Un nuevo análisis ha revelado que expulsar a criminales extranjeros de las cárceles británicas podría tardar décadas para determinadas nacionalidades, debido al ritmo glacial al que avanzan las deportaciones.
Los datos, recopilados por el ministro del Interior en la sombra, Chris Philp, muestran que una amplia gama de delincuentes convictos —procedentes sobre todo de África, Oriente Medio y el Caribe— apenas son expulsados del Reino Unido. Philp denuncia que es «totalmente inaceptable» que el Gobierno ni siquiera intente deportar a algunos de ellos.
Según las cifras, hay 145 criminales eritreos en prisión, pero en los últimos 12 meses hasta junio sólo se deportó dos, lo que significa que tardarían 73 años en ser expulsados todos al ritmo actual. En el caso de los 279 presos iraníes, únicamente seis fueron enviados de vuelta a su país en ese periodo, lo que llevaría 47 años para completar el proceso. Con los 338 jamaicanos encarcelados, el plazo se extendería a 15 años, y con los somalíes a 22.
El estudio tory señala además que harían falta 68 años para expulsar a todos los presos de la República Democrática del Congo, 35 para los 104 sirios encarcelados y 25 para los marroquíes.
Estos cálculos sólo cubren a los extranjeros que están en prisión, no a los 19.390 que permanecen en libertad en las calles británicas «en espera de deportación». Muchos de los casos, advierten, han quedado bloqueados por apelaciones de derechos humanos.
La situación pone de manifiesto el compromiso del primer ministro laborista, Keir Starmer, y de su fiscal general, Lord Hermer, con la Convención Europea de Derechos Humanos, que el Gobierno británico mantiene incorporada a su legislación nacional a través de la Human Rights Act. Tanto Starmer como la ministra del Interior, Shabana Mahmood, firmaron en 2020 una carta abierta exigiendo la paralización de «todas las deportaciones», tras la polémica con los vuelos de repatriación a Jamaica.
Philp denuncia que el Gobierno «está más interesado en los supuestos derechos humanos de los criminales que en proteger al pueblo británico» y criticó que «este creciente atasco de criminales jamaicanos, somalíes o iraníes no se resuelva».
En la actualidad hay 10.800 extranjeros en prisión en Inglaterra y Gales, lo que supone uno de cada ocho reclusos. Aunque las deportaciones aumentaron un 14% en el último año, hasta 5.265, el grueso de los expulsados procedía de Europa del Este: 1.550 albaneses y 1.009 rumanos.
