La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes una reforma al Código Penal del país que introduce la posibilidad de que tanto individuos como empresas puedan ser juzgados en el país por supuestos delitos cometidos en el extranjero.
La reforma, aprobada por 88 de los 91 diputados que componen el Parlamento local, estipula que quienes hayan incurrido en lavado de activos, crimen organizado, terrorismo y su financiamiento, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, pueden ser sancionados con expropiaciones, multas y penas que incluyen la prisión perpetua.
El mecanismo, aprobado a instancias del dictador Daniel Ortega, también sancionará los crímenes contra la administración pública nicaragüense, así como los ciberataques.
«Esta reforma no solo busca ampliar la capacidad del régimen para perseguir a los opositores dentro de Nicaragua, sino que también extiende su alcance más allá de las fronteras nacionales, convirtiéndose en un arma de represión transnacional», dijo sobre el particular el líder político opositor nicaragüense, Félix Maradiaga.
A juicio de Maradiaga, a quien le fue quitada la nacionalidad por parte del régimen sandinista y hoy vive en el exilio, este instrumento jurídico «no es simplemente una nueva ley; es una declaración de guerra contra todos aquellos que desafíen al régimen, estén donde estén»
