El pasado viernes al atardecer se dio a conocer la renuncia de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social y Familia, quien ha sido compañero de ruta del presidente Gabriel Boric. La oposición había anunciado que presentaría una Acusación Constitucional contra el ahora exministro, pues ha sido considerado uno de los principales responsables político del Caso Convenios, uno de los peores casos de corrupción de la historia de Chile. Así, se observa cómo el sello frenteamplista se va desmoronando del Gobierno chileno actual, mientras los chilenos observan una gran crisis institucional.
Giorgio Jackson (Revolución Democrática, partido que integra el Frente Amplio) ha sido considerado la mano derecha del mandatario chileno, pues han hecho su camino político juntos desde las marchas del 2011 en el movimiento estudiantil, en el Congreso, como también en el palacio presidencial de La Moneda. De hecho, Jackson fue el jefe de campaña presidencial de Boric, y una vez que llegaron al Ejecutivo, Jackson fue nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y luego pasó a liderar la cartera de Desarrollo Social y Familia. Empero, estos 17 meses de Gobierno frenteamplista se han caracterizado por numerosos conflictos, en los que Jackson ha estado presente.
Una de las controversias más recordadas de Jackson fueron sus dichos en una transmisión en Twitch en agosto de 2023, pues afirmó que «nuestra escala de valores y principios en torno a la política, no sólo dista de, obviamente, del Gobierno anterior, si no que creo frente a una generación que nos antecedió», cuando aún era ministro de la Segpres. Esta frase profundizó la división de las «dos almas» del Gobierno de Boric, alejando aún más a la izquierda tradicional (aquella que administró el modelo de desarrollo chileno en la década de los noventa y dos mil) de la frenteamplista-comunista.
Para ese entonces, oposición y políticos de la izquierda tradicional ya comentaban la necesidad de remover a Jackson del gabinete. Asimismo, las negociaciones de Jackson con el Congreso, en su rol de ministro de la Segpres, fue sumamente ardua. De hecho, numerosos parlamentarios (de oposición y oficialismo) sostenían que no era el mejor para liderar dicho rol por tener una actitud soberbia.
El 5 de septiembre de 2022, posterior al plebiscito de salida (en el que ganó el Rechazo a la propuesta constitucional contundentemente), el presidente Boric realizó un cambio de gabinete. No obstante, no removió a Jackson de su gabinete, sino que lo cambió de la Secretaría General de la Presidencia al ministerio de Desarrollo Social y Familia, cartera en la que continuaría generando polémicas.
Por ejemplo, en diciembre pasado, Patricia Hidalgo, quien había sido Seremi (Secretaria Regional Ministerial) de Desarrollo Social, acusó a Jackson de presionar indebidamente para favorecer proyectos ambientales. Esto provocó que en enero del presente año ya existiese la iniciativa de una Acusación Constitucional contra Jackson por falta de probidad administrativa, la que fue rechazada en la comisión encargada de analizar el libelo.
Asimismo, Karina Oliva (quien se presentó como candidata a Gobernadora en la Región Metropolitana en 2021 y ha sido acusada por pagar su campaña con dineros irregulares), sostuvo en una entrevista televisiva de mayo de 2022 que su jefa de campaña, al momento de coordinar acciones con el comando de Boric, lo hacía directamente con Jackson, quien tuvo que salir a defenderse que las rendiciones electorales estaban respaldadas. Sin embargo, el sábado 12 de agosto se dio a conocer que la Fiscalía pudo confirmar que Oliva usó una fundación falsa e inexistente para defraudar al Estado a través del Servicio Electoral, recibiendo $120 millones de pesos chilenos, para financiar su campaña.
El Caso Convenios
Las acciones irregulares de Oliva (del partido Comunes, perteneciente al conglomerado del Frente Amplio chileno) en el año 2021 volverían a repetirse en la gestión del presidente Boric. Pues, en junio de 2023 se conocieron irregularidades en el traspaso de dineros del Estado a la fundación Democracia Viva que recibió 426 millones de pesos chilenos y está ligada directamente a Revolución Democrática (RD). En este caso en particular, el representante legal era Daniel Andrade quien fue pareja de la diputada Catalina Pérez (RD) y modificó ante notaría los estatutos de dicha fundación para mover montos superiores a 65 UF (más de 2.342.000 pesos chilenos). En la contraparte del convenio se encuentra Carlos Contreras, quien en ese entonces fue Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta y, además, previamente había sido jefe de gabinete de Catalina Pérez. Estas relaciones levantaron dudas ante posible tráfico de influencias y corrupción. Por ello, ante la importancia de Revolución Democrática en el caso, el exministro Jackson fue cuestionado por su responsabilidad política.
