La propuesta de cohabitación con el sandinismo divide a la oposición en Nicaragua

Pocos opositores han reaccionado a la propuesta de Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del dictador sandinista Daniel Ortega, que sugiere que la nueva coyuntura para resolver la crisis sociopolítica en Nicaragua, debe estar dirigida a las elecciones presidenciales de 2026.

A más de una semana de la propuesta del militar en retiro, ningún grupo político ha emitido una declaración oficial respecto al tema. Pocos lo han hecho en carácter individual, mientras otros mantienen silencio. Esa reacción podría indicar que hay temor de condenar o que tiene la aceptación entre grupos de la oposición que controla el sandinismo disidente que gobernó con Ortega durante la primera dictadura del izquierdista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que se atribuye la representación de la oposición en la capital estadounidense, el país al que en el pasado le llamaban “enemigo de la humanidad”.

A juicio del exjefe del Ejército, que ha propuesto la “cohabitación” con el régimen de su hermano, la excarcelación y el destierro de 222 opositores políticos, ha generado, según su juicio, una “nueva coyuntura” que cierra la creada durante las protestas de abril de 2018, que dejó un saldo de más de 350 muertos, ejecutados con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de acuerdo con informes de organismos de derechos humanos internacionales.

«Esta coyuntura tiene su meta en las elecciones del 2026», acotó Humberto Ortega, en declaraciones al periodista Andrés Oppenheimer, porque en su opinión ni la oposición ni la actual dictadura de su hermano, están preparados para ir a comicios.

El sandinismo disidente quiere ir a elecciones. Así lo hizo saber a la Voz de América, Héctor Mairena, encargado de relaciones internacionales de Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS) —fundado por altos cargos de la primera dictadura sandinista —, que dijo que las “elecciones tendrían que ser lo más pronto posible”, pero añadió que antes los presos políticos que quedan en las mazmorras deben ser liberados, restauración de las libertades democráticas y el retorno de los exiliados. Sin embargo, no habló de justicia y sus declaraciones confirman que estarían apostando por la propuesta de Humberto Ortega, solo que un poco antes de lo que “sugirió”.

Más impunidad

La propuesta del hermano del dictador sandinista es una estocada para las familias de las víctimas de abril de 2018, que demandan justicia por la represión y los crímenes. Y es que las declaraciones de Humberto Ortega, sugieren más impunidad para el sandinismo, un negro episodio que Nicaragua vive desde el primer régimen sandinista (1979-1990), con miles de muertes, desaparecidos, fusilamientos, ejecuciones extrajudiciales, torturas a los presos políticos, y confiscaciones de propiedades; delitos que hoy por hoy permanecen en la impunidad.

Luego, tras perder las elecciones y desde la oposición (1990-2007), el sandinismo siguió su cultura de violencia, crímenes, asonadas y destrucción hasta que el dictador Ortega retornó al poder en enero de 2007, esta vez sin el apoyo de un grupo de altos cargos que gobernaron con él en la década de los 80, y que hoy viajan o permanecen en Washington atribuyéndose la representación de la oposición, entre ellos, personajes señalados de crímenes como Dora María Téllez, a quien Ortega excarceló recientemente junto a 221 opositores; y Luis Carrión, uno de los “nueve comandantes de la “revolución”, miembro de la dirección nacional del FSLN, exviceministro del Interior, y señalado de responsabilidad de los crímenes cometidos contra opositores durante dirigió ese ministerio junto a Tomás Borge, otro de los nueve cabecillas del sandinismo.

Ningún alto cargo del sandinismo señalado de responsabilidad de crímenes y robos en la década de 1980 ha sido enjuiciado, debido a que antes de entregar el poder se protegieron con la aprobación de una ley de Amnistía en la que se perdonaban los delitos cometidos en esos años y los que cometerían en el periodo de transición de mando. La Ley fue derogada por el nuevo gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, que luego aprobó una amnistía más “generosa”.

Acostumbrados a las negociaciones que han beneficiado al sandinismo, la propuesta del exjefe del Ejército establece que la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua solo podría resolverse, según su juicio, en una “negociación” que calificó de “complicada, dura, y presiones de un lado y de otro”, al tiempo que advirtió que de no crearse una “ruta de verdad”, el país podría encaminarse “a un total desastre de anarquía”.

Negociación que podría concluir con el “perdón” y “olvido” de crímenes como los ocurridos desde 1979. La última amnistía aprobada por el sandinismo fue la del 8 de junio de 2019, tras sofocar las protestas de 2018 a sangre y fuego.

La crisis se agrava

Consultado sobre el tema, el académico y exembajador de Nicaragua en Alemania y Suecia, José Dávila, dijo que hasta hoy no ha leído un análisis “objetivo e integral” del exjefe militar, y considera que las últimas declaraciones han agravado la situación política de la nación centroamericana.

