La situación política y jurídica en Brasil, centrada en las recientes acciones contra los diputados federales Carlos Jordy y Alexandre Ramagem, refleja un escenario inquietante que evoca comparaciones con regímenes autoritarios y alimenta el concepto de «Brazuela». Los reportajes y análisis discutidos a continuación ilustran una trayectoria preocupante hacia prácticas autoritarias, moldeando un camino que culmina en la actual persecución política.
En el caso de Ramagem, reportajes de «O Antagonista» detallan cómo el procurador general de la República, Paulo Gonet, autorizó la operación First Mile enfocada en el diputado federal, bajo sospechas de espionaje ilegal en la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) durante el gobierno de Jair Bolsonaro. La investigación plantea alegaciones de varios delitos, incluyendo corrupción e invasión de dispositivos informáticos, sugiriendo un uso indebido del sistema informático First Mile.
Algunos sectores hacen críticas a la operación contra Alexandre Ramagem, parte de la operación First Mile, y se centran principalmente en la sospecha de motivación política, sugiriendo que las acciones pueden ser una persecución a figuras vinculadas al Gobierno de Bolsonaro, planteando preguntas sobre la legalidad y la integridad del proceso. Hay preocupaciones de que instituciones como la Policía Federal y el Ministerio Público estén siendo utilizadas para fines partidistas, socavando su imparcialidad.
Carlos Jordy, un político alineado a la derecha, también ha sido objeto de acciones judiciales y policiales. Enfrentó un registro y una incautación en su residencia, un movimiento visto por muchos como otro ejemplo de la creciente persecución política en Brasil. Las acusaciones contra Jordy, que aún no han sido totalmente aclaradas públicamente, contribuyen al ambiente de desconfianza y temor entre los opositores del actual Gobierno.
Truncar a los liderazgos emergentes
Hablando de los dos diputados, Carlos Jordy y Alexandre Ramagem, ambos poseen carreras políticas notables, muy cercanos al ex presidente Jair Bolsonaro y son figuras prominentes en la política brasileña.
Carlos Jordy es conocido por sus visiones conservadoras y es el líder de la oposición en el Congreso Nacional. Alexandre Ramagem, por otro lado, ex director de la Abin, tiene una trayectoria marcada por su trabajo en seguridad e inteligencia y ha tenido una actuación destacada en la oposición al Gobierno en el Congreso.
Ambos son considerados precandidatos a alcaldías en 2024, con Jordy mirando la alcaldía de Niterói y Ramagem la de Río de Janeiro, ampliando así la relevancia política de sus figuras y las consecuencias de cualquier acción legal contra ellos.
J.R. Guzzo, en su artículo en la Gazeta do Povo, critica severamente lo que describe como un «linchamiento en cámara lenta» por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jordy y Ramagem. Guzzo argumenta que en una «democracia falsificada», como él cree que Brasil se ha convertido, los diputados de oposición son tratados como marginales, sometidos a un régimen que se asemeja más a un estado policial. Asegura que lo último que interesa al STF es el cumplimiento de la ley, evidenciando una postura que pone en riesgo los derechos e inmunidades parlamentarias.
Tras la operación, Ramagem fue excluido de los grupos de Whatsapp del PL (Partido Liberal) y de la oposición, como informó Poder360. Esta exclusión refleja la preocupación por el acceso de la PF y el STF a las estrategias discutidas por los congresistas, evidenciando un clima de desconfianza y temor dentro del propio espectro político opositor.
Carlos Jordy, por su parte, expresó críticas contundentes a la operación de la PF contra él, declarando en la Gazeta do Povo: «Ni en el régimen militar hubo tantas persecuciones«. Jordy denuncia lo que considera una tiranía judicial, alertando sobre la necesidad de una reacción del Congreso Nacional para restablecer las prerrogativas y el equilibrio, de lo contrario, prevé la llegada de una «dictadura» que afectará a todos.
Además, la defensa de Bolsonaro a Ramagem, según lo informado en la Gazeta do Povo, refuerza la percepción de una «persecución implacable«. Bolsonaro calificó la operación contra Ramagem como una acción política destinada a afectar a sus aliados que pretenden competir en las próximas elecciones municipales.
El deterioro institucional en Brasil se agrava con la escalada de acciones judiciales y policiales, evidenciada en la instrumentalización de la Policía Federal y el STF. Incluso, este tipo de destrucción institucional ya fue resaltada en un artículo para la Gaceta de la Iberosfera, y destacaba que Brasil ya no era percibido como una democracia occidental normal a los ojos de los observadores internacionales.
La dictadura del Supremo brasileño
La «dictadura judicial» impuesta por el STF, especialmente por el ministro Alexandre de Moraes, es descrita por J.R. Guzzo como el «mayor escándalo jamás registrado en la historia política del país». Este panorama revela un sistema judicial que opera de manera abusiva, directa, politizada y dictatorial, especialmente evidente desde el inicio del Gobierno Bolsonaro e intensificado durante la pandemia.
La naturaleza «líquida y orwelliana» de la juristocracia brasileña, donde los magistrados asumen múltiples roles, crea un ambiente de ilegalidades y violaciones del sistema acusatorio también ya fueron temas desarrollados en otros artículos en La Gaceta. Las acciones contra Bolsonaro y sus partidarios, justificadas por el combate a las «fake news», se expanden en decisiones absurdas del Judicial, evidenciando un control excesivo y partidista.
El TSE, bajo el liderazgo de figuras como Alexandre de Moraes, adopta medidas excepcionales favorables al PT, mientras censura y castiga a la oposición. Esta situación refleja un autoritarismo creciente que pone en jaque la libertad de expresión y los derechos políticos en el país.
En este contexto, pude preguntar al Fiscal de Justicia Marcelo Rocha Monteiro si estas acciones contra líderes prominentes de la oposición se estaban haciendo dentro de los parámetros legales. Destacó que, aunque es difícil evaluar las medidas contra los parlamentarios sin acceso completo a los expedientes, el cuadro actual en Brasil no es de normalidad institucional.
Monteiro cita ejemplos de violaciones del debido proceso legal, como el proceso criminal ilegal contra el ex diputado federal Daniel Silveira y las acciones penales del «8 de Enero» tramitando en el STF sin que los acusados tengan fuero especial. Estos son solo dos ejemplos entre varios que demuestran la erosión del Estado de Derecho en Brasil, caracterizando un sistema judicial que actúa como un tribunal de excepción y viola principios fundamentales de la justicia.
Así, el término «Brazuela» surge como una realidad cada vez más sombría que enfrenta la democracia brasileña. El desvío creciente de los principios democráticos y del Estado de Derecho, evidenciado por la politización de las instituciones judiciales y de seguridad, indica un camino preocupante que Brasil podría estar siguiendo, alineándose peligrosamente con las prácticas autoritarias observadas en regímenes como el de Venezuela.
