Un eurodiputado polaco del partido Ley y Justicia (PiS), Patryk Jaki, se enfrenta a tres años de prisión por haber dado «me gusta» a una publicación en X (Twitter) en 2018 que mostraba imágenes de inmigrantes ilegales delinquiendo. Las autoridades judiciales de Polonia han calificado esta acción como un «crimen de odio», y los representantes de la izquierda en el Parlamento Europeo han iniciado un proceso para retirarle la inmunidad diplomática por supuesta incitación al odio contra inmigrantes musulmanes.
El juicio de Jaki, quien también es copresidente del grupo Conservador y Reformista Europeo (ECR), se enmarca en un ambiente de tensión política en Polonia. El gobierno del primer ministro Donald Tusk, aliado del Partido Popular, se enfrenta a una investigación por presuntas violaciones del Estado de Derecho, siendo acusado de desobedecer fallos judiciales, tomar varias instituciones públicas y perseguir a la oposición, una situación que el caso de Jaki pone de manifiesto.
Esta situación ha cobrado relevancia internacional después de que Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), compartiera una entrevista con el eurodiputado el 11 de febrero. Musk calificó de «absurda» la petición de cárcel por una interacción en redes sociales y añadió: «Gracias a Dios que Estados Unidos tiene la Primera y la Segunda Enmienda». El video acumuló más de ocho millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Jaki respondió con otro video mostrando el clip original publicado por el PiS en 2018, pidiendo a Musk que continúe defendiendo la libertad de expresión y apoyando a quienes «no quieren vivir en un mundo donde te encarcelen por dar ‘me gusta’ a un tuit».
Mientras tanto, el gobierno de Tusk ha suspendido al fiscal general adjunto, Michał Ostrowski, quien había iniciado una investigación por un presunto «golpe de Estado» contra varios miembros del Ejecutivo. Ostrowski ha sido apartado de su cargo por seis meses por el ministro de Justicia, Adam Bodnar, quien también está implicado en la investigación ahora suspendida. Paralelamente, los fiscales nacionales, bajo control gubernamental, han iniciado una causa contra Ostrowski por «abuso de poder».
Bogdan Świeczkowski, presidente del Tribunal Constitucional, había solicitado oficialmente la investigación de los abusos del gobierno de Tusk, argumentando que el primer ministro y sus aliados actuaban como parte de un «grupo criminal organizado» con el objetivo de subvertir el orden constitucional. Ostrowski insistió en que su acción fue legal y prometió apelar su suspensión ante el tribunal disciplinario, asegurando que sus investigaciones estaban justificadas.
La reacción de la Unión Europea ha brillado por su ausencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó a Tusk poco después de que se iniciara la investigación, mostrando su apoyo a un aliado clave del Partido Popular Europeo (PPE). Además, Javier Zarzalejos, presidente de la comisión de libertades civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, interrumpió a un eurodiputado polaco que intentó abordar el tema durante una reunión con el ministro Bodnar en Bruselas, donde se discutía acerca del Estado de Derecho en Polonia.
