Las izquierdas chilenas no han cedido ningún espacio en su propósito de cambiar la Constitución. De hecho, estas se han vuelto conocidas porque desde la década del 2000 han tomado fuerza con los movimientos sociales como actores políticos relevantes, esos que son capaces de cambiar la agenda política (como los movimientos estudiantiles, feministas, y en contra del sistema de pensiones de AFP), lograron reencausar su objetivo con las revueltas del 18-O, en los que destacaron múltiples actores y expresiones de conflictividad.
Si bien, un país en vías en desarrollo como lo fue Chile hasta 2019 claramente tiene numerosos tópicos en los que mejorar, el discurso que se instaló como hegemónico apunta desde entonces a que la solución a todos los problemas es promover una nueva Constitución. Esto en el entendido de que el origen de los malestares sería la Constitución originaria de 1980, que habría instaurado un sistema «neoliberal, extractivista, hétero-normado y patriarcal», entre otros numerosos epítetos, mientras el país estaba en llamas insurreccionales.
Por tanto, el 15 de noviembre de 2019, el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera lideró el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución en la que pactó con gran parte de la clase política, como la única salida a la extrema violencia que el país vivía para ese entonces. Por ello, se convocó a un plebiscito de entrada, el cual se realizó finalmente por la pandemia el 25 de octubre de 2020. En él se preguntó si los chilenos «querían una nueva Constitución» y cuál sería el tipo de órgano encargado en redactarlo. En consecuencia, el 78% de los chilenos votó «Apruebo» una nueva Constitución y un 79% se decantó por una Convención Constitucional.
Así, se consolidó un proceso decadente dominado por la extrema izquierda y por personas, que por más que fuesen ciudadanos, no estaban capacitados para la solemne labor de redactar una Carta Magna. Por consiguiente, tanto el desarrollo del proceso constituyente como el resultado de dicho texto fueron paupérrimos, por el carácter refundacional y radical propio del «octubrismo» chileno.
Si bien, las izquierdas se instalaron arrogantemente con una moral superior y victoriosa, el 62% de los chilenos rechazaron contundentemente dicha propuesta, representando, también, un gran golpe para el Gobierno y la agenda del actual presidente, Gabriel Boric. Sin embargo, y a pesar de que la ciudadanía se manifestó en contra, la clase política nuevamente negoció un segundo proceso constitucional, sin referéndum de entrada, y asegurando que tendría la solemnidad que el proceso merecía.
Sin embargo, este segundo proceso estaría limitado por «bordes constitucionales» negociados por la política institucional, en los que destacaba la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, el que permitiría derechos sociales de tercera generación de carácter progresivos. En este aspecto, tanto derechas como izquierdas buscaron disputarse el significante de dicha visión de Estado, preguntándose si dialogaría con un Estado Subsidiario o con uno keynesiano.
En suma, la segunda propuesta fue redactada por un nuevo órgano, nombrado Consejo Constitucional. Estuvo compuesto por tres instancias: un Comité de Expertos (nombrados por el Congreso, representado las mayorías de dicha institución), el Consejo de Expertos (elegidos por la ciudadanía), y un Comité Técnico (también propuestos por el Congreso).
La ciudadanía logró manifestarse solo en la elección de los Consejeros, en los cuales, indudablemente, el ganador fue el Partido Republicano, que logró consolidarse como una fuerza política relevante.
Con todo, este segundo proceso fue considerablemente más corto que el de la Convención Constitucional, y menos mediático. No obstante, y a pesar de que las derechas podían guiar el proceso constitucional, la aceptación del Estado Social Democrático y de Derechos, propio de las izquierdas, les hizo perder terreno en la discusión. Por otra parte, el oficialismo instaló la narrativa de que sería una Constitución de «extrema» derecha -a pesar de que el texto final estaba lejos de aquello-.
Finalmente, el domingo 17 de diciembre de 2023, el 55,7% de los chilenos votó «En contra» de la segunda propuesta constitucional, y un 44,2% «A favor». Sin embargo, y a diferencia del primer proceso, estos resultados son paradójicos.
Pues, en la propuesta de Constitución 1.0, liderada por la extrema izquierda, desde el centro político hasta las derechas estaban coordinadas por la opción «Rechazo», mientras que las izquierdas por el «Apruebo». Pero para el plebiscito del 2023, había derechas e izquierdas tanto por el «A favor» como por el «En contra».
Hay múltiples formas de leer este resultado, pero uno es compartido: una desafección ciudadana por los procesos constitucionales que solo benefician a las élites políticas, mientras que Chile se estancó en la senda del desarrollo, retrocediendo gravemente en materia económica y de seguridad pública.
También, es dable sostener que la Constitución originaria del año 1980, reformada en 2005, y con numerosos cambios constitucionales posteriores, ha sido un instrumento que ha permitido tener gobernanza en el país, independiente del sector político que encabece el Ejecutivo. Y ha sido una Constitución que ha resistido tres plebiscitos (1980, 2022 y 2023), descartando la tesis de que es la fuente de los malestares colectivos.
Sin embargo, hay que estar advertidos de una modificación que se aprobó en agosto de 2022: ya que el Congreso bajó el quórum de tres quintas partes a cuatro séptimos para modificar la Constitución. Es menester tenerlo en consideración, pues con la fragmentación política y la actual composición del Congreso, no cabe duda de que las izquierdas irán por la vía parlamentaria para debilitar a la actual Constitución.
Por ello, a pesar de que los actores políticos digan que tras este resultado se cierra el proceso constitucional, al menos, los dos años que quedan de gobierno del frenteamplismo, pueden actuar por esta dimensión.
En definitiva, la conflictividad política no se detendrá. Y es posible sostener esta tesis independiente del resultado del plebiscito del pasado domingo, pues tanto con la actual Constitución, como si se hubiese aprobado la segunda propuesta, las izquierdas no han olvidado su sueño allendista: una «Asamblea del Pueblo». Así lo han develado numerosas voces contemporáneas de la extrema izquierda chilena.
