En plena pandemia, a pesar de todos los golpes que sufrió la economía del Ecuador, se estaba destinando dinero de los empobrecidos ciudadanos a favorecer a la izquierda española. Solo en el 2020 se asignaron 775 000 euros (914 000 dólares) a favor de Podemos, partido alineado con el chavismo venezolano.
Desde la Embajada de Ecuador en España se habrían destinado los fondos en beneficio de los podemitas, según denuncia Pascual Del Cioppo, el nuevo embajador del país sudamericano designado por el recién electo Guillermo Lasso.
“El Presidente ordenó, de inmediato, que se suspenda la vigencia de esos contratos, que se pare y no se siga pagando las cuotas del mes de junio incluso, ni del mes de julio”, afirmó en la televisión ecuatoriana el embajador Del Cioppo.
Lo más sobresaliente para el embajador es que los fondos se habrían asignado a fines ilegítimos: “era para asesorar a ecuatorianos para que no exista el desahucio por falta de pago de hipoteca… Es que la Ley española, precisamente hace un tiempo atrás cuando hubo la crisis, impidió ya que exista el desahucio, entonces no sé qué defendían”.
Más de un millón de dólares se asignaron por año (exceptuando el 2020, cuando destinaron alrededor de 30.000 dólares menos) para los contratos que se habrían designado a favor de Podemos desde el 2015. Entre los beneficiarios aparecen Rafael Mayoral, Pablo Iglesias y su futura exesposa Irene Montero, ministra de igualdad que deberá responder ante el Congreso, por pedido del primer vicepresidente de Vox, Víctor González.
Luego de que el periodista Jean Cano, editor de Criterios, replicó la información, González respondió al llamado, asegurando que actuarán debidamente para hacer justicia a ambos pueblos, pues tanto los ecuatorianos tienen derecho a saber qué se hace con su dinero como los españoles la manera en la cual sus funcionarios públicos se benefician de este.
González y el eurodiputado Hermann Tertsch han recorrido Sudamérica develando los vínculos de Podemos con los narcoregímenes de la región, tanto en Venezuela como Ecuador y Bolivia (estrechamente vinculados con México, cuyas embajadas han servido de guaridas para quienes escapan de la justicia).
El vínculo político, económico e ideológico entre Podemos y el socialismo del siglo XXI no es actual. A lo largo de años ha desembolsado millones. Durante la gestión de Lenín Moreno, el Gobierno declaró que durante la presidencia de Rafael Correa el presupuesto asignado a un programa “educativo” (Prometeo) fue hasta 400% superior con respecto a la cifra declarada: $247 millones de dólares.
Desde la sede del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en Quito, Ecuador, académicos vinculados a Podemos se habrían beneficiado del erario público. La constitución legal de CELAG coincide con el año en el cual la Embajada del Ecuador habría empezado a gastar dinero en contratos a favor de Podemos en España: 2015. Puede ver el proceso notarial aquí.
Según reporta Primicias, Celag es el “heredero” del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), una fundación española cuyos directivos eran Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, principales líderes de Podemos. Resalta que el CEPS desapareció después de que la prensa española revelara millonarios cobros a los gobiernos de Correa y del venezolano Hugo Chávez, entre 2009 y 2014.
De acuerdo con las denuncias del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, el régimen de Nicolás Maduro le dio a Podemos $54 millones por medio de la CELAG, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Alfredo Serrano Mancilla aparecen entre los beneficiarios y Juan Carlos Monedero y Rafael Correa aparecen como miembros del Consejo Consultivo.
Esto implicaría una triangulación de dinero, donde Ecuador, bajo Rafael Correa, actuó como facilitador entre el régimen de Maduro y Podemos. La red de financiamiento habría cumplido fines políticos, económicos y sobre todo ideológicos para promover el socialismo en la región y beneficiar a sus aliados de ultramar.
Pero el nuevo Gobierno ecuatoriano ha puesto un alto a esta iniciativa y cuenta en España con una fuerza política que buscará transparentar los vínculos financieros de la izquierda en ambos países ante el Congreso.