“En mi opinión, agravan más la situación política porque en frases sustanciales dijo: dejemos que sigan las cosas como están. Esperemos. No hay mucho que hacer por ahora. Mi hermano tiene que abrir un poco los ojos sobre algunas situaciones. Estamos trabados. La oposición no es alternativa. En el Gobierno hay sus situaciones. Y propone cosas que no han funcionado en el pasado, como un diálogo que (cuyos acuerdos) no cumplen, o unas elecciones para que se las sigan robando. No aportó nada a una posible solución a la crisis del país. Más bien trató de confundir para que todo siga en esencia, igual”, acotó.

Daniel Ortega tiene el control total de las instituciones del Estado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) en poder de militantes del partido FSLN, que le garantiza los fraudes electorales. En las últimas elecciones, las municipales de noviembre de 2022, le adjudicó el 100% de las alcaldías al partido de la dictadura.

La agrupación política Ciudadanos por la Libertad, que se define como centroderecha, se pronunció a favor de “restaurar la democracia mediante elecciones libres, sin pactar, ni colaborar, y por eso hemos pagado el precio en persecución, despojos partidarios y represión”, sin referirse directamente a las declaraciones del general en retiro.

El mismo “guion”

Luis Fley, exjefe “Contra”, el grupo rebelde que combatió al primer régimen sandinista, y directivo de las Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), cree que algunos de los grupos de la oposición están aceptando como válidas las declaraciones de Humberto Ortega, al no pronunciarse oficialmente.

Grupos de opositores se inclinan por una salida electoral y se han aglutinado en el llamado grupo “Monte Verde”, nombrado así por haberse integrado en un importante centro ecoturístico en Costa Rica. El guión a seguir es organizarse y crear las condiciones para ir a elecciones con Daniel Ortega.

Fley dijo que detrás de Monte Verde estaría Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, un organismo con sede en Washington que se define como un centro de análisis e intercambio político internacional. Dos de los integrantes del gran capital en Nicaragua, Carlos Pellas y Ramiro Ortiz, forman parte del consejo de liderazgo del presidente de Diálogo Interamericano, de acuerdo con la página web del organismo.

“Es la persona que ha estado empujando el diálogo para que haya elecciones limpias y libres, pero con Daniel Ortega en el poder nunca van a ser libres. Esa es la misma línea que propone Humberto Ortega”, asegura Fley, ex precandidato presidencial actualmente en el exilio, que ha expresado que Daniel Ortega no saldrá por la vía cívica, que a su juicio es lo que ha oxigenado a Ortega, como sucedió en los últimos dos diálogos durante la crisis de abril de 2018.

En sus declaraciones Fley asegura fue excluido de Monte Verde. La llamada Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), integrada por ONG de izquierda y Unamos, “se opusieron a que me invitaran porque ‘soy un hombre de derecha’ y porque hablo de la vía violenta” como solución a la crisis en Nicaragua.

“Yo digo lo que creo pudiera suceder”, dijo Fley. Con base en su experiencia y las acciones del sandinismo asegura que Ortega no se irá por las buenas y que el dictador ha demostrado que no está dispuesto a entregar el poder.  

“La verdad no deseo entrar a Monte verde, no quiero ser utilizado por los izquierdistas que están ahí”, acotó, aunque en el grupo hay algunos opositores que se identifican como de derecha, aliados con el sandinismo disidente que controlaría al grupo.

Una nueva etapa de lucha

Fley asegura que la propuesta es para elecciones en 2026, no hay por ahora ninguna fuerza que obligue a Ortega a elecciones anticipadas, las sanciones no han tenido ningún efecto, así es que la apuesta es la vía del diálogo y elecciones en 2026.

El sandinismo no orteguista, pese a que no goza de aceptación mayoritaria, apuesta por la presión internacional de Estados Unidos y la Unión Europea para obligar a la dictadura realizar elecciones en Nicaragua y así ellos tomar el poder. Su objetivo es la continuidad de un sandinismo sin Ortega y su mujer Rosario Murillo.

Para el académico Dávila, la oposición se está replanteando lo que define una “nueva etapa de lucha. Hay muchas reflexiones y comunicaciones”.

A pesar de las coincidencias sobre ir a elecciones con Daniel Ortega, propuesta por Humberto Ortega, el exembajador Dávila no cree que el exjefe del Ejército, esté coordinando con el sector sandinista disidente para ser alternativa. “Los nicaragüenses quieren una democracia, en libertad, pluralismo y con justicia. Democracia no con sectarismos ni imposiciones”, subrayó.

Mientras, Ciudadanos por la Libertad -que integra Monte Verde- escribió en Twitter, que “Nicaragua necesita definir su rumbo, dejando atrás los fallidos experimentos socialistas, la corrupción y las propuestas populistas, que tanta pobreza y dolor nos han causado”.