Mintieron quienes dijeron que Gustavo Petro se había moderado y que el que llegaba a la Presidencia de Colombia no era el mismo que había empuñado armas contra la República y vestido con orgullo la camiseta de una organización terrorista. Mintieron, porque el Gustavo Petro que hoy es presidente no es diferente al guerrillero de hace unas décadas.
Si vieron la toma de posesión, saben de qué hablo. Su berrinche porque le trajeran la espada de Bolívar, que años atrás el mismo M-19 había robado, es una muestra de su naturaleza. Saliéndose de todo el protocolo, sometiendo a los invitados y al público a un receso y, con ademanes autoritarios, dándole órdenes a la Casa Militar, Petro pretendió que se cumpliera su capricho para poder dar el discurso junto a la espada de Bolívar. Y entonces vienen a la cabeza las imágenes de Chávez, también empuñando otra de las espadas del Libertador, al que tantos autoritarios manosean tanto.
Sin embargo, lo que reafirma la idea de que se habla del mismo Petro de las armas y el monte son algunos de sus nombramientos como ministros. Son designaciones que aterran y que acentúan la intención revolucionaria de un Gobierno de Petro. Llegan con claro espíritu castrista, chavista, a destruir lo construido y construir lo que destruye.
Particularmente son cuatro las designaciones que más preocupan, como escribí en un artículo que publiqué en El American: la del ministro de la Defensa, el comisionado para la Paz, el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo. Cada uno garantiza la profundización de un modelo que, cuando se ha aplicado, ha fracasado.
El que más aterra es el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, quien llega para reformar la institución militar, para sacar a la Policía del ministerio y para sabotear los esfuerzos de perseguir a los grupos criminales de Colombia, como las FARC y el Clan del Golfo.
Velásquez arrastra un rancio anti-militarismo que lo incapacita para ejercer el cargo. Su desprecio por las fuerzas armadas, a las que ha calificado de mediocres y corruptas, como ha quedado claro en varios de sus tuits, debería de generar temor en cada uno de los uniformados, a los que Colombia le debe su estabilidad e institucionalidad.
Colombia no es cualquier país. No es Uruguay ni Costa Rica. Colombia es un país azotado por la guerrilla comunista y los carteles del narcotráfico. Es un país próspero, estable y moderno pero que, al bajar la guardia, se lo devoran los delincuentes, que están muy bien organizados y financiados. Sin unas fuerzas de seguridad robusta, Colombia se desmorona. Y esto es lo que probablemente quiera hacer Iván Velásquez.
Además, Velásquez guarda una reputación cuestionada por su sesgo a favor de las FARC cuando fue procurador de Medellín. Entonces, como denuncia Mary Anastasia O’Grady en el Wall Street Journal, Velásquez evitó que las FARC pagaran por sus crímenes de lesa humanidad. Aunado a este episodio, está el rol que jugó Velásquez como cabeza de la CICIG en Guatemala, una organización altamente cuestionada a la que se le acusa de abuso de poder, corrupción y persecución política.
Luego está el comisionado para la Paz, Danilo Rueda. En el cargo, creado en los noventa, el comisionado se encarga de asesorar al presidente en lo tocante a los procesos de paz o negociaciones en Colombia, que son columna vertebral de las gestiones de todos los presidentes. Desafortunadamente Danilo Rueda no es alguien en quien se pueda confiar ya que el activista de “derechos humanos” es tremendamente afín al régimen castrista de Fidel Castro.
Más allá de su explícita simpatía por las FARC y de que fue ayudante de la polémica senadora colombiana chavista Piedad Córdoba, Rueda ha hecho público, en varias ocasiones, su admiración y aprecio por Fidel Castro.
Mientras trabajaba con Piedad Córdoba y en el marco de las negociaciones de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos que se llevaban en Cuba, Rueda viajó a La Habana y se reunió con el dictador Fidel Castro, quien le dedicó un libro: “Para Danilo Rueda, francamente Fidel Castro”.
Por último, Danilo Rueda también estuvo envuelto en el escándalo de La Picota, cuando el equipo de Petro fue sorprendido visitando la cárcel de Bogotá con el propósito de ofrecerle dádivas y perdón a los delincuentes a cambio de apoyo en las elecciones. Quienes representaban al equipo del ahora presidente eran su hermano, Juan Fernando Petro, y Danilo Rueda.
También está la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Militante comunista, electa en el 2008 miembro del Comité Central del Partido Comunista y sindicalista agitadora y peligrosa. En estos días le sacaron un video en el que, mientras daba un discurso, dice lo siguiente: “Ya quisiéramos nosotros que aquí estuvieran las ideas de Chávez”. Aterrador, sin duda. Además, desde su cuenta de Twitter siempre elogió a Fidel Castro, a Chávez y al mismo Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Que una cartera como la del ministerio del Trabajo esté en manos de una sindicalista comunista y adoradora de dictadores socialistas es una garantía de que vendrán años oscuros en Colombia.
Por último, quien también genera preocupación es el ministro de Hacienda, el reconocido economista José Antonio Ocampo. Y preocupa por algo en particular: Ocampo se ha mercadeado como la mejor designación de Gustavo Petro. Se ha perfilado como la decisión del presidente para calmar a los mercados. Pero los mercados no se pueden calmar porque, aunque goza de gran prestigio internacional, eso no vuelve viables sus ideas.
La verdad es que José Antonio Ocampo es un socialista de biblioteca. Un keynesiano estatista, cuyas propuestas son las perfectas fórmulas del desastre. Muestra de ello es lo que sucede en Argentina, donde Ocampo tiene mucha responsabilidad. A algunos se les olvida u ocultan el hecho de que el señor Ocampo es asesor del Gobierno de Alberto Fernández a través de su organismo, Consejo Económico Social. También, Ocampo fue mentor del fracasado y terrible ministro de Economía, Martín Guzmán, quien tuvo que renunciar hace pocos porque el país se le salió de las manos.
Todas estas designaciones son solo un pequeño preámbulo de lo que vendrá para Colombia. Cada una es una reafirmación de que las ideas liberticidas de Petro siguen intactas y que, en el mejor de los casos, si el Gobierno de Petro solo dura 4 años, entonces serán 48 meses de crisis económica, persecución política, corrupción e impunidad.
