La sociedad civil de Quito se levantó en protesta contra la impunidad otorgada recientemente desde el parlamento a los acusados de secuestro y terrorismo que destruyeron la capital del Ecuador a lo largo de días y paralizaron a buena parte del país, sobre todo en la región andina.
Ecuador y Chile estuvieron en llamas durante las revueltas que sucedieron a partir de octubre del 2019 (y desde noviembre en Colombia). Sin embargo, en lugar de hacerles pagar a los antisociales por los destrozos, a los ejecutores de la destrucción de la capital del Ecuador, la Asamblea Nacional les otorgó amnistía.
De acuerdo al informe conjunto del Banco Central y el Banco Mundial las cifras sobre la Evaluación de Daños y Pérdidas Post-desastre (DaLA, por sus siglas en inglés) se demuestra que la paralización de octubre del 2019 “dejó daños y pérdidas por 821.68 millones de dólares”.
Así, ante la indignación de la sociedad civil por tener que asumir los costos de la impunidad, salieron a marchar contra las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional. Para conocer las iniciativas más en profundidad, la Gaceta de la Iberosfera contactó a uno de los manifestantes que protesta contra la amnistía, Andrés Castillo, miembro de la plataforma “Quito Levántate”.
«Hasta las 6 estaba esperando» dice @SalvadorQuishpe.
— Andrés Castillo Maldonado🇪🇨 (@SoyCastillo593) March 16, 2022
El problema no está en que te hayas quedado hasta las 6, el problema es que te quedaste hasta las 4h30 alcahueteando a los vándalos
Quito no se rinde!
Espéranos un poquito más🤭 https://t.co/5uqCKenUVs
¿Cuál fue el reclamo de las manifestaciones en Quito?
La manifestación se dio en contra de la resolución de las amnistías dictadas por la Asamblea Nacional el pasado jueves en horas de la madrugada. Los colectivos que nos auto-convocamos hemos presentado acciones constitucionales, tanto de protección como de inconstitucionalidad, para echar abajo la resolución de amnistía que resulta claramente inconstitucional, puesto que el Artículo 120 de la Constitución de la República de Ecuador, en su numeral 13, establece con claridad que no se pueden conceder amnistías a favor de quienes estén siendo investigados o sancionados por delitos de terrorismo, secuestro o atentado contra el patrimonio o la administración del Estado. Por lo tanto eso ocasionó una marcha en contra de la Asamblea Nacional por esta medida y además para reclamar que esta Asamblea no ha honrado las aspiraciones de la gente.
¿Por qué fue necesario el levantamiento de la sociedad civil? ¿En qué está fallando el sector político?
La sociedad civil se ha levantado entre otras cosas porque el pacto fue entre políticos, de espaldas a la ciudadanía. Ellos acordaron pactar las amnistías a cambio de la estabilidad de la presidente Guadalupe Llori dentro de la Asamblea, porque en esos días se estaba llevando a cabo un proceso de evaluación tanto de la presidente como del CAL (Consejo de Administración Legislativa) y para poderla sostener y evitar la conformación de la comisión evaluadora, pusieron como moneda de cambio la dignidad de Quito.
«Las amnistías buscan pacificar al país»
— Andrés Castillo Maldonado🇪🇨 (@SoyCastillo593) March 17, 2022
Los pacificadores… https://t.co/9r9aGcJQCe
¿Qué mensaje le transmite la Asamblea a la ciudadanía al dar amnistía a quienes infringieron la ley?
La Asamblea, al otorgar amnistías a Leonidas Iza, a Jaime Vargas, a Marlon Santi, que están siendo investigados por delitos de secuestro y de terrorismo, manda la señal a la ciudadanía de que en Quito pueden hacer lo que les da la gana y no existe ningún tipo de responsabilidad. Porque la Asamblea les da amnistía. Adicionalmente deja un espacio o una puerta abierta para que en futuras movilizaciones pueda suceder lo mismo y se diga que esas infracciones son “delitos políticos”, lo cual no está identificado ni está definido en el Código Penal vigente. Lo que hace que la subjetividad dé paso a que cualquier tipo de infracción en conducta o delito sea reconocido como político, cuando en realidad estos son delitos, sin más.
¿Fue justo tratar a los 268 señalados de la misma manera o debió haberse tratado de manera individual?
No fue justo dar el mismo tratamiento a todos los que recibieron la amnistía. Esto debió haberse dado caso por caso. Es decir, investigar el delito que se estaba señalado en cada persona. Porque no es lo mismo un delito de injuria, un delito de usurpación, un delito de terrorismo, o un delito de secuestro. Los dos últimos están expresamente prohibidos por la Constitución, mientras que los otros dos no son justamente delitos políticos. Responden a otro tipo de actividades. Entonces al no haberse tratado caso por caso la amnistía de rebaño hace que se metan de relancina (de forma apresurada) quienes no tenían nada que ver en los temas que se investigaban o en su defecto estaban involucrados en delitos mayores que no estaban sujetos a amnistía.
Para echar las amnistías. Patricio Alarcón y Andrés Castillo presentaron demanda de inconstitucionalidad de las amnistías aprobadas por la Asamblea, en la Corte Consitucional. Dicen que se oponen a la impunidad de rebaño. #Quito pic.twitter.com/jW2VzO3HQY
— LaHistoria (@lahistoriaec) March 16, 2022
¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía y a quienes están en la Iberosfera para comprender mejor la situación?
El mensaje que podemos dar para que se entienda la situación es que en el Ecuador se ha perdido la facultad dispositiva de la Constitución de la República. Desde que la Corte Constitucional dio lugar al «matrimonio igualitario», atentando contra el principio constitucional de que el matrimonio era la unión estable monogámica entre hombre y mujer y luego cuando se dio paso al aborto por violación atentando a la norma expresa que decía «el Estado ecuatoriano garantiza la vida desde la concepción». La Constitución pasó a ser un conjunto de meras enunciaciones que no tienen carácter exigible. Por eso es que ahora la comisión de garantías constitucionales de la Asamblea Nacional hace caso omiso a la disposición de que no se pueden dar amnistías en caso de secuestro o de terrorismo y esperamos que la Corte Constitucional pueda pronunciarse positivamente al pedido de que se considere inconstitucional aquella. En resumen, en Ecuador se está inobservando el Estado de Derecho.
