Cada 27 de abril en Chile se celebra el Día del Carabinero, pues en 1927 se fundó la institución. Su lema «Orden y Patria» nos devela su misión, por lo que durante estos 97 años se ha buscado agradecer y homenajear a sus integrantes. Sin embargo, este año el día del Carabinero se transformó en uno de luto, pues pasada la medianoche de dicho día tres efectivos fueron asesinados en una patrulla y luego quemados, en Cañete, lugar ubicado en la Región del Bío Bío, al sur de Chile. Este estremecedor caso dejó al país conmocionado. Sin embargo, una cosa es clara: la escasa voluntad política de las autoridades del Gobierno, que lidera el presidente Gabriel Boric, revela que estos hechos están lejos de ser extirpados.
El sábado 27 de abril de 2024, Chile se despertó de luto al darse a conocer el macabro atentado y asesinato a tres funcionarios de Carabineros. Las víctimas son el cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo; el cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid; y el sargento primero Carlos José Cisterna Navarro. Todos dejaron a esposas e hijos pequeños.
Hasta el momento en el que se escribe este artículo, no están claros los involucrados ni sus motivaciones. Sin embargo, comenzaron a instalarse hipótesis en el debate público chileno, porque es difícil que haya sido una casualidad. No solo porque estos hechos ocurrieron en la víspera del Día del Carabinero, sino porque, también, el pasado lunes 22 de abril se realizó la audiencia de lectura contra Héctor Llaitul, líder del grupo terrorista mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en la cual fue declarado culpable por todos los cargos que se le imputan. Entre ellos, encontramos cargos por hurto, usurpación y atentado, por lo que Llaitul está arriesgando hasta 25 años de cárcel. La sentencia se dará a conocer el próximo 7 de mayo.
Ante estos hechos, el presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo que «les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen». Además, decretó tres días de duelo nacional y viajó a la zona de Cañete en la mañana del sábado junto a representantes de los tres poderes del Estado chileno. Al llegar a la zona, fueron increpados por habitantes de la zona y por familiares de carabineros.
Si bien el mandatario chileno suele señalar reiteradamente que condena la violencia y los atentados contra las policías, sus actos no lo demuestran. Ya que él mismo ha dado señales de estar a favor de delincuentes, terroristas e insurrectos, mientras que ha apuntado contra las Fuerzas de Orden y Seguridad de Chile, en especial y con gran énfasis contra Carabineros.
Es por ello que parece necesario hacer un recuento de cómo el presidente Boric ha tenido una erótica relación con la violencia política. Esto nos permite entender por qué el actual Gobierno no ha puesto como prioridad resolver la crisis de seguridad pública por la que cruza el país, tanto en la Macrozona Sur con agrupaciones terroristas mapuches, como en la llegada de narcocarteles extranjeros, como el Tren de Aragua o el de Sinaloa que se centran, principalmente, en las zonas norte y central de Chile.
Gabriel Boric y su relación con la violencia
- Ha tenido estrechas relaciones con terroristas mapuches. En 2016, cuando era diputado, visitó y respaldó a líderes de la «Comunidad Autónoma» de Temucuicui, los mismos que atacaron a quienes realizaron el Censo en el año 2017.
- También en 2016, visitó a la machi Francisca Linconao en la cárcel, quien es una de las responsables por el atentado y asesinado al matrimonio Luchsinger Mackay, una pareja de adultos mayores que murieron producto del incendio a su casa en 2013.
- Gabriel Boric, ha realizado numerosos guiños a la CAM y a Héctor Llaitul. Por ejemplo, en 2016, los respaldó porque su reivindicación sería contra el Estado y forestales, instituciones que para su sector representan al «neoliberalismo», y no personas.
- A finales del 2018, el entonces diputado Gabriel Boric posó con una polera en la que aparecía el rostro de Jaime Guzmán baleado, senador en ejercicio asesinado en 1991 por el grupo terrorista Frente «Patriótico» Manuel Rodríguez (FPMR). En ese mismo año, Boric visitó secretamente a Ricardo Palma Salamanca, uno de los asesinos materiales de Guzmán, quien se escapó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996, desde esa fecha estuvo en la clandestinidad, hasta que se volvió a conocer su paradero cuando solicitó en 2018 asilo político en Francia.
- Para la insurrección del 18 de octubre de 2019, el diputado Gabriel Boric desafío a militares en las revueltas y llamó explícitamente a la ciudadanía a la «desobediencia civil», mientras las izquierdas radicales levantaban al «perro matapacos» como simbolismo de lucha en la revuelta.
