El exconvicto y actual presidente de Brasil, Lula da Silva, asumió el cargo el 1 de enero de 2023. Para entender mejor qué esperar de Brasil, necesitaremos entender las directrices deseadas y anunciadas por el Partido de los Trabajadores (PT); así como la correlación de fuerzas a favor y en contra de Lula da Silva y su grupo para comprender cuáles son las posibilidades de implementación de su proyecto de poder. Analizando lo que se pretende hacer con lo que se puede hacer, podremos entender mejor lo que sucederá en el gigante sudamericano en los próximos años.
En el ámbito económico, el ministro de Hacienda definido es Fernando Haddad. Es un abogado e intelectual de izquierda, admirador de Karl Marx y profundamente influenciado por la Escuela de Frankfurt. Aunque tiene todo un bagaje de ideas radicales de izquierda (Escuela de Frankfurt y Marx), tiene un estilo personal más sosegado. En su equipo contará con economistas marxistas, keynesianos, de la CEPAL y liberales; pero las ideas del Gran Estado deben prevalecer. El primer día de su mandato, Lula da Silva firmó un decreto que detiene las privatizaciones en curso llevadas a cabo por el gobierno de Bolsonaro.
El modelo ferroviario diseñado por el gobierno de Bolsonaro, que atrajo 240.000 millones de reales en inversiones del sector privado, lo que incrementaría exponencialmente el sector ferroviario, está en serio riesgo. El nuevo ministro de Transportes, Renan Filho, dijo que quiere volver a discutir el marco legal para carreteras y ferrocarriles.
Lula ya ha dicho que no le importa el mercado. Sus discursos y nombramientos ministeriales han generado un derrumbe de la Bolsa de Valores de Brasil. El 15 de diciembre de 2022, las empresas ya habían perdido 652 mil millones de reales (119 mil millones de dólares) en valor de mercado desde las elecciones, según el portal R7. Las expectativas en el área económica son un aumento del gasto público, más endeudamiento, más inflación y una reducción de las inversiones. El presidente Lula da Silva calificó el «techo de gasto» de “estupidez” y dijo que lo revocaría. Esta política pública define que el Estado no puede gastar más de lo que recauda, y el PT se opone a esta medida, justificando que “necesita aumentar el gasto social”.
La política exterior estará guiada por valores globalistas y socialistas. Brasil mejorará significativamente las relaciones con Cuba, Venezuela y la dictadura china. Las relaciones con Estados Unidos deben oscilar entre excelentes relaciones con los globalistas; al mismo tiempo que Brasil debería retomar relaciones más amistosas con los principales enemigos de Estados Unidos como Irán, China y Rusia, generando cierta tensión con la mayor potencia del mundo.
La agenda ambiental debería ser prácticamente toda importada de las grandes ONG ambientalistas y Brasil corre el riesgo de aplicar políticas energéticas que provocaron una explosión en los costos de la energía fósil, como sucedió en los Estados Unidos de Joe Biden y en varios países europeos que hoy sufren altos precios debido a un dogmatismo ambiental inconsecuente (fue el Partido Verde alemán el que satanizó la energía nuclear y apoyó la dependencia energética del gas de Rusia, mientras que Biden hizo que EE.UU dejara de ser independiente en energía fósil) .
En agro negocios aún no se sabe si habrá expansión de la frontera agrícola mientras que las ONGs recibirán grandes fondos públicos para callarse; o si, de hecho, se estará implementando un chiísmo ambiental que reduce el potencial de la agroindustria brasileña que alimenta a mil millones de personas en el mundo.
En el área de la justicia, el gobierno de Lula da Silva debe adoptar una política de más indulgencia con el crimen, más control de las armas legales, según un decreto hecho el primer día. Durante el gobierno de Bolsonaro, los clubes de tiro se hicieron populares y muchas personas tomaron su licencia de «caçador, atirador ou colecionador» (conocida como «CAC») con el propósito de defensa propia. Los CACs serán duramente perseguidos por el gobierno de Lula da Silva. En el Gobierno de Bolsonaro hubo una reducción en las tasas de homicidios en Brasil. Con el regreso de políticas menos severas contra el crimen, la tendencia es que quienes quieran delinquir se sientan más cómodos. El aborto será una política pública defendida, aunque la sociedad brasileña es fuertemente antiaborto.
