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HASTA EL 31 DE ENERO

El desproporcionado decreto de Lula da Silva mediante el que interviene el Distrito Federal de Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva. Europa Press

El pasado domingo, aprovechando el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, por parte de algunos simpatizantes del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el actual mandatario del país, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una desproporcionada intervención federal en la región de la capital del país, plasmada en un decreto que firmó ese mismo día.

El documento firmado por Lula establece que su contenido tiene como objetivo «poner fin al grave menoscabo del orden público» producido por los manifestantes que, bandera de Brasil al cuello, se dedicaron a pasearse y a hacerse ‘selfies’ por las estancias de las instituciones estatales de Brasilia.

Las medidas impuestas por el presidente de Brasil en el Distrito Federal durarán, en principio, «hasta el 31 de enero de 2023» y se limitan al ámbito de la «seguridad pública». «El objetivo de la intervención es poner fin al grave menoscabo del orden público en el Estado en el Distrito Federal, marcado por hechos de violencia e invasión de edificios públicos», se lee en el documento firmado por Lula el 8 de enero.

A través del decreto, el presidente de Brasil nombra a Ricardo García Cappelli para el cargo de intervencionista de la región de la capital del país. Cappelli, quien gracias a Lula puede disponer de todos los medios financieros, tecnológicos, estructurales y humanos para garantizar la seguridad de Brasilia, es un periodista de 50 años que hasta ahora desempeñaba el cargo de secretario-ejecutivo del Ministerio de Justicia de Brasil, recoge El Liberal.

Las atribuciones del Cappelli, según el decreto presidencial, «son las necesarias para las actuaciones de seguridad pública». El periodista responderá ante Lula, y no está sujeto a las normas del distrito que se opongan a «las medidas necesarias para la ejecución de la intervención». De hecho, durante este periodo, Cappelli «podrá solicitar, en su caso, los recursos financieros, tecnológicos, estructurales y humanos del Distrito Federal relacionados con el objeto y necesarios para alcanzar el objetivo de la intervención»; para ello, también podrá disponer de cualquiera de los órganos civiles y militares de la administración pública federal.

El poder otorgado a Cappelli no termina ahí: durante el período de intervención, «podrán solicitarse bienes, servicios y servidores adscritos a las áreas de la Secretaría de Estado de Seguridad del Distrito Federal, la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria del Distrito Federal y el Cuerpo Militar de Bomberos del Distrito Federal, para uso en acciones de seguridad pública que determine el interventor», se lee en el decreto.

El Congreso de Brasil ha aprobado este martes este decreto ―con el voto en contra de algunos de los socios de Bolsonaro―, un día después del aval dado por la Cámara de los Diputados donde, en esa ocasión, los seguidores del expresidente brasileño optaron por salir antes de la votación.

A pesar de que la medida contó con el aval unánime de la Cámara, algunos bolsonaristas, como las diputadas del Partido Liberal (PL) Carla Zambelli y Bia Kicis, intentaron postergar la votación con el argumento de contar con más tiempo para analizar el decreto presidencial.

Para Kicis, la medida no estaba justificada ya que la situación en Brasilia ya estaba bajo control. «La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado», argumentó. El PL y los también liberales de Partido Novo fueron las dos únicas bancadas de la Cámara que se abstuvieron de votar.

Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.

El domingo, tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por «omisión» de sus funciones y «connivencia» con los asaltantes.

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