El Foro Parlamentario Europeo de Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) ha lanzado The Next Wave, un “informe” que pretende exponer el ascenso de los llamados actores religiosos “antigénero” y “antifeministas” en Europa, acusándolos de intentar revertir décadas de avances en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, detrás de la retórica de los derechos humanos, el documento se asemeja más a una ofensiva política que a una investigación neutral, y describe a los movimientos conservadores como si se tratara de una amenaza radical organizada.
Lejos de ser un análisis imparcial, el informe se presenta como un catálogo ideológico que equipara la defensa de la familia tradicional, la libertad de conciencia o la objeción de conciencia con formas de “extremismo” que, según el EPF, deben ser erradicadas mediante una respuesta coordinada desde las instituciones europeas. El texto señala a una supuesta red transnacional de “fanáticos religiosos, populistas reaccionarios y multimillonarios con agenda” como el núcleo de este fenómeno.
Entre los principales señalados se encuentran organizaciones de inspiración cristiana como CitizenGO, Ordo Iuris (Polonia), Civitas Christiana (Países Bajos), Human Life International o FAFCE, todas ellas activas en la defensa del derecho a la vida y los valores familiares. A nivel político, el informe pone el foco en fundaciones vinculadas a formaciones del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la nueva plataforma Patriotas por Europa, presidida por Santiago Abascal. Menciones reiteradas se hacen, por ejemplo, al think tank MCC Brussels, descrito como el brazo ideológico de Hungría en Bruselas, o la Fundación Disenso, próxima a VOX.
También reciben críticas medios como The European Conservative, acusados de difundir narrativas “antigénero” camufladas como defensa de la cultura europea o del cristianismo. Esta publicación, sin embargo, ha celebrado el “honor” de figurar en el listado, considerándolo una validación involuntaria de su impacto en el debate público.
Pese a que el EPF se presenta como una entidad parlamentaria plural, lo cierto es que se trata de una plataforma de presión bien financiada, estrechamente ligada a la Comisión Europea y sustentada por grandes fundaciones extranjeras como Open Society Foundations, la Fundación Gates o la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF). Sólo en subvenciones públicas, el EPF percibe anualmente cerca de 3 millones de euros, muchos de ellos procedentes de fuera del continente.
El propio lanzamiento del documento fue respaldado por eurodiputados de Alemania y Polonia, lo que generó críticas por parte de organizaciones conservadoras que consideran que estas iniciativas esconden un doble rasero. Mientras en sus países se denuncian persecuciones judiciales y censura contra la oposición política, en Bruselas se utiliza el discurso de los derechos para intentar silenciar posturas tradicionales.
Organizaciones como ADF International, una plataforma de abogados en defensa de la libertad religiosa y de expresión, denuncian que este tipo de informes buscan justificar la censura institucional bajo el disfraz de “combatir el odio”. Desde su sede en Viena, ADF ha representado casos como el de la parlamentaria finlandesa Päivi Räsänen, juzgada por citar la Biblia en defensa de su postura sobre el matrimonio, y el activista canadiense conocido como “Billboard Chris”, arrestado por sostener un cartel que cuestionaba los tratamientos hormonales en menores.
En una reciente conferencia en el Parlamento Europeo organizada por Patriotas por Europa y el ECR, el director de ADF, Paul Coleman, advirtió sobre el creciente riesgo de represión ideológica en el continente. Según él, la deriva normativa en Bruselas empieza a recordar las prácticas autoritarias de regímenes pasados, donde el pensamiento divergente era sancionado como delito.
