Ecuador vive la peor crisis delincuencial de su historia. Para combatirla, el poder Legislativo votó por mayoría a favor de restituirle a los cuerpos del orden el poder de aplicar la fuerza en caso de amenaza.
Por voto mayoritario, 104 de los 137 legisladores del Ecuador dijeron sí a devolverle el uso excepcional de la fuerza a agentes de la Policía, Fuerzas Armadas y del sistema penitenciario. Esto último es crucial en cuanto a los levantamientos que han habido en las cárceles y que han terminado en verdaderas carnicerías, donde los reos hasta han utilizado sierras eléctricas para desmembrar a los demás.
El presidente Guillermo Lasso, cuando aún era candidato, aplaudió la actuación policial ante estos levantamientos. Como mandatario, ahora tiene el poder de vetar la ley dentro de 30 días. Pero según se ha manifestado hasta ahora no hay intención de hacerlo. Es más, los legisladores oficialistas aplaudieron la resolución del Pleno.
Ante tanto desequilibrio que ha habido en la Asamblea Nacional, el Ejecutivo cree haber presionado de alguna manera al Legislativo a actuar. Lo cierto es que Lasso ha asistido incluso a los funerales de policías abatidos y se comprometió con las familias a hacer justicia, de igual manera ha reprochado la persecución de las fuerzas del orden por cumplir con su deber.
Desde el poder Legislativo, uno de los principales promotores del uso legítimo de la fuerza ha sido el legislador Esteban Torres Cobo, firmante de la Carta de Madrid. Este sería un primer paso hacia la restitución de la legítima defensa ciudadana que aclama el parlamentario.
El término “legítimo” es fundamental para comprender el alcance de esta ley, en cuanto restituye la protección de la vida humana por parte de las autoridades, capacidad que les fue les fue arrebatada en el período en el que el socialista Rafael Correa fue presidente.
Ante un auge mundial de debilitamiento de la institución policial, por parte de grupos como Black Lives Matter, Ecuador dio un giro en la dirección opuesta. Aunque su equivalente local, el indigenismo, mostró resistencia a la iniciativa de aprobar esta ley, esta no fue suficiente para detenerla.
Hubo 19 abstenciones, por parte mayormente de legisladores de la agrupación indigenista Pachakutik. Entre ellos, el jefe del bloque de Pachakituk, Salvador Quishpe, reprochó: “Acaban de meter gato por liebre”.
El número 19 es icónico en cuanto fue en octubre del 2019 fue cuando las brisas bolivarianas (como las llamó Nicolás Maduro). En el caso de Ecuador (y en menor grado en Chile y Colombia), se produjeron disturbios aupados por organizaciones indigenistas que paralizaron al país, negaron acceso a comida por el cierre de carreteras y le costaron a la nación más de 800 millones de dólares en pérdidas.
En su momento la Asamblea Nacional indultó a los participantes de estos actos, sin discriminar a simples manifestantes de cabecillas e incluso terroristas. La iniciativa fue rechazada por el 70 % de los ciudadanos de Ecuador.
Una de las preocupaciones principales de la mencionada agrupación indigenista es que la ley permita la represión contra la protesta social. No obstante, la legisladora oficialista y vicepresidente de la comisión de fiscalización, Ana Belén Cordero, asegura que la ley no tiene ese alcance. Hace hincapié en la palabra “pacífica”, en cuanto la ley respetaría las protestas que no incurren en violencia. En cambio sí permite actuar cuando estas se extralimitan.
En el caso de octubre del 2019, por ejemplo, más de un centenar de policías fueron secuestrados, torturados e incluso uno perdió un ojo por la violencia efectuada por los “manifestantes”. Y la situación solo empeoró desde entonces, en cuanto se deslegitimó a la fuerza policial.
Cabe destacar que el rescate de la policía tuvo el respaldo de la mayoría los bloques, más allá de los sesgos ideológicos. De hecho, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, ratificó que la ley restituirá garantías a los policías, militares y guías penitenciarios para que puedan desempeñar su trabajo. Pues hasta ahora si un policía aplicaba la fuerza contra un criminal, aunque este haya amenazado su vida o la de un ciudadano de bien, podía ir preso.
El caso más mediático de estos abusos también fue en el 2019, cuando un venezolano apuñaló a la madre embarazada de su hijo y mató a ambos. La policía estaba en el lugar de los hechos, con las armas apuntadas hacia el asesino pero sin la capacidad de defender las dos vidas inocentes.
Apenas días antes, en la misma provincia norteña de Imbabura, un policía fue preso por disparar contra un manifestante que agredió a la fuerza policial. De manera que los uniformados temían perder su libertad por arremeter contra el asesino.
En lugar de reprochar la indefensión ciudadana a las autoridades, los vecinos de la zona buscaron venganza contra los venezolanos. En vista de que es zona fronteriza, había gran número que cruzaron incluso a pie.
Frente a la ola de violencia, el progresismo local emprendió la campaña “ni machismo ni xenofobia”. En ninguno de los casos se combatió el problema real: la policía no pudo actuar precisamente por las medidas “progresistas” que en nombre de los “Derechos Humanos” prioriza la protección del criminal sobre el ciudadano de bien.
El debilitamiento fue sistemático. Así lo acuso el general Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Explica cómo antes del Gobierno de Rafael Correa, el país contaba con un servicio de seguridad y de inteligencia militar y policial democrático y eficiente. Tanto ante una amenaza externa, como los últimos dos conflictos armados entre Ecuador y Perú, como frente a los levantamientos indígenas.
También mencionó el rol de las fuerzas del orden ante grupos insurgentes como Alfaro Vive. Aunque no lo señaló, vale recordar que Correa les dio cargos en el Estado a los exguerrilleros y estos celebraron cantando “Comandante Che Guevara”.
En vez de combatir la insurgencia y la violencia, el socialista les dio cargos públicos incluso a pandilleros. Hasta el día de hoy hay un miembro de la organización criminal “Latin Kings” en una curul: Ronny Aleaga, quien está actualmente envuelto en un escándalo por aparecer en unas fotos junto a un prófugo en EE.UU. Aunque inicialmente lo defendió, ahora Correa dice que Aleaga le debe una explicación al país.
Ahora que los legisladores del Ecuador han decidido combatir la violencia al fortalecer a las fuerzas del orden se da un paso alejado de la impunidad y hacia la protección civil.