En el campo político, los movimientos iniciales del gobierno, junto con la alianza con el Supremo Tribunal Federal, indican una iniciativa de persecución contra los opositores bajo las excusas de “combatir las noticias falsas” y “combatir los actos antidemocráticos”. “Fake News” debe entenderse como una noticia que va en contra de los intereses del Partido de los Trabajadores y no si es mentira o no; y “actos antidemocráticos” debe asumirse de la misma manera. Será “antidemocrático” el que atente contra la hegemonía de los valores socialistas del PT.
Por otra parte, el PT y Lula han anunciado su interés en crear leyes para “regular” los medios y las redes sociales en varias ocasiones durante su campaña. Puede haber oposición en el Congreso y el Senado, pero el riesgo de judicialización en los más altos tribunales en los que el PT tiene una amplia mayoría es considerable.
El gobierno de Lula da Silva debe seguir el modelo de «presidencialismo de coalición» ya adoptado por el partido cuando estaba en el gobierno. Este modelo consiste en repartir cargos y ministerios para cooptar más partidos de centro y lograr una amplia alianza en el Congreso y el Senado.
En cuanto a los valores políticos, el gobierno estará marcado por las ideas del socialismo latinoamericano (consustanciado en el Foro de São Paulo); «identitarismo radical» y agendas globalistas. Algo muy posible que ocurra en el modelo de gobierno es lo que el periodista Reinaldo Azevedo llamó en 2015 “cleptocracia del PT”, o lo que también dijo el propio ministro del STF, Gilmar Mendes. Lo señalaron antes de acercarse al PT en los últimos años, pero sus conceptos mantienen cierta relevancia explicativa. Eso también quedo comprobado durante las investigaciones del “Lava Jato”.
Las fuerzas a favor y en contra del PT y Lula
La tercera administración de Lula posee bases aliadas y fuerzas opuestas para tener éxito o fracasar en la instalación de su gobierno ideal.
Entre las fuerzas favorables, el partido tiene una considerable red de poder. Amplios sectores de los grandes medios de comunicación están alineados o simpatizan con el gobierno, como los diarios Folha de São Paulo, UOL, Rede Globo, Metrópoles, Carta Capital, Revista Forum, Vermelho.org, entre otros, que deberían ayudar a llevar una imagen más favorable de la gestión del PT. El PT también tiene una vasta red de artistas «petistas» o al menos favorables a las tesis socialistas y progresistas. En la máquina estatal y en el «estado profundo» gubernamental hay una gran mayoría simpatizante de los ideales del PT, especialmente profesores universitarios y de educación más básica formados dentro de la hegemonía Gramscista que domina las universidades brasileñas, como fue abundantemente documentado en el libro «A corrupção da inteligencia” del antropólogo Flavio Gordon, en la obra “O livro proibido” del profesor Gabriel Giannatasio y muchos otros.
Otra fuerza política relevante para el PT son los sindicatos que sufrieron mucho después del fin del impuesto sindical obligatorio, pero que verán sus arcas financieras restablecidas por el PT. Y por último, y no menos relevante, hay que recordar que Bolsonaro nombró solo a dos ministros del Supremo Tribunal Federal, y que entre los otros 9 ministros del STF hay una notoria “buena voluntad” con el Partido de los Trabajadores.
Obras como la “Inquérito do fim do mundo” y “Sereis como deuses” muestran claramente el activismo del poder judicial, casi siempre favorable al PT y visceralmente en contra de cualquier idea bolsonarista. Y estos se cubren con un manto de institucionalidad cuando en realidad representan la politización de aparatos estatales que deberían ser neutrales o imparciales.
Limitaciones al poder de Lula
Por su parte, el proyecto de poder del PT enfrentará resistencias a sus ambiciones.
El primero es la composición del Congreso (Senado y Cámara), que es la más desfavorable para la izquierda desde que el PT entró en el gobierno en 2003. El Partido Liberal de Jair Bolsonaro obtuvo 99 escaños, mientras que el PT tiene la segunda bancada, con 68 diputados.
