Las reformas del Gobierno de Gustavo Petro han entrado en un limbo después del escándalo por los audios en los que Armando Benedetti, exembajador de Venezuela, amenaza con revelar secretos de la campaña presidencial.
El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, informó convenientemente que «se congela» la discusión de las reformas de Petro hasta que se pueda «reconstruir la coalición de Gobierno».
El Ejecutivo impulsa en el Congreso en este momento las reformas a la salud, la reforma pensional y la laboral, que son tres de las promesas de cambio que promueve y que han sido duramente criticadas por la oposición. Aseguran que la primera pone en riesgo el actual sistema médico, la segunda dejaría en un limbo el sistema de pensiones de los trabajadores y la tercera atentaría contra la generación de empleo y las inversiones en Colombia.
El pasado miércoles, Petro participó en varias marchas en medio de la mayor crisis política de su Gobierno para defender sus reformas, que —al parecer— en este momento no cuentan con los votos necesarios para ser aprobadas. Y al mismo tiempo, desde el partido de oposición Centro Democrático se hizo un llamado a firmar una consulta para desmontar las ilusiones de Petro.
De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, las reformas que se proponen dentro de normas ya establecidas son consecuencia de la «soberbia» del Gobierno.
Cuando fue elegido el año pasado, Petro prometió efectuar amplias reformas que requieren la aprobación del Congreso, lo que le obligó a forjar una coalición con los partidos tradicionales que han gobernado el país durante décadas a cambio de darles control sobre algunos ministerios.
Esa coalición, que incluía a liberales, conservadores y centristas, comenzó a fracturarse en abril por la ambiciosa reforma de Petro al sistema de salud, la cual pretende hacer que entidades operadas por el Estado sean las únicas administradoras de los fondos de salud pública y deja fuera a las aseguradoras privadas.
Por ahora, los proyectos de reforma siguen en el Congreso, en una legislatura que acaba el próximo 20 de junio. Sin embargo, el período establecido podría prolongarse en caso de que el Gobierno convoque a sesiones extraordinarias.
Ricardo Ávila, analista senior de El Tiempo y consultor político, sostiene que el futuro de las reformas de Petro está estrechamente ligado a la capacidad política del Gobierno. «En su estado actual los proyectos son inviables. Pero surge el interrogante de si el Congreso optará por dejar atrás esta situación o presentará textos alternativos para evitar que se le culpe de hundir el ‘paquete social’ propuesto por Petro».
De hecho, a los partidos de oposición se sumaron los conservadores y La U, que pidieron al Gobierno Petro archivar las reformas y dejarlas para la siguiente legislatura.
