Las amenazas contra la Iglesia católica no han cesado en Nicaragua: un nuevo sacerdote salió al exilio, una decena permanece en la cárcel, y el obispo de la Diócesis de Granada, monseñor Jorge Solórzano, fue declarado en “rebeldía” por la dictadura por expresar dolor y pedir a la feligresía oración en favor del vicario episcopal de Boaco, monseñor José Leonardo Urbina, condenado por el régimen de Daniel Ortega a 30 años de cárcel acusado de presuntos “delitos sexuales” contra una menor.
El párroco de la Divina Misericordia de Sébaco en Matagalpa, Uriel Vallejos, tuvo que salir al exilio luego de vivir bajo constante asedio y ser secuestrado por el régimen de Ortega tras la ocupación que hizo la policía a la Casa Cural, en agosto. El régimen cerró la Radio Católica de la ciudad y robó los equipos de transmisión.
La policía mantuvo secuestrado al clérigo desde el 1 de agosto, días más tarde lo trasladó al Seminario Interdiocesano Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua, la capital de Nicaragua, donde estuvo confinado hasta que logró burlar la vigilancia y abandonar el país para trasladarse a Italia, donde permanece hasta ahora.
Su despedida fue emotiva. La hizo a través de las redes sociales: “Hasta pronto mi bello país de lagos y volcanes. Espero con esperanza que no dejemos solo a monseñor Rolando Álvarez, nuestro obispo se ha sacrificado por nuestro país. Es el momento de la unidad. Las personas no se negocian porque no son cosas. Esperamos la pronta liberación de mi obispo, de los sacerdotes seminaristas y laicos. Es el momento de demostrar de qué lado estamos, del lado de la verdad o del confort. No nos acomodemos al silencio, a la sobrevivencia y a las negociaciones. La libertad y la vida no se deben negociar. Bendiciones a todos hasta el regreso en tierras de liberación”.
El padre Vallejos es el tercer sacerdote nicaragüense obligado a exiliarse desde 2019, antes fue el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez y el padre Edwin Román. A ello se suma la expulsión de las monjas de la orden Madre Teresa de Calcuta.
La tiranía ha encarcelado a una decena de sacerdotes. Dos de ellos han sido condenados. El vicario de Boaco José Leonardo Urbina fue sentenciado a 30 años de prisión, acusado por el régimen de supuesto abuso sexual a una menor; mientras, el padre Manuel Salvador García a casi cinco años de cárcel por presunta “violencia doméstica”, pese a que no hay denuncias.
El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, permanece bajo arresto domiciliar, mientras los cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico que permanecieron secuestrados durante dos semanas con el obispo en el Palacio Episcopal, se encuentran en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía. Monseñor Álvarez es acusado por la tiranía de “organizar grupos violentos e incitarlos a ejecutar actos de odio contra la población”.
Nuevas amenazas a la Iglesia
“Nuestra Diócesis de Granada expresa su profundo dolor y sufrimiento al conocer la sentencia contra monseñor José Leonardo Urbina. Pedimos a nuestros fieles seguir orando”, fue la petición de la Diócesis de Granada, que dirige el obispo Jorge Solórzano, que desató la nueva amenaza de la dictadura.
El régimen a través del Ministerio de la Familia, (MIFAMILIA), emitió un comunicado en el manifiesta tener “profunda preocupación” por las expresiones y comunicaciones oficiales de la Diócesis de la iglesia católica de Granada, ante la sentencia emitida por autoridades judiciales contra José Leonardo Urbina”, a quien califica de “sacerdote violador” de una niña de 14 años.
En el comunicado la dictadura se dice condenar “enfáticamente las declaraciones que desde la Iglesia católica de Granada defienden, inconcebiblemente, a un sacerdote violador, cuando hemos conocido las reiteradas denuncias del papa Francisco sobre la no impunidad a estos personajes que cometen crímenes contra la decencia, contra la dignidad humana y contra sus propias normas de vida, supuestamente sacerdotales”.
“Reclamamos por estas expresiones inauditas del obispo de la Diócesis de Granada, que consideramos en rebeldía ante la guía pastoral del papa Francisco”, señala el comunicado.
Pero el vicario episcopal fue juzgado a puertas cerradas, sin acceso a un debido proceso y acusado por personas vinculadas al régimen sandinista. El hermano de la presunta víctima de 14 años, fue denunciado por robo a la iglesia. Los feligreses sostienen que se trata de una venganza y un complot contra el sacerdote que ha sido critico de las acciones de la dictadura.
Ortega nunca fue procesado
En octubre de 2006, esa misma institución, MIFAMILIA, recibió la denuncia por violación contra el gobernante sandinista Daniel Ortega, en perjuicio de una menor de 12 años. El hecho se suscitó pocas semanas antes de las elecciones presidenciales en las que Ortega “ganó” la reelección.
La víctima Patricia Yaneth Prado Ortega denunció a Ortega de abuso sexual desde que tenía 12 años. El caso no prosperó pese a que el dictamen psicológico forense realizado a la víctima expone los detalles escabrosos del abuso.
Las autoridades no investigaron y lo calificaron como un caso “político”. Tras el retorno al poder, la denuncia nunca fue investigada. Era la segunda por abuso sexual contra Ortega.
Años más tarde, en 2015, una familia del norte de Nicaragua denunciaba a Ortega por violación en perjuicio de Elvia Junieth Flores Castillo. Era la tercera denuncia contra Ortega.
La primera denuncia fue de la hijastra de Ortega, Zoilamérica Ortega Murillo, quien acusa a su padrastro de abusarla desde los 11 años, un reclamo que tampoco prosperó porque la “justicia” en Nicaragua ha estado controlada por el sandinismo durante las últimas cuatro décadas.
