El domingo 26 de enero Colombia estuvo a punto de sufrir una debacle por el impasse con Estados Unidos provocado por Gustavo Petro.
Y es que el mandatario de izquierda se negó a recibir dos aviones con migrantes ilegales colombianos deportados desde los Estados Unidos, como lo había anunciado el señor Trump, no solo en su discurso inaugural como presidente de esa nación del norte, sino desde que era candidato presidencial.
Esa fue quizás su oferta principal durante el tiempo de campaña, así que, avisados están los gobiernos que -por razones varias- han lanzado fuera de sus territorios a tantos y tantos ciudadanos.
Petro escribió de forma airada en su plataforma X lo siguiente: «Hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos… Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos».
A continuación, el Presidente Trump respondió en la plataforma Truth Social, con una ráfaga de medidas diplómaticas y económicas que causarían una gravísima recesión en Colombia.
Durante las horas que duró esta crisis, algunos voceros del centro y de la derecha política cayeron en las manipulaciones de Petro, según la cual, los colombianos debían unirse frente al «imperialismo norteamericano». Otros se dirigieron a Trump, pidiéndole no aplicar las sanciones, porque estas perjudicarían al pueblo, lo cual sin duda era cierto.
Petro retrocedió: la Cancilleria neogranadina anunció a través de un video que los migrantes serían recibidos en su tierra. La administración de Trump puso en hold las medidas anunciadas.
Aún quedan cosas por conocerse de este impasse en profundidad, como por ejemplo, a qué se debió la ausencia del señor Petro del Palacio de Nariño durante la crisis, así como la destitución del embajador encargado de la embajada estadounidense en Colombia, Francisco Palmieri y la salida anticipada del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo que estaba acordada para el 31 de este mes.
Sin temor a equivocarme, esta no será la última crisis que originará el mandatario colombiano. En el tiempo que lleva ejerciendo la presidencia ha demostrado ser el hombre equivocado, en el momento equivocado y en el sitio equivocado. Ya hemos visto el horror que se vive en el Catatumbo, donde ciudadanos por miles han corrido a «refugiarse» en la Venezuela cargada de problemas e inseguridades.
Así que, la posición correcta del mundo politico colombiano es y será concentrar todo el esfuerzo en destituir a Gustavo Petro mediante un juicio político, por un delito que ha sido plenamente comprobado: la violación de los topes de financiación de su campaña electoral.
Por algún incomprensible motivo, la oposición no se ha decidido a enjuiciar a Petro. Quizás, porque unos han recibido sobornos del gobierno; otros, porque consideran que un «impeachment» sería un mal precedente; y otros, porque se aferran en demasía al concepto de que todo presidente debe terminar su período, aunque gobierne mal.
Sin embargo, el caso de Petro no puede catalogarse solo como un mal Gobierno, sino que es una amenaza a la seguridad y a la paz de Colombia. Primero, por sus nexos con Maduro; segundo, por favorecer a los grupos terroristas, entre ellos, la Primera Línea; y tercero, por sus posiciones complacientes con el narcotráfico.
Esperar a que Petro termine su gestión de cuatro años es un grave error, porque durante ese período puede provocar una catástrofe humanitaria semejante a la de Venezuela. Lo ocurrido el pasado 26 de julio debería servir de escarmiento.
Por todo lo expuesto, considero que la oposición colombiana debería redefinir sus metas, unirse en la promoción conjunta de la destitución de Petro, antes de que sea demasiado tarde.