- En 2021, Boric aun siendo diputado criticó la «militarización del Wallmapu» —tal como suele denominar el progresismo chileno a la Macrozona Sur—, al darse a conocer la muerte de un ex estudiante de la Universidad de Concepción, porque lo confundió con el hijo de Llaitul. Asimismo, en su ejercicio como parlamentario señaló numerosas veces que estaba en contra del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur.
- En la campaña presidencial, una de sus narrativas apuntaron a «liberar» a los mal llamados «presos políticos» de la revuelta del 18-O, concretándolo con indultos una vez que ya alcanzara la presidencia.
- En marzo de 2022, Izkia Siches, la entonces ministra del Interior, en nombre del Gobierno visitó la zona de Temucuicui para encontrarse con el padre de Camilo Catrillanca (un comunero mapuche ligado a grupos terroristas que falleció ante el encuentro con Carabineros en un operativo). No obstante, Siches ignoró todo protocolo recomendado por Carabineros, por lo que fue atacada por grupos mapuches insurreccionales del sector, porque dicha agrupación argumenta que no conversarán con el Estado, a pesar de que llegó el frenteamplismo al poder, hasta que dejen de existir los mal llamados «presos políticos mapuches».
- A finales de 2022, el presidente Boric indultó a trece delincuentes e insurrectos, entre ellos, el exfrentista Jorge Mateluna, quien cuenta con un extenso historial de crímenes, y Luis Castillo, quien sostuvo que los delitos que realizó en el contexto del 18-O se explican por su «divino derecho a la rebelión popular».
- Por otro lado, el gobierno del presidente Boric entregó pensiones de gracia de por vida a «afectados» por el 18-O, entre los beneficiados se encontraban condenados por delitos desde, homicidios, tráfico, hasta abuso sexual a menores y pornografía infantil.
Un Gobierno inoperante
Todo lo anterior devela por qué el Gobierno ha sido completamente inoperante en tratar de resolver la grave crisis de seguridad y de orden público que cruza el país. Pues, el mismo presidente chileno ha tenido una estrecha relación con la violencia respaldándola como acción política como también entregando apoyo a terroristas y asesinos, mientras las víctimas quedan desamparadas y sin apoyo alguno.
El atentado y asesinado a los tres carabineros este 27 de abril, quienes fueron amarrados, asesinados y luego quemados, no son hechos aislados. Los grupos insurreccionales han utilizado el fuego como arma, incrementándose su uso desde la década del 2010 en la Macrozona Sur.
Asimismo, para la revuelta del 18-O el uso del fuego fue recurrente: desde la quema de la red de metro (más de diez estaciones quedaron completamente inutilizables por meses), hasta el ataque a propiedad pública y privada, que solía estar acompañada de los graffitis «ACAB» y «1312» contra las policías, siendo, además, uno de los signos de la fractura de la democracia chilena.
No obstante, el presidente Boric sostiene que buscarán a los culpables, mientras el Gobierno ha empujado al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que renuncie porque será formalizado (es decir, investigado) por supuestos delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el contexto de la revuelta del 18-O (entre octubre de 2019 y marzo de 2020).
No obstante, la oposición solicita que el general Yáñez se mantenga en el cargo, tal como sostuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya. Por su parte, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, solicitó al presidente Boric que destituya a su equipo de seguridad, es decir, a Carolina Tohá, ministra del Interior, al subsecretario de dicha cartera, Manuel Monsalve, y a Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito.
Si bien este hecho aún está siendo investigado, una cosa es clara. Los discursos se los lleva el viento. Son las acciones las que pueden generar cambios. Lamentablemente, el Gobierno ha actuado timoratamente, y no han declarado Estado de Sitio. Según la última encuesta Cadem, un 77% está de acuerdo con declararlo en las regiones de La Araucanía y el Biobío, mientras que un 85% está a favor de poner suma urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. De hecho, la misma encuesta devela que la desaprobación al presidente Boric aumentó en 3 puntos (65% desaprueba su gestión).
Por tanto, es necesario que exista real voluntad política para avanzar en la protección de Carabineros como, también, a los chilenos que son víctimas diariamente de asaltos, delincuencia y terrorismo por parte de narcocarteles.
En definitiva, ya no es novedad que el actual gobierno chileno, en especial los políticos de «Apruebo Dignidad» —compuesto por el Frente Amplio y el Partido Comunista—, no tenga como prioridad solucionar la violencia. Porque sus narrativas de lucha de clases, políticas identitarias y discursos posidentitarios solo tienen posibilidades de tener adherencia en la sociedad cuando se encuentra fracturada y vulnerada.
Mientras más se debilite el Estado de Derecho, menos democracia y libertades tienen los chilenos, y los responsables son la actual clase política.