Los otros 346 congresistas van desde una amplia mayoría de un centro hasta la izquierda. También hay otros partidos de izquierda y extrema izquierda que juntos ayudarán al PT: PDT (17 diputados); PSB (14 diputados); PSOL (12 diputados); PSDB (13 diputados). Por esta falta de votos Lula ya negoció con partidos de centro que buscan posiciones e influencia; sin embargo, ese apoyo tiende a ser volátil si la economía se debilita y la popularidad de Lula comienza a decaer. La ventaja de Lula en este caso es el uso del STF para ayudar en la aprobación de sus proyectos de poder, lo que mostraría la teratológica división de poderes en Brasil.
Otro aspecto que Lula y el PT tendrán que enfrentar y que no tuvieron entre 2003 y 2010 es una mayor oposición dentro de la propia sociedad civil brasileña. Lo que los periódicos y los intelectuales de izquierda reclaman como “polarización” no es más que el florecimiento de la derecha política dentro del debate público en Brasil. La derecha evolucionó y conquistó espacios frente a las fuerzas hegemónicas. Hay periódicos con oposición ideológica de derecha; editoriales con tendencia conservadora y liberal; “influencers” digitales activos; una red de activistas y militantes de derecha; una plataforma de streaming de derecha (Brasil Paralelo); todo lo que no existía en los primeros años del PT.
Otro aspecto no tan mencionado en el debate público es que los estados con más fuerza económica están gobernados por opositores al PT (Tarcísio de Freitas en São Paulo; Romeu Zema en Minas Gerais; Claudio Castro en Río de Janeiro; Ratinho Júnior en Paraná; Carlos Moisés de Santa Catarina). Estos gobernadores deben buscar buenas relaciones con el gobierno federal al principio, pero deben ser más confrontativos con el poder central cuando se acerquen las próximas elecciones.
Los evangélicos y la agroindustria en Brasil son sectores de la sociedad que en gran medida tienden a ser hostiles al PT. Estos grupos se opondrán firmemente a un proyecto socialista. Los camioneros son otro grupo que se ha vinculado profundamente al bolsonarismo y la derecha y que pueden ser una fuerza importante contra los proyectos autoritarios y/o los cambios que afectan su situación (especialmente el aumento de los precios de los combustibles y la inflación).
Y finalmente, aunque muchos empresarios y banqueros se han acercado al PT, ambos se opondrán a una posible “argentinización” (o “venezolanización”) de la economía brasileña. La bolsa de valores brasileña ya ha perdido otros 700.000 millones de reales tras la elección de Lula da Silva en octubre. El sector productivo ya está considerando la fuga de capitales por temor al desastre económico. El empresario Luciano Hang, dueño de la cadena de retail Havan, ya anunció que iniciará un proceso de desinversión en el país. Se asoció estrechamente con el bolsonarismo, e incluso hubo un incendio en una de sus tiendas, lo cual es muy sospechoso.
El escenario general en Brasil no es muy prometedor. Caracterizado por una probable recesión económica, reducción de inversiones, aumento de la inflación y «argentinización»; y por un agravamiento político y persecución de la derecha política. El reciente Brasil que logró salir de la crisis de la guerra en Ucrania con una inflación inferior a la de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania; y la tasa de desempleo en el nivel más bajo desde 2015 parece ser cosa del pasado.
La situación política será compleja para la oposición en Brasil. Con el reciente evento de la “Invasión de la Plaza dos 3 poderes” hay un clima de persecución acentuado. Periodistas como Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Allan dos Santos y otros tantos son perseguidos. A Constantino, que vive en EEUU, le han bloqueado sus cuentas bancarias y le han cancelado el pasaporte; a Guilherme Fiuza le han cancelado sus redes sociales, así como a Paulo Figueiredo. Allan dos Santos ya sufre persecución hace años. El periódico Brasil Sem Medo también ha experimentado bloqueos en redes sociales; Gazeta do Povo y Joven Pan también han sufrido acoso judicial y de las Big Techs.
Los diputados de oposición no tendrán una vida fácil. A Carla Zambelli, la diputada más votada en San Pablo, se le ha prohibido crear cuentas en redes sociales por el Tribunal Electoral año pasado. El exdiputado Daniel Silveira ha recibido una condena del Superior Tribunal Federal de cárcel por más de 8 años por hacer durísimas críticas al STF.
Ese tipo de persecución contra periodistas y políticos de la derecha en Brasil seguramente seguirá ocurriendo por las típicas razones de “difusión de fake news” o “atentar contra la democracia”, es decir, argumentos que pueden ser todo y a la vez nada.
