a acusarlo de «insultos graves». Tras ser juzgado, se le impuso una multa inicial de 5.000 euros, aunque posteriormente, tras apelar, esta cantidad se redujo a un tercio.
El medio alemán NIUS accedió a documentos judiciales que detallan cómo este caso se enmarca en un contexto más amplio en Alemania, donde se ha intensificado la persecución de críticas dirigidas a funcionarios públicos. Comentarios que pueden ser tan simples como llamar «idiota» a un político o calificar a la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, como «la peor ministra de la historia», han dado lugar a multas y procedimientos legales.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han denunciado que estas medidas podrían limitar el derecho a la crítica y están llevando al país hacia una mayor censura. Aunque en algunos casos los tribunales han anulado estas sanciones, el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el respeto a la autoridad judicial sigue siendo intenso en Alemania.
Este caso, que mezcla justicia, libertad de expresión y la gestión de la crítica pública, ha reabierto la discusión sobre hasta qué punto puede ser legítimo sancionar a quienes cuestionan decisiones judiciales o políticas en una democracia.
