Un informe oficial del Comité de la Judicatura de la Cámara de Representantes sitúa a X en el epicentro de una grave acusación de injerencia extranjera en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, al documentar amenazas formales de la Comisión Europea para forzar la censura de contenidos políticos vinculados a Donald Trump.
El documento, titulado The Foreign Censorship Threat, Part II, identifica como episodio clave una carta enviada el 12 de agosto de 2024 por el entonces comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al propietario de X, Elon Musk, en la que advertía que la Comisión Europea «no dudaría en hacer pleno uso de su arsenal regulatorio» si la plataforma no limitaba la difusión de una entrevista entre Musk y Trump.
Según el informe del Congreso, dicha advertencia hacía referencia directa al Digital Services Act (DSA), una normativa que faculta a Bruselas a imponer sanciones de hasta el 6% de la facturación global anual de una plataforma. Para los legisladores estadounidenses, la amenaza equivalía a un intento explícito de condicionar el discurso político estadounidense en plena campaña electoral.
El Comité Judicial rechaza la versión posterior de la Comisión Europea, que trató de presentar la carta de Breton como una actuación individual no autorizada. El informe demuestra que altos cargos del Ejecutivo comunitario ya venían presionando a grandes plataformas sobre la moderación de contenidos electorales estadounidenses en los meses previos.
En concreto, el documento recoge correos internos que acreditan que, en mayo de 2024, la entonces vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, viajó a California para reunirse con directivos de TikTok y solicitar expresamente conversaciones sobre los «preparativos para las elecciones de EEUU», además de los comicios europeos. TikTok preguntó por escrito si la reunión se centraría sólo en la UE o también en Estados Unidos, a lo que la Comisión respondió que quería abordar ambos procesos electorales.
El informe subraya que X se convirtió en un caso singular dentro de esta estrategia por negarse a aplicar el modelo de censura promovido por Bruselas. A diferencia de otras plataformas, X abandonó el Código de Desinformación de la UE, redujo la colaboración con fact-checkers aprobados por la Comisión y defendió mecanismos alternativos como las Community Notes, lo que desencadenó una escalada de presiones regulatorias.
Para el Congreso estadounidense, el objetivo de estas amenazas no era la eliminación de contenidos ilegales, sino forzar a X a alinearse con las directrices políticas de la Comisión Europea durante un periodo electoral crítico. El informe califica este comportamiento como un precedente peligroso de extraterritorialidad regulatoria, al utilizar una ley europea para influir en el debate político de un país soberano.
El Comité concluye que el caso de X demuestra cómo la Comisión Europea está dispuesta a utilizar el DSA como instrumento de presión política contra plataformas que no se someten a su arquitectura de control del discurso online, e insta al Congreso de Estados Unidos a adoptar medidas legislativas para proteger la libertad de expresión frente a injerencias extranjeras.