El pasado domingo 17 de diciembre, los chilenos nuevamente fueron a las urnas para decidir si deseaban una nueva -y segunda opción de- Constitución, o si prefieren mantener la vigente. El resultado fue claro, pues el 55,7% de ellos se inclinó por la opción «En Contra» de la nueva propuesta, dejando vigente, una vez más, la Carta Magna que data del año 1980.
Si bien Chile ya lleva dos procesos fallidos de intento de cambio de la Ley Fundamental, y el Gobierno del presidente Gabriel Boric sostuvo que el proceso «se cierra», la extrema izquierda ha develado que no dejará su propósito en el mediano plazo: desplazar la actual Constitución. Con ello, la conflictividad política continuará germinándose en la sociedad chilena.
En octubre de 2019, Chile sufrió una revuelta con tintes insurreccionales por el aumento del transporte público en $30 pesos chilenos (0,031 euros). Esto justificaría -supuestamente- las evasiones masivas protagonizadas inicialmente por estudiantes, a las que se sumó rápidamente el malestar ciudadano.
Para entonces, el 18 de octubre de dicho año (18-O), más de diez estaciones de metro fueron totalmente quemadas, y el resto de la red sufrió graves daños. Asimismo, la propiedad pública y privada fue tremendamente afectada, por ejemplo, con la quema y saqueos de tiendas de grandes, medianas y pequeñas empresas, impactando en la fuente laboral de los chilenos. De igual forma, el tejido social se vio envuelto en una completa anomia, polarizando incluso a familias y amigos.
Y si bien, numerosos teóricos -incluyendo a chilenos- han teorizado sobre el malestar de las sociedades capitalistas, para ese entonces, no había encuesta alguna que demostrara que el cambio constitucional era una de las primeras diez demandas de los habitantes de Chile. Sin embargo, mientras se desarrollaba la revuelta del 18-O surgió el lema «hasta que la dignidad se haga costumbre». Dicha «dignidad» fue un significante vacío en disputa, el cual fue capturado y cristalizado por las narrativas izquierdistas que, desde el gobierno del expresidente socialista Salvado Allende, han buscado instalar en el país una Carta Magna a su medida.
Lo anterior permite remontarnos a la época de la Unidad Popular (1970-1973), pues las izquierdas chilenas querían instalar una nueva Constitución para consolidar distintos lineamientos radicales, como la «Asamblea del Pueblo», que estaría compuesta por una Cámara única. Además, para ese entonces, consideraban que el Estado era burgués, por lo que la Constitución allendista permitiría instaurar un «Estado Popular».
Claramente, estos objetivos no fueron logrados, porque el 11 de septiembre de 1973, los militares liderados por el general Augusto Pinochet permitieron salvar a Chile de la tiranía comunista. El clivaje de ese entonces era dictadura del proletariado versus un régimen militar. El país logró encausarse bajo la segunda opción, la que, en miras de rescatar al país de la precarización, se convocó a un grupo de constitucionalistas y juristas para redactar una nueva Carta Magna, conocida como la Comisión Ortúzar. Esta estuvo integrada por numerosos personajes de renombre, siendo uno de los más destacados Jaime Guzmán.
Por tanto, la Comisión Ortúzar sesionó durante cinco años (24 septiembre 1973 – 5 octubre 1978) en la que resolvió numerosos tópicos que permitieron instalar la ruta hacia el desarrollo. Entre ellos encontramos el respeto a libertad y dignidad humana; el rechazo a doctrinas totalitarias como las marxistas (inspirándose en la Ley Federal alemana de 1949); el Estado Subsidiario que dialogó con el plan económico de liberales clásicos chilenos, conocidos como los Chicago Boys; el respeto a la propiedad privada; entre otras numerosas dimensiones.
Cuando dicha Comisión entregó el texto constitucional a la Junta Militar, se convocó a un referéndum el 11 de septiembre de 1980 en el que el 67% de los chilenos aprobaron esa propuesta. De esta manera, la Constitución de 1980 reemplazó al texto suspendido de 1925.
Empero, las izquierdas han cuestionado la legitimidad de origen de la Constitución de 1980, ya que fue plebiscitada en un gobierno dictatorial. Sin embargo, y si se aceptase dicha posición, con el paso del tiempo la Carta Magna se ha legitimado en su ejercicio.
Tras el retorno de la democracia plena en 1990, Chile tuvo reiteradamente presidentes de izquierdas que gobernaron con la Constitución aprobada durante la era Pinochet, más allá de lo que hoy quiera decirse al respecto. De hecho, el expresidente Ricardo Lagos impulsó una gran reforma constitucional en el año 2005, por lo que la versión actual tiene la firma de él junto a sus ministros de Estado. Es más, Lagos cerró el discurso de la promulgación de dicha reforma sosteniendo que «Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile(…)».
No obstante, en las elecciones presidenciales de 2013, Michelle Bachelet -quien se postuló por segunda vez para la presidencia-, invitó a marcar el voto con «AC», las siglas de «Asamblea Constituyente». Una vez en el Ejecutivo, la exmandataria empujó la iniciativa de «cabildos» ciudadanos en el año 2015. Si bien, para ese entonces, no tuvo una gran tonada en los chilenos, según la Ventana de Overton, nuevamente se estaba insertando la idea para retomar el plan inconcluso de la Unidad Popular de un cambio constitucional a su medida.
