El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio ha conmocionado a Ecuador. El escabroso hecho revivió el fantasma del sicariato político en la región, con antecedentes que remiten a los sucesos que pusieron fin a la vida del candidato presidencial del nuevo liberalismo colombiano, Luis Carlos Galán en 1989 y del abanderado del PRI a la primera magistratura de México, Luis Donaldo Colosio, en 1994.
La vida de Villavicencio fue cegada tras una intensa campaña frente al que se ha convertido en el principal problema en su país en los tiempos que corren: el desbordamiento de los grupos criminales asociados al narcotráfico. Además de ello el fallecido aspirante a ocupar el Palacio de Carondelet por el Movimiento Construye centró su actividad política en los últimos años en señalar ampliamente la corrupción protagonizada por el correísmo y sus socios ideológicos en el país sudamericano.
No en balde una de sus últimas denuncias llamaba la atención sobre los posibles vínculos que tienen figuras de primera línea del movimiento que responde a la línea política de Rafael Correa con la familia Petro, ahora inmersa en un torbellino de señalamientos en Colombia por, presuntamente, haber recibido ingentes cantidades de dinero durante la campaña presidencial el año pasado.
El exlegislador opositor ecuatoriano -que incluso estuvo adscrito al movimiento indigenista Pachakutik durante algunos años- parecía tener muy clara la naturaleza criminal de Correa y sus socios ideológicos en la región; esto es, los grupos que hacen vida dentro de la internacional del crimen en la que ha devenido el Foro de Sao Paulo y sus agrupaciones sucedáneas, como el archiconocido Grupo de Puebla.
A final de cuentas Villavicencio, siendo un hombre históricamente afín a las izquierdas, resentía profundamente la raigambre corrupta del correísmo, y se terminó convirtiendo en una de sus mayores piedras en el zapato.
El jueves las autoridades ecuatorianas han asomado que los seis detenidos por su asesinato tienen nacionalidad colombiana, acrecentando el campo de las especulaciones sobre la conexión que puede haber entre distintos grupos criminales de Sudamérica, en virtud de sus intereses comunes, que incluyen el posicionamiento de determinados grupos e individualidades políticas, así como el consabido resguardo al negocio del narcotráfico, la extorsión y el secuestro.
Esto toma aún más cuerpo si se tiene en consideración que apenas saberse el atentado perpetrado contra el aspirante presidencial anti-correísta, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro exigió «garantías para la seguridad» de la candidata presidencial antichavista María Corina Machado.
Machado se ha convertido en los últimos meses en puntera absoluta de todos los sondeos de opinión de cara a unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela, siendo además quizá la única opción en el paisaje político del país en dibujar un proyecto netamente antichavista, antiestatista y antisocialista.
Esto le valió hace pocas semanas la reedición por parte del régimen de Nicolás Maduro de una inhabilitación para postularse a cargos de elección popular por 15 años, además de un sinfín de amenazas provenientes de distintos dirigentes chavistas. Hay que entender, además, que en Venezuela el sistema electoral está absolutamente corrompido y, a esta altura, ni siquiera se sabe en qué condiciones se producirán los supuestos comicios presidenciales que están previstos para el año próximo.
En Colombia, por su parte, la Fiscalía General ha revelado un plan estructurado desde territorio venezolano y que incluye a integrantes del terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra la vida del primer funcionario público que optó por defender a las instituciones frente al pretendido avasallamiento de Gustavo Petro, el fiscal general Francisco Barbosa.
Con el correr de los días dichas denuncias incluso se han amplificado, señalándose desde el ministerio de la Defensa de Colombia que también hay planes de ejecutar atentados en contra del general retirado y excomandante del Ejército, Eduardo Zapateiro y la senadora del Centro Democrático y parte activa de Foro Madrid, María Fernanda Cabal.
Así las cosas, parece haber en marcha un plan amplio que involucra a más de un país en hechos que ponen en riesgo la vida de líderes que se han atrevido a desafiar las agendas de la izquierda criminal a la que están adscritos personajes como Petro, Maduro y Correa.
Si algo es claro a esta altura es que, así como al correísmo no le convenía la presencia de Villavicencio en la escena política ecuatoriana, a Petro no le conviene que la voz valiente del fiscal Barbosa o de la senadora Cabal sigan resonando; como tampoco le conviene a Maduro que Machado siga ganando adeptos en las calles de Venezuela.
El peligro está allí y hay que enfrentarlo a tiempo.
