Un Gobierno puede realizar deportaciones masivas de inmigrantes ilegales con la ley en la mano sin encontrar críticas y repudio de los organismos internacionales ni el bloqueo de la oposición interna, como demuestra el Ejectuvio de Abinader en la República Dominicana.
En mayo de este año, los dominicanos votaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias. El presidente, Luis Abinader, que desempeña el cargo desde 2020, fue reelegido con casi el 60% de los votos y obtuvo amplias mayorías en las dos cámaras del Parlamento. Entre los puntos principales de su programa sobresalían sus promesas de aumentar las expulsiones de haitianos asentados en la República Dominicana y de proseguir la construcción del muro. Aunque no hay datos oficiales, puede haber más de medio millón de haitianos, tantos legales como ilegales, viviendo en el país.
Abinader volvió a jurar su cargo en agosto. El año pasado, su Gobierno deportó a unos 250.000 haitianos y hasta septiembre las expulsiones afectaron a otros 172.000 individuos. Su partido, el Partido Revolucionario Moderno, es de centro-izquierda, aunque en España, con estos compromisos y actos sería calificado por el equipo de opinión sincronizada (incluidos los periódicos que lee la derecha pero no son de derechas) de mega-extrema-turbo-derecha.
En los últimos años, Haití, que ocupa un tercio de La Española, ha colapsado como país. Aparte del terremoto de 2010, en marzo pasado el presidente, Airel Henry, dimitió. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití organizada por la ONU y dirigida por Kenia no está impidiendo que las bandas de delincuentes impongan su ley, como ocurrió en El Salvador hasta hace poco. La población de ambos países es similar, entre 10 y 12 millones, pero la diferencia de riqueza es enorme. La renta per cápita dominicana es casi nueve veces superior a la haitiana y el PIB dominicano multiplica por siete el haitiano. Junto con estos hechos, también influye el recuerdo de la invasión haitiana, realizada poco después de la independencia y que se prolongó veintidós años.
El miércoles 2 de octubre, el Gobierno dominicano anunció su plan de deportar a 10.000 haitianos irregulares cada semana, para proteger la seguridad de los dominicanos, y de vigilar la frontera con drones. A pesar de las quejas de activistas y de las ONG habituales, los dominicanos aprueban la gestión de Abinader y muchos de ellos le piden más severidad.
Los dominicanos rechazan a los haitianos. No los quieren en su país ni para trabajar y mucho menos con su nacionalidad y derecho a voto. Sin embargo, lo que unos no quieren en su casa lo exigen fuera. Los dominicanos fueron en 2023 el sexto grupo más numeroso en la adquisición de la nacionalidad española. Ese año, la recibieron 10.275 personas nacidas en la República Dominicana.; en 2022, fueron 8.100; en 2021, 6.791; y en 2020, 6.894.
Una de las vías para acceder al pasaporte español es la ley de memoria democrática aprobada por el PSOE, Sumar y los separatistas. Desde que entró en vigor en 2022, las autoridades españolas calculan que se han beneficiado de ella más de 3.000 dominicanos, que han asegurado ser descendientes de españoles que huían de la represión política y buscaban la libertad.
Frente a la inmigración ilegal, Madrid y Santo Domingo tienen comportamientos opuestos. España es incapaz de frenar las avalanchas en sus fronteras y las incentiva con un trato exquisito a los inmigrantes ilegales. Por el contrario, la República Dominicana empezó a construir en 2022 un muro a lo largo de sus casi 400 kilómetros de frontera con Haití (ya abarca más de 160 kilómetros) y expulsa a docenas de miles de haitianos. Cabe pensar que la República Dominicana es más soberana que España en el control de sus fronteras.
España, al igual que Gran Bretaña, Portugal, Francia o Bélgica, parece regalar su pasaporte en una política que no practican otras naciones, desde México a China o la pequeña República Dominicana.