Por otro lado, se conoció un curioso robo de computadores y de una caja fuerte del ministerio de Desarrollo Social y Familia, la cartera de Jackson, levantando numerosas sospechas por todo el espectro político.
Este caso generó que la Fiscalía comenzara a investigar los convenios entre el Estado y fundaciones, y en una primera declaración (29 de julio) sostuvo que de 34 convenios, 29 de ellos son ilegales. Con ello, en la actualidad ya son 53 fundaciones investigadas y han resaltado distintos personajes ligados al oficialismo, como la excandidata a alcaldesa de Concepción y a diputada por la región del Biobío (de los cuales no salió electa en ninguno de los dos cargos), Camila Polizzi, quien arrendó una fundación para generar convenios con la excusa de realizar beneficios para los habitantes de Concepción. Sin embargo, los involucrados no realizaron dichas acciones y gastaron parte de los 250 millones de pesos chilenos recibidos en la compra de lencería, entre otras cosas.
Por su parte, Contraloría sostuvo que no hizo una revisión antes de los convenios porque sólo supervisa aquellos que superen las 5.000 UTM, es decir, más de 300 millones de pesos. Igualmente, sostuvo que el Gobierno del presidente Boric declinó capacitarse en el curso «Administración Pública y Probidad» en el año 2022, que imparte el Centro de Estudios de Administración del Estado.
La renuncia de Jackson
Finalmente, los casos de corrupción en Chile generaron que el Partido Republicano anunciara que si el presidente Boric no removía a Jackson del gobierno, el lunes 14 de agosto iba a presentar una Acusación Constitucional contra Jackson, apoyada por los partidos de Chile Vamos. Jackson sostuvo ante la prensa chilena que él no renunciaría mientras tenga el respaldo del presidente, empero esta posición no prosperó y, finalmente, renunció de manera «indeclinable» el viernes. Tras esta decisión, las derechas anunciaron que no presentarán la Acusación Constitucional contra Jackson.
Esta renuncia deja debilitado a Boric en el Ejecutivo, pues no sólo compartían amistad desde su época universitaria sino también ideales políticos. De hecho, Jackson ha sido sumamente fiel al mandatario tal como reflejaron sus dichos al anunciar su renuncia: «Trabajar bajo su mandato ha sido el honor más grande de mi vida«. Con todo, en tanto en la carta de renuncia como su discurso en televisión abierta Jackson no hizo autocrítica de su gestión. Asimismo, parece necesario recordar que Jackson respaldó el indulto a los mal llamados «presos políticos» otorgados a finales del año pasado generando un amplio rechazo ciudadano.
Si bien esta renuncia puede parecer un respiro para el presidente Boric, pues le permitiría bajar las tensiones políticas, en especial cuando desde el Ejecutivo buscan «negociar» la fracasada reforma tributaria y de pensiones, es dable observar que, al menos en lo mediático, se queda solo. De su círculo más cercano de Apruebo Dignidad (que conglomera al Partido Comunista y el Frente Amplio) sólo va quedando Camila Vallejos en la Secretaría General de Gobierno, lo que devela un debilitamiento de este sector en el Gobierno.
De igual modo, la «superioridad moral» de la que hablaba Jackson el año pasado le pasó factura a él como al Gobierno. Pues numerosas encuestas han constatado que la ciudadanía asocia a Jackson con el Caso Convenios, que la corrupción se situó como uno de los temas más relevantes, y que la desaprobación a la gestión de Boric aumentó al 65%, según la última medición de Cadem.
En definitiva, el frenteamplismo demostró que su relato sólo era un relato. El adiós al «pituto», como decía Boric en su campaña presidencial, sólo quedó en la franja. No sólo se han otorgado cargos en el Estado a personas que no lo ameritan, o se pagaron favores políticos con el nombramiento de embajadores sin carrera diplomática, sino también se hizo una norma el tráfico de influencias lo que quedó constatado en el Caso Convenios. Esto profundiza el frágil escenario institucional por el que Chile lleva cruzando explícitamente desde el año 2019. Empero, esta situación presenta una oportunidad de avanzar en materia de transparencia y probidad. Pero no considerarlo y concretarlo puede generar una irreversible crisis de la democracia chilena.
