El Estado no es sinónimo de la nación. Por ende, la democracia representativa a menudo no es la voz del pueblo que debe ser. Más en el caso de Ecuador donde hay tensión entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.
La encuestadora Click publicó un informe denominado “¿Ecuador tiene salida?” para medir la opinión pública sobre el presente y futuro inmediato del país. Allí se demostró que la mayoría de los ecuatorianos es optimista respecto al futuro del país, al menos para los próximos seis meses.
El 41% apoya la gestión del presidente Guillermo Lasso, más del doble del respaldo con el que actualmente cuenta la Asamblea Nacional. Cabe señalar que todo país que pasó por un proceso socialista vi a su Congreso desintegrarse, al tiempo que éste era reemplazado por una Asamblea Constituyente que forjó una nueva Constitución. Eso incluye, por supuesto, a Ecuador.
Como bien señaló el periodista Jean Cano, editor de Criterios, ocho de cada diez ecuatorianos quiere que la Asamblea logre un acuerdo que permita mayor generación de empleo. Y los jóvenes son quienes más lo anhelan. El 84,45 por ciento de las personas de entre 18 y 35 años son quienes más lo desean.
Aquí esta un llamado firme a una salida a la crisis de los ciudadanos. 8 de cada 10 encuestados cree que en la Asamblea deben acordar para generar empleo en 🇪🇨. En los jóvenes la cifra es mayor. pic.twitter.com/ZQSeyCdh1A
— Jean Cano (@jean_cano) March 31, 2022
A su vez, la mayoría de los ecuatorianos, más del 66 por ciento, se opone al archivo del proyecto de ley de inversiones. Frente a este freno a la legislación presentada por el presidente Guillermo Lasso surgió la posibilidad de declarar una “muerte cruzada”, herramienta jurídica-política existente en Ecuador para darle al Ejecutivo el poder de disolver el poder legislativo en ciertos casos. Según Click, más del 60 por ciento de los encuestados está de acuerdo con invocar la muerte cruzada.
Pero Lasso se abstuvo de hacerlo, y esto produjo la salida de la ministra de Gobierno Alexandra Vela. Antes de irse, la ministra saliente advirtió que la democracia está en peligro, dado que el poder legislativo no permite gobernar, y además reprochó cómo el órgano legislativo le otorgó amnistía a quienes paralizaron el país y destruyeron la capital en octubre del 2019 bajo la ola de insurrección a nivel regional que Nicolás Maduro denominó las “brisas bolivarianas”.
El presidente también rechazó la impunidad otorgada a quienes cometieron vandalismo, secuestro e incluso agresiones físicas que condujeron a la pérdida del ojo de un policía, entre las decenas de agentes del orden secuestrados.
Y esa opinión la comparte la mayoría de la población. Según esta misma encuesta, el 72,11 por ciento de la población está en contra que sigan impunes aquellos que obstaculizaron las carreteras y por ende negaron el suministro de bienes y servicios básicos a la sociedad. En la ciudad de Quito fue aun mayor la desaprobación, por cuanto fue esta la ciudad más afectada las revueltas. 73,42 por ciento de los quiteños encuestados se opusieron a la amnistía, 70,79 por ciento de los guayaquileños, de manera que la indignación fue generalizada. El impacto económico de estos actos se sintió en todo el Ecuador, tanto que fue necesario usar aviones militares para hacer llegar comida a las poblaciones aisladas por el “Paro Nacional” que en aquel momento se llevó a cabo.
⭕️ La última encuesta de Click señala que el presidente Lasso tiene un 41,9% de aprobación a su gestión. Más del doble de la aprobación a la Asamblea Nacional. 🧵 pic.twitter.com/Rd3XtlUwKZ
— Jean Cano (@jean_cano) March 31, 2022
Ante esto, el antes mencionado periodista destaca el rol de Leonidas Iza, líder del indigenismo local, que incluso escribió un libro sobre la insurrección y sus fines, titulado bajo el nombre: “Estallido: la rebelión de octubre en Ecuador”. La proclama final que deja esta obra es: “Comunismo indoamericano o barbarie”
De manera que la presión política es palpable, al igual que la amenaza e intromisión de fuerzas externas al país que son funcionales a una agenda en común de la desestabilización izquierdista en toda la región. Nada de lo que le está ocurriendo en este momento a Lasso es sobrevenido, o casual.
La reacción de los ecuatorianos es mayormente en contra de permitir que sigan libres quienes causaron los destrozos. También se oponen al órgano del Estado que les otorgó amnistía, pese a que atentaron contra la Constitución que los legisladores deberían respetar.
El Artículo 120 de la Constitución del Ecuador, en su numeral 13, es clara al establecer que no se pueden conceder amnistías a favor de quienes estén siendo investigados o sancionados por delitos de terrorismo, secuestro o atentado contra el patrimonio o la administración del Estado y eso aplica a varios de los amnistiados.
