La Justicia alemana juzgará en enero a un inmigrante afgano acusado de asesinar a una mujer de 37 años y a su hija de dos tras embestir su coche contra una manifestación sindical en Múnich. El suceso, ocurrido el 13 de febrero de este año, conmocionó a Alemania y reavivó el debate sobre la seguridad y la gestión de la inmigración.
El acusado, Farhad Noori, de nacionalidad afgana, conducía un Mini Cooper a unos 30 kilómetros por hora cuando irrumpió en una protesta del sindicato izquierdista Verdi, atropellando a decenas de personas. La Fiscalía General Federal lo ha imputado por dos delitos de asesinato y 44 de tentativa de homicidio, al considerar que actuó con plena consciencia de sus actos.
Según la investigación, Noori habría cometido el ataque «por una motivación religiosa exacerbada«, en palabras del fiscal general. Un informe psiquiátrico oficial concluyó que el hombre era plenamente responsable de sus acciones y no sufría alteraciones mentales en el momento del crimen.
El juicio comenzará el 16 de enero de 2026 ante el Tribunal Regional Superior (OLG) de Múnich, y de ser hallado culpable, Noori podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de internamiento psiquiátrico.
Sin embargo, su abogado defensor, Ömer Sahinci, intenta cuestionar su imputabilidad. «El proceso se centrará en determinar si mi cliente era realmente responsable penalmente», declaró al diario Bild, afirmando que Noori «muestra ahora signos de enfermedad mental».
El acusado, que llegó a Alemania como solicitante de asilo, fue inicialmente trasladado a la unidad psiquiátrica de la prisión de Straubing, aunque posteriormente se determinó que no padecía ninguna patología. Tras el informe forense, fue enviado a prisión preventiva en Stadelheim, pero meses después regresó al ala psiquiátrica por «comportamientos anómalos», según la defensa.
El tribunal, sin embargo, ha evitado comentar sobre su estado actual. «Las cuestiones relativas a su internamiento o tratamiento psiquiátrico pertenecen al ámbito de su privacidad y a la seguridad penitenciaria», señaló la portavoz judicial Bettina Kaestner.
El caso ha generado una intensa polémica en Alemania, donde los crímenes violentos cometidos por inmigrantes con antecedentes religiosos o ideológicos han aumentado en los últimos años. Aunque las autoridades evitan hablar de terrorismo, la motivación religiosa descrita por la Fiscalía recuerda a otros ataques cometidos en nombre del islamismo radical.
