Esta semana el régimen de Nicolás Maduro movilizó a más de 11.000 funcionarios policiales y militares para ejecutar un operativo especial dentro de la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua (al norte del país). El objetivo del despliegue, según la versión oficial, no fue otro que el de «retomar el control» de la prisión, que desde hace mucho tiempo se encontraba a merced del «Tren de Aragua», un peligroso grupo criminal que cuenta incluso con ramificaciones fuera de Venezuela.
«Fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional contra la población venezolana. Detectamos unos túneles. Hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado a todos los privados de libertad y también hemos capturado a algunas personas con armamento», dijo el ministro de Defensa chavista, Remigio Ceballos, luego de la operación.
Según las autoridades venezolanas se incautaron, entre otras cosas, 14 armas largas y dos cortas, 40 granadas antitanque, 80 kilos de explosivo C4, 15 cohetes y cerca de 400.000 municiones de distintos calibres.
Sin embargo, organizaciones especializadas en la materia penitenciaria, como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), no son tan optimistas con los resultados del despliegue. Han dicho, por ejemplo, que al ser esta una prisión concebida originalmente para 5.000 reclusos extraña mucho que luego de dicho despliegue se contabilice la existencia de solamente unos 1.500 presos.
Incluso, en medio de la decisión de Maduro de «retomar el control» de la cárcel, se reportó la desaparición de Héctor Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», quien desde hace mucho tiempo funge como líder del mencionado colectivo criminal.
¡Fuego a la carga! Grupos comandos del CICPC volaron las rejas de las celdas donde no podían acceder dentro del Penal de Tocorón y así poder tomar el control total de la Torre. pic.twitter.com/VMPKbBdYpO
— Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) September 20, 2023
Tocorón funcionaba desde hace años como un verdadero parque de diversiones para delincuentes, contando con una estructura en la que hay piscinas, toboganes acuáticos, discoteca, un parque infantil, un pequeño zoológico e incluso servicio de televisión satelital e internet. Una estructura que en nada tiene que envidiarle a «La Catedral», la cárcel donde el capo colombiano de la droga Pablo Escobar pasó una temporada recluido.
Actualmente el «Tren de Aragua» ha logrado expandir sus actividades por buena parte del territorio venezolano dedicándose a la extorsión, el secuestro, el sicariato y el tráfico de drogas, pero además de ello la organización Insight Crime afirma que esta agrupación criminal cuenta con presencia en países como Perú, Ecuador Bolivia, Chile, Brasil y Colombia. Su repunte «internacional» se ha dado fundamentalmente en medio de las oleadas de emigración venezolana producidas durante los últimos años, en medio del deterioro que ha experimentado el país bajo el mandato de Maduro.
Los recientes hechos de Tocorón han sido reseñados por la prensa internacional como una operación de Maduro para ponerle coto a estas excentricidades de un grupo criminal, con miras a establecer la ley y el orden dentro del sistema penitenciario del país sudamericano.
Sin embargo, no se puede dejar de tener en cuenta que la dictadura chavista ha llegado desde hace años a arreglos con distintos grupos criminales como el «Tren de Aragua», permitiéndoles en cierta medida ejercer sus actividades y existir dentro de la nebulosa estructura en la que hoy se ha convertido el Estado venezolano bajo el sistema de mafias.
De allí que todo el despliegue noticioso en torno a esta situación no deje de estar revestido de cierto matiz propagandístico, en el entendido de que a Maduro le interesa hacer creer al mundo que está tomando medidas serias para confrontar la criminalidad en Venezuela.
Hace unos meses el Ejecutivo venezolano anunció con bombo y platillo una operación anticorrupción dirigida en contra de un grupo de altos funcionarios vinculados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que estaban encabezados por el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y que terminó saldándose con decenas de detenciones.
Dichos hechos ayudaron al régimen a construir la narrativa internacional sustentada en que se tomaron acciones en la lucha contra los malos manejos administrativos dentro del Estado, cuando en realidad el asunto de fondo remitía a una clásica purga para refrenar el poder que estaba acumulando la facción de El Aissami dentro del sistema. Sin embargo, actores internacionales de peso cayeron en la operación de propaganda madurista, al punto de que Estados Unidos dio públicamente su apoyo a la iniciativa «anticorrupción» de Maduro.
El operativo de Aragua busca lo mismo en cierto modo: ejercer un papel legitimador de la gestión del dictador venezolano para pintarle como un mandatario que está «corrigiendo» ciertos errores de su gestión, aprovechando además la tendencia regional que hay a valorar positivamente las medidas duras contra la criminalidad que protagoniza el salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, los verdaderos motivos de este despliegue digno de una producción de Hollywood se mantienen -por ahora- ocultos.
