Este lunes se cumplen cincuenta años del 11 de septiembre de 1973, el día que en Chile se instaló un clivaje que hasta el día de hoy es irreconciliable. De hecho, se ha tratado de afianzar desde el Gobierno del presidente Gabriel Boric un discurso único que se centra en la violación a los derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet. No obstante, esta narrativa ignora todos los antecedentes que develan cómo Salvador Allende profundizó una grave crisis institucional, económica y social, en la que los chilenos ya no daban abasto.
Distintas instituciones como la Corte Suprema y el Congreso advirtieron que el gobierno de la Unidad Popular devino inconstitucional y antidemocrática. Por ello, es necesario tener en cuenta que para 1973 la disyuntiva era avanzar hacia una dictadura del proletariado o detenerla con un pronunciamiento militar.
El martes 11 de septiembre del año 1973 los militares chilenos lograron dar término al Gobierno de la Unidad Popular que empobreció y polarizó a los chilenos, e hizo colapsar la democracia. Pero las izquierdas chilenas contemporáneas han buscado instalar una verdad oficial con la intención de dividir y, también, de nublar la historia.
Desde el retorno a la democracia plena en 1990, el país ha hecho grandes esfuerzos para la reconciliación sobre las violaciones a los Derechos Humanos, por ejemplo con el Informe Rettig, el Informe Valech, las distintas instancias de diálogo, incluso el mismo Ejército ha colaborado en este fin. Y si bien, esta es una herida difícil de cerrar, todos los sectores políticos en estas décadas han colaborado en esta frágil labor.
Sin embargo, es preciso reflexionar en dos aspectos teniendo en cuenta que es necesario tratar de entender la historia en sus propios términos y no sesgarnos con los prismas del presente. Estos dos puntos se desarrollarán en dos artículos, que se se anuncian previamente:
En primer lugar, se suele hablar del gobierno de la Unidad Popular y la figura de Salvador Allende como víctimas. Una cómoda posición que han tomado las izquierdas chilenas, a pesar de que apoyaban la vía armada, tenían grupos paramilitares extremadamente violentos que generaban terror en la sociedad y querían instaurar la vía chilena al socialismo.
Por otro, el régimen militar de Augusto Pinochet se recuerda mediática, y casi exclusivamente, con las violaciones a los derechos humanos ignorando todas las bases institucionales y de desarrollo que se asentaron en el país en este periodo, que permitieron a Chile destacarse en la región latinoamericana y lograr altos índices de progreso y libertad.
La Unidad Popular
Para entender a la Unidad Popular (UP) es necesario considerar que se desarrolla en el contexto de la Guerra Fría. La revolución cubana liderada por Fidel Castro ya se había instalado y la ideología de la guerrilla en Latinoamérica era diseminada por Ernesto Che Guevara, conocida como el «foquismo».
En Chile, en la década de los sesenta las ideas de la extrema izquierda también se estaban germinando. El Partido Socialista chileno en su XXII Congreso General, realizado en 1967 en la ciudad de Chillán, se definió como marxista-leninista y que su objetivo era instaurar el socialismo en el país.
Asimismo, aseveró que «la violencia revolucionaria es inevitable y legítima» y que la vía pacífica «no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada». Estas eran las definiciones del partido en el que Salvador Allende militaba, y que tres años después de este congreso, lograría llegar a la presidencia.
En octubre de 1969, ad portas de las elecciones presidenciales, el Partido Socialista junto al Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Izquierda Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y Acción Popular Independiente (API), entre otros, se aglutinaron bajo el conglomerado Unidad Popular. Asimismo, existían agrupaciones extrainstitucionales y paramilitares de extrema izquierda, formados en la segunda mitad de la década de los sesenta, que respaldaron a la UP, como la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En el Programa Básico de la Unidad Popular, aprobado el 17 de diciembre de 1969, encontramos sus principales lineamientos. Entre ellos hacen una crítica a las «recetas reformistas» del Gobierno de Eduardo Frei Montalva —cuando comienza a instalarse la Reforma Agraria, dando inicio a las expropiaciones de terrenos—; sostienen que la violencia —que denominan «lucha del pueblo»— es necesaria porque hay un «capitalismo monopolista»; y que Estados Unidos en su afán imperialista ha explotado al país.
