El obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, fue excarcelado el lunes por la noche por orden del presidente nicaragüense Daniel Ortega, y se encuentra bajo resguardo de la Conferencia Episcopal, informa el Confidencial de Nicaragua, según recoge InfoVaticana.
Fuentes eclesiales y diplomáticas confirmaron a la publicación citada que Álvarez, «ya no está en la cárcel Modelo», donde se encontraba en una celda de máxima seguridad desde el 9 de febrero de 2023, después de haber sido condenado en un juicio exprés a 26 años y cuatro meses de cárcel por los presuntos delitos de «conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas».
«Sabemos que existen contactos entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, y el Vaticano para liberarlo y enviarlo al exilio», indicaron dos fuentes diplomáticas, pero dijeron desconocer cuáles son los términos de la negociación y si el prelado aún se encuentra detenido.
El dirigente opositor Félix Maradiaga ha confirmado que el obispo «ya no se encuentra en el centro de detención», celebrando la liberación: «Ha estado sufriendo una detención arbitraria, bajo acusaciones falsas. Además, fue sentenciado a 26 años de prisión, despojado de su ciudadanía y trasladado de su arresto domiciliario a la cárcel», ha criticado.
«Extraoficialmente se ha mencionado, por parte de fuentes creíbles y bien informadas, que monseñor Rolando Álvarez podría ser enviado fuera de Nicaragua en las próximas horas, probablemente mañana», ha indicado Maradiaga.
Fuentes eclesiásticas y diplomáticas han confirmado al medio nicaragüense Confidencial que el obispo se encuentra bajo resguardo de la Conferencia Episcopal. «Sabemos que existen contactos entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal, y el Vaticano para liberarlo y enviarlo al exilio«, han declarado dichas fuentes al citado diario.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió la semana pasada la liberación del obispo, pidiendo a las autoridades nicaragüenses que garanticen «un trato digno» al prelado «mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada», así como el contacto con «familiares y abogados», puesto que el detenido se encuentra en una situación de «extrema vulnerabilidad».
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Ortega ha privado de nacionalidad a disidentes, ha expulsado del país a embajadores y ha clausurado miles de ONG nacionales e internacionales, así como medios de comunicación y organizaciones religiosas.
Ortega ha criticado en numerosas ocasiones a la Iglesia Católica, a la que ha calificado de «dictadura perfecta» y de «usar» a sus obispos para «dar un golpe de Estado» en el país centroamericano, asegurando que algunos sacerdotes hicieron llamamientos al derramamiento de sangre durante la ola de protestas contra el Gobierno en 2018, que se saldó con la muerte de más de 300 personas.
