El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha denunciado este viernes que si no se modifica una de las cláusulas contenidas en el proyecto de ley de sometimiento de grupos terroristas sin estatus político podrían salir cerca de 3.500 personas de las cárceles colombianas condenadas o procesadas por delitos de lesa humanidad, como secuestros, tráfico de personas, masacres o desplazamientos forzados.
El fiscal general ha presentado una lista con 12 ‘líneas rojas’ dentro del proyecto de ley defendido por el presidente, Gustavo Petro, quien afirma que se trata de un gran acuerdo de paz, que prevé beneficios jurídicos a los miembros de grupos armados -entre los que no se incluyen jefes de las organizaciones ni sospechosos de participar en delitos graves- a cambio de colaboración y rendición.
«Por vía de este artículo de no eliminar el concierto para delinquir agravado o no limitar el artículo primero del 326, estarían desocupándose básicamente las cárceles o por lo menos se generaría un comercio de beneficios y de negocios en las cárceles del país», ha explicado en rueda de prensa, según ha recogido Noticias Caracol.
En este sentido, ha tildado de «muy grave» el plan planteado por Petro y ha afirmado además que supone un «boquete» por el que se filtraría toda la alta criminalidad. «No los cabecillas, sino todas las personas que están por debajo que hubiesen cometido esos delitos», ha afirmado.