Igualmente, la UP buscaba una nueva Constitución que reemplazaría a la de 1925 para instalar radicales ejes, como una «Asamblea del Pueblo» compuesta por una «Cámara única» para reemplazar al Congreso; una política económica y social planificada; y proponía desplazar a lo que denominan un Estado «burgués» para instaurar un «Estado Popular» que inicie «la construcción del socialismo».
Esta era la narrativa que las izquierdas chilenas de los sesentas y setentas respaldaban. Con todo, en las elecciones presidenciales de 1970 salió electo Salvador Allende, en su cuarta postulación. Logró el 36% de los votos, sin alcanzar mayoría absoluta. Pero sus contrincantes tuvieron apoyos similares: Jorge Alessandri (Partido Nacional, de derecha) obtuvo el 35% del respaldo y Radomiro Tomic (Democracia Cristiana, de centro) alcanzó el 28%. No obstante, para ese entonces no existía segunda vuelta, por lo que el Congreso ratificó a Allende como presidente electo, quien prometió respetar la Constitución vigente. Sin embargo, es dable sostener que desde el inicio Allende no contaba con un gran respaldo.
Salvador Allende fue el primer candidato abiertamente marxista en llegar a la presidencia a través del voto en Occidente. Y ante este dato, la Democracia Cristiana le pidió a Allende, una vez electo, que firmara el Estatuto de Garantías Constitucionales para que asegurara las libertades, el respeto al Estado de derecho y a la institucionalidad chilena.
Con Allende, el Ejecutivo buscó transitar hacia un control total. La Reforma Agraria ya iniciada en el gobierno de Frei Montalva (1964-1970) se profundizó, generando olas de violencia por la expropiación de terrenos con el motivo de una «justicia social» y «modernización de la agricultura».
Esto generó un clima de polarización extrema en que entre civiles (propietarios, campesinos, políticos) comenzaron a enfrentarse, incluso con armas. A esto se agrega la presencia de distintos grupos guerrilleros o paramilitares que profundizaron la división política con robos, secuestros, asesinatos y otras acciones violentas, algo que fue denunciado reiteradamente por la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Nacional (ahora extinto).
Asimismo, Allende impulsó la nacionalización de empresas y de la banca, siendo la más emblemática la nacionalización del cobre. Igualmente, instaló la fijación de precios y aumentó drásticamente el gasto fiscal. Esto generó, por un lado, un déficit fiscal preocupante y, por otro, una inflación inédita en la historia del país: en 1973 superó el 600% de inflación anual. Es más, según el Banco Central chileno en su documento Política fiscal y cambiaria en economías inflacionarias: consideraciones sobre la experiencia chilena(1982) sostiene que «la inflación bordeaba el 1000% anual y no existían activos internacionales».
A pesar de lo anterior, Allende no perdía su foco en la revolución socialista. En 1971 afirmó que «Yo no soy el Presidente del Partido Socialista; yo soy Presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy Presidente de todos los chilenos. No soy el hipócrita que lo dice, no. Yo no soy el Presidente de todos los chilenos» en un acto público en la ciudad de Valparaíso. Esto devela que no tenía intenciones de contribuir en el bien común del país, pues seguía una hoja de ruta ideologizada.
De igual forma, y entendiendo la importancia de adoctrinar a toda una generación desde el sistema educativo, impulsó en marzo de 1973 el programa Escuela Nacional Unificada (ENU) que proclamó la «educación permanente, la única respuesta viable a los requerimientos de una sociedad en tránsito revolucionario«. Para este fin, el Estado debería tomar un rol de interventor incluso en las escuelas privadas, tensionando aún más a la sociedad.
