El regulador de educación superior de Inglaterra ha encendido las alarmas: varias universidades británicas están dejando de penalizar errores de ortografía, gramática y puntuación en los trabajos de los estudiantes en nombre de la «inclusión». El organismo, Office for Students (OfS), ha detectado esta práctica tras analizar políticas de evaluación en distintas instituciones, concluyendo que se trata de una tendencia preocupante que podría extenderse en el sistema universitario del Reino Unido.
Según el informe, algunas universidades están reinterpretando la legislación de igualdad para evitar evaluar la calidad del inglés escrito de los alumnos, priorizando únicamente las ideas o el contenido. El regulador advierte de que este enfoque amenaza el rigor académico y puede socavar la confianza en el valor de los títulos universitarios.
Uno de los casos más significativos es el del King’s College London, donde se ha instruido a los profesores a centrarse en las ideas y no en la gramática. En documentos internos vinculados a políticas de «diversidad, equidad e inclusión», se anima a valorar la «diversidad lingüística» y a adaptar las evaluaciones a distintos contextos culturales.
Además, en algunos casos se han reducido los límites de palabras en los ensayos —de 2.000 a 1.300— y se han sustituido exámenes tradicionales por formatos más flexibles, con el objetivo declarado de no «sobrecargar» a los estudiantes.
Estas medidas han generado una fuerte reacción dentro del propio ámbito académico. Un profesor anónimo calificó estos cambios como una iniciativa burocrática destinada a posicionar ideológicamente a la universidad, mientras que estudiantes han impulsado peticiones en contra al considerar que este modelo les deja peor preparados para el mercado laboral y estudios de posgrado.
El fenómeno no se limita a una sola institución. Universidades como Hull, Worcester, Durham o University of the Arts London también han aplicado criterios similares, en algunos casos argumentando que el estándar tradicional de escritura responde a un modelo «elitista» que podría perjudicar a estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés.
Desde el ámbito político, el exministro de Educación Gavin Williamson ha criticado duramente esta deriva, señalando que rebajar los estándares académicos «no beneficia a nadie» y resulta incluso «paternalista». En la misma línea, expertos en libertad académica advierten de que estas políticas suponen una degradación del nivel educativo impulsada desde las propias estructuras universitarias.
El regulador insiste en que no existe ninguna contradicción entre cumplir con la legislación de igualdad y mantener exigencias en ortografía y gramática. De hecho, considera que ignorar estas competencias básicas no sólo es innecesario, sino que puede alimentar fenómenos como la inflación artificial de notas.
La responsable de regulación del OfS, Susan Lapworth, ha subrayado que los estudiantes deben ser capaces de expresarse «de forma correcta y efectiva», y ha calificado estas prácticas como «patronizantes» y perjudiciales para el prestigio del sistema universitario. Ante la gravedad de la situación, el organismo ha anunciado que revisará nuevamente estas políticas en el plazo de un año y no descarta intervenir si detecta que los estándares académicos siguen deteriorándose.
