El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado este viernes la reforma de la ley de nacionalidad y las modificaciones del Código Penal impulsadas por el partido soberanista CHEGA, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales varios de sus artículos clave.
En un comunicado oficial, la Presidencia portuguesa ha informado de que, tras el fallo del Constitucional en el marco del control preventivo de constitucionalidad, el jefe del Estado ha decidido devolver el texto a la Asamblea de la República sin promulgarlo, tal y como prevé el artículo 279 de la Constitución lusa.
La decisión supone un revés político para el Ejecutivo y para la mayoría parlamentaria que, a finales de octubre, aprobó la reforma con 157 votos a favor —incluido el respaldo de la derecha soberanista y de los liberales— frente a 64 votos en contra. El Constitucional declaró inconstitucionales tres de las cuatro disposiciones analizadas por unanimidad, mientras que la cuarta contó con un único voto discrepante.
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma del Código Penal establecía la posibilidad de retirar la nacionalidad portuguesa a quienes, habiéndola adquirido y conservando otra nacionalidad, fueran condenados a penas de prisión efectiva de cuatro años o más durante los diez años posteriores a su naturalización. Una medida orientada a reforzar el vínculo entre ciudadanía, lealtad al Estado y respeto al ordenamiento jurídico.
Por su parte, la revisión de la ley de nacionalidad pretendía endurecer los criterios de acceso a la ciudadanía, ampliando los plazos de residencia legal exigidos a los extranjeros y restringiendo la concesión automática de la nacionalidad a los nacidos en territorio portugués, una práctica cada vez más cuestionada en varios países europeos por sus efectos llamada.
El veto presidencial, amparado formalmente en el pronunciamiento del Constitucional, vuelve a situar en el centro del debate el papel de los tribunales como dique frente a reformas soberanas en materia migratoria, en un contexto en el que numerosos Estados de la UE tratan de revisar sus políticas de nacionalidad ante el impacto de la inmigración masiva.
Ahora, el Parlamento portugués deberá decidir si reformula el texto o renuncia definitivamente a una iniciativa que buscaba redefinir los límites de la ciudadanía en un momento de creciente presión migratoria y debate identitario en Europa.
