Un total de 14 Estados miembros de la Unión Europea se han unido para oponerse a la reforma presupuestaria de la Comisión Europea, cuyos detalles se presentarán oficialmente este mes. Esta protesta se suma a la de casi 150 gobiernos regionales que ya manifestaron su rechazo el mes pasado.
Secundan el documento Bulgaria, República Checa, Grecia, Croacia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y España.
El documento, un non-paper (es decir, una propuesta informal sin valor legal), fue firmado por gobiernos del sur y del centro-este de Europa, los principales beneficiarios de los fondos de cohesión de la UE. La Comisión pretende reformar dichos fondos para redirigir parte del presupuesto hacia otras áreas.
En el texto, los países firmantes defienden la necesidad de preservar la política de cohesión como un mecanismo de financiación autónomo, con un modelo de asignación basado en regiones. Eliminar este modelo, advierten, supondría desmantelar uno de los objetivos políticos fundacionales de la UE: reducir las disparidades económicas entre regiones subnacionales.
Actualmente, los fondos de cohesión —que ascienden a cerca de 400.000 millones de euros, siendo la segunda partida más grande del presupuesto plurianual tras la PAC— se distribuyen regionalmente según el PIB per cápita, con el fin de ayudar a las zonas menos desarrolladas a alcanzar más rápidamente la media europea.
Según los planes de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2027, esta partida será eliminada como fondo único y se convertirá en «planes nacionales de inversión».
La reforma contempla fusionar los fondos de cohesión y los agrícolas con otras líneas como transición ecológica e innovación, y el reparto ya no se hará automáticamente por regiones, sino a través de los gobiernos nacionales. Además, se aplicaría un modelo de «dinero por reformas«, que condicionaría los pagos al cumplimiento de hitos concretos, abriendo la puerta al chantaje político e ideológico, como ya ocurrió con los fondos de recuperación post-COVID.
Más allá del cambio en la fórmula de reparto, esta reestructuración permitiría recortar sustancialmente el presupuesto comunitario a largo plazo. Solo los fondos agrícolas podrían caer entre un 15 % y un 20 % en el próximo periodo presupuestario. Sindicatos agrarios y partidos de derecha en el Parlamento Europeo llevan meses advirtiendo de este riesgo, pero la Comisión sigue adelante ignorando las protestas.
Los catorce países firmantes tienen por delante una batalla cuesta arriba, ya que los mayores contribuyentes netos al presupuesto de la UE, como Alemania y Francia, apoyan el plan de Bruselas. Si la Comisión logra atraer a uno o dos de los países opositores, la reforma podría imponerse sin resistencia efectiva.
