El Gobierno de Estados Unidos ha lamentado que un año después de la expulsión masiva de Nicaragua de más de 200 opositores el régimen de Daniel Ortega sigue intentando «silenciar las voces del pueblo nicaragüense», por lo que ha pedido respeto para los derechos civiles y políticos de «todos» los ciudadanos.
El 9 de febrero de 2023, 222 presos políticos llegaron a Estados Unidos procedentes de Nicaragua, fruto de una expulsión masiva que implicó que estas personas fuesen declaradas traidoras a la patria y se quedasen apátridas, sin nacionalidad.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, ha lamentado que, un año después, «Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen deteniendo injustamente o forzando al exilio a aquellos que quieren ejercer sus Derechos Humanos y libertades fundamentales en Nicaragua».
La Administración de Joe Biden ha aplicado en este último año nuevas sanciones contra funcionarios nicaragüenses, entre ellos personas vinculadas al proceso que derivó en el destierro de 222 personas. En total, el Gobierno de Ortega ha expulsado a más de 300 presos, entre ellos un grupo de 18 religiosos desterrados en enero y en el que figuraba el obispo Rolando Álvarez.
