El terrorismo acaba de obtener una victoria en el campo de la impunidad en Ecuador. La nación sudamericana fue la primera azotada por lo que se conoce como las “brisas bolivarianas” anunciadas por Nicolás Maduro y su secuaz Diosdado Cabello. La insurgencia que empezó en octubre del 2019 se extendió a Chile y Colombia. En lugar de pagar por los daños causados, devastación del patrimonio público y privado, los secuestros y negar el acceso a comida de la población, el poder legislativo ecuatoriano acaba de otorgar una amnistía a quienes paralizaron el país.
“Comunismo indoamericano o barbarie” fue el grito de guerra con el que concluyó su obra Leonidas Iza, cabecilla de la insurrección, quien ahora gozará de amnistía pese a haber paralizado la economía del país y provocado desmanes que costaron vidas.
Bajo su mando agrupaciones campesinas cerraron las carreteras del país y consigo el acceso a suministros básicos del 3 al 13 de octubre del 2019. Con antorchas incendiaron la capital de la nación y amedrentaron a los medios de comunicación que se atrevieron a cuestionarlos. Casi dos años y medio después, la justicia sigue sin llegar.
Según el informe conjunto del Banco Central y el Banco Mundial las cifras sobre la Evaluación de Daños y Pérdidas Post-desastre (DaLA, por sus siglas en inglés) arrojan que la paralización de octubre del 2019 «dejó daños y pérdidas por 821,68 millones de dólares”.
Entre los destrozos ocurridos durante el periodo de insurrección hubo el incendio contra la Contraloría, institución del Estado que contenía pruebas en contra del exmandatario Rafael Correa. La bancada funcional a él, UNES, votó en bloque a favor de la amnistía para los terroristas.
UNES es la bancada con mayor representación en la Asamblea Nacional. Junto con Pachakutik, la bancada indigenista, suman 73 votos y para aprobar la amnistía necesitaban 93. Por lo cual necesitaban el apoyo oficialista y lograron obtenerlo de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), al igual que de algunos legisladores de la Izquierda Democrática (ID); aunque hubo integrantes de la ID que se opusieron.
El jueves 10 de marzo del 2022 se ausentaron 12 legisladores de la sesión, con lo que el quórum de los que participaron se situó en 125 parlamentarios. Hubo 99 votos a favor, 16 en contra y 10 abstenciones. La bancada del Partido Social Cristiano (PSC) fue la que más se opuso a la amnistía.
El jefe de la bancada del PSC, Esteban Torres Cobo, fue enérgico en su rechazo, sobre todo porque trataba a los indultados no como individuos, sino como bloque y al hacerlo no distinguía a las víctimas de los agresores. Además, todo esto rompe con el principio de igualdad ante la ley. Pues mientras exculpa a los manifestantes, persigue a las fuerzas del orden; aunque fueron víctimas de agresiones e incluso secuestro por parte de los insurrectos.
“Fue una tragedia de la cual prefiero no hablar más en público. Tengo una pérdida de visión, por las agresiones. Lo que vivimos aquel día de octubre no lo merecíamos, porque fuimos al sitio a dialogar, para que se abra la vía y terminamos frente a criminales”, narra Luis Humberto Moreta, un policía ecuatoriano que perdió un ojo durante las revueltas.
Al norte de Quito, en Calderón, 56 oficiales y policías, una de ellas embarazada, fueron secuestrados y posteriormente rescatados por un grupo táctico. De su secuestro participaron no solo los campesinos, también extranjeros financiados por regímenes socialistas de la región. Los policías fueron insultados arrastrados, golpeados, escupidos, despojados de todos sus bienes personales y amenazados con asesinato. Les rociaron gasolina y querían prenderles fuego.
También en la provincia de Chimborazo, en la Escuela de Formación de Alausí, 56 aspirantes a policía fueron secuestrados.
Hubo una agresión que incluso se transmitió en vivo por pedido de los secuestradores, liderados por Jaime Vargas y Leonidas Iza. 10 miembros de la Policía, entre ellos una mujer, fueron secuestrados retenidos junto a 31 comunicadores, entre reporteros, fotógrafos y camarógrafos.
Al reportero Freddy Paredes le atacaron brutalmente con una piedra, tanto que se desplomó en la calle. Le rompieron profundamente el cuero cabelludo y los ligamentos de la clavícula. Aunque su agresor fue detenido meses después (dado que escapó), recibió una pena de cuatro meses y luego quedó en libertad.
La policía manifestó su rechazo por el vandalismo y la violencia con la cual se llevaron a cabo las manifestaciones.
Luego protestó por el sesgo con el cual se manejó el caso, perjudicando a la policía y exculpando a sus agresores.
El presidente Guillermo Lasso rechazó enérgicamente la amnistía, sobre todo en solidaridad con los habitantes de Quito que vieron la ciudad sitiada, vidas perdidas y la barbarie en sus calles.
Acusó de injusticia ejecutada por el legislativo que obedece en su mayoría a una ideológica clara. Recientemente condenaron a pena de muerte al más inocente, por medio del aborto, mientras piden impunidad para delincuentes. En ambos casos violan la Constitución. En este caso el Artículo 120 que establece:
“Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”
En total, 268 personas fueron indultadas, sin diferenciar a los que ejecutaron e incluso ordenaron la violencia contra el patrimonio público y las fuerzas del orden de aquellos que fueron víctimas de represión. Frente a esto la indignación ciudadana ha sido masiva y hay capitalinos comprometidos en lugar la justicia y respeto por Quito, ante la complicidad de los legisladores con sus agresores.
os.