En efecto, la UP propició las condiciones para una polarización extrema, agudizada por el aumento de pobreza y el desabastecimiento de alimentos, ante lo cual los chilenos comenzaron a reaccionar. Conocidas fueron las «marchas de las cacerolas vacías» en las que mujeres y dueñas de casa marcharon con ollas sin comida, haciéndolas sonar, como forma de protesta al gobierno de Allende. Igualmente conocida fue la acción de lanzar migas de pan a militares, como una manera de decirles «gallinas» por no pronunciarse ante la grave crisis institucional, social y económica.
Por otro lado, el Congreso Nacional (en su Acuerdo del 22 de agosto de 1973) y la Corte Suprema (en su Resolución del 26 de mayo y la del 23 de agosto de 1973) denunciaron las graves violaciones constitucionales, a las leyes y a las libertades por parte del Gobierno de Allende. Asimismo, la persecución política de la UP a sus opositores alcanzó un tono antidemocrático.
Este fue el clima predominante por esos días, y ante la real amenaza de que se instaurara una revolución socialista inspirada en los principios marxistas-leninistas, es decir que valida la vía armada, el 11 de septiembre de 1973 se realizó el Pronunciamiento Militar, liderado por el general Augusto Pinochet. Ante la llegada de los militares a La Moneda (el palacio presidencial chileno), Salvador Allende se suicidó con una metralleta AKMS, un obsequio de Fidel Castro, acción de la cual fue testigo su médico personal.
Chile se liberó de la tiranía comunista
Durante la Unidad Popular se promovió la idea de lucha de clases, generando en Chile las características de una guerra civil. Los mismos chilenos se enfrentaron entre ellos ante las expropiaciones, el desabastecimiento, y la guerrilla urbana impulsada por los grupos paramilitares de extrema izquierda. Por consiguiente, la acción militar no fue arbitraria, porque la disyuntiva era una dictadura del proletariado o un régimen militar, no había otra salida.
Los sectores de la Unidad Popular tuvieron una gran responsabilidad ante este clima de extrema violencia. Por este motivo es factible afirmar que en 1973 no se generó el quiebre de la democracia, pues Salvador Allende y la Unidad Popular la provocó en su Gobierno, porque con sus medidas anticonstitucionales hicieron colapsar la institucionalidad chilena, ya que su fin era en avanzar hacia la «vía chilena al socialismo» con un «Estado Popular».
A pocos días de la intervención militar, Patricio Aylwin (demócrata cristiano, fue el primer presidente tras el retorno a la democracia plena, en 1990) sostuvo en una entrevista al canal TVE de España, que «La destrucción institucional a la que había llevado el Gobierno de Allende al país provocó un grado de desesperación y angustia colectivo que precipitaron el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas (…) En esas circunstancias, creemos que la intervención de las Fuerzas Armadas se adelantó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista».
Por todo lo expuesto, hablar de los cincuenta años del 11 de septiembre chileno ignorando sus antecedentes, como ha hecho el gobierno de Gabriel Boric y figuras del oficialismo, no es adecuado ni sano para la (frágil) democracia chilena. Las izquierdas contemporáneas, al menos aquellas que se tildan de democráticas, deben replantearse su postura y hacer mea culpa de la responsabilidad política que tuvieron los actores de su sector de ese entonces.
Así lo han hecho las derechas en torno a la violación de los derechos humanos durante el régimen militar —tema del que se les acusa—. Pero también hay que sincerar el debate, pues, que al momento de referirse al gobierno de Augusto Pinochet solo se expongan estos lamentables hechos también es tramposo.
Si bien este periodo tuvo sus grises, es indudable que se cimentaron las bases de la institucionalidad chilena que permitió al país dejar atrás la pobreza y destacarse en la región latinoamericana al alcanzar el progreso y altos índices de libertad. Este último eje se desarrolla en el segundo artículo de esta edición, que habla de la incómoda verdad —para las izquierdas— del régimen militar.
