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NUEVO GOBIERNO EN COLOMBIA

Petro propone más impuestos, negociaciones con terroristas y regulaciones ambientales

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Europa Press

Con la oposición reducida a los 14 senadores y 15 representantes a la Cámara del Centro Democrático, cuyo máximo líder seguirá siendo el expresidente Álvaro Uribe, además de lo que puedan hacer los excandidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Enrique Gómez, que no tienen representación en ningún cuerpo colegiado de elección popular hasta el momento; el Gobierno de Petro anuncia un paquete importante de reformas. Todo parece indicar que aprovechará al máximo la amplia mayoría que lo respalda en el Congreso, y que -quien lo creyera-, incluye a otrora férreos contradictores del presidente electo, como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la bancada parlamentaria del Partido Conservador.

Hasta el lunes, habían sido designados como integrantes del gabinete: el exministro Álvaro Leyva, un conservador que durante décadas buscó acercamientos con las guerrillas para lograr un acuerdo de paz y en campaña se le vio muy activo en sus mordaces críticas en contra del candidato Rodolfo Hernández, quien será ministro de relaciones exteriores; el exministro y profesor de la Universidad de Columbia José Antonio Ocampo, reconocido académico cuyos trabajos sobre historia económica son de obligatoria lectura en muchos departamentos de historia y economía, quien será ministro de Hacienda y Crédito Público; y la poetiza y dramaturga Patricia Ariza, militante del partido de izquierda Unión Patriótica, quien será ministra de Cultura.

El martes fueron designadas las ministras de Salud, Medio Ambiente y Agricultura. Asumirán la médica psiquiatra y politóloga Carlina Corcho, reconocida crítica de las empresas prestadoras de salud y exvicepresidente de la Federación Médica colombiana; la politóloga y ambientalista, militante de la Colombia Humana (partido de Petro en 2018), funcionario de la alcaldía de Petro entre 2012 y 2015 y actual concejal de Bogotá, Susana Muhamad; y la exministra de agricultura durante del gobierno de Ernesto Samper y exsenadora, Cecilia López; respectivamente.

Aún no se conocen los textos definitivos de las reformas, pero, en entrevista con Noticias Caracol, Ocampo anunció que se acaba «el día sin IVA», habrá un incremento al impuesto de renta de personas naturales cuyos ingresos estén muy por encima de la media nacional, se promoverá un proceso de reindustrialización, se pondrá fin al grueso de los beneficios tributarios que hoy tienen las empresas, entre otros. Llamó mucho la atención su afirmación, según la cual una persona que gana 10 millones de pesos (2.310 euros) mensuales en Colombia no es clase media, sino clase media alta o incluso alta, lo que da a entender que esa población tendrá que pagar más impuestos. Atrás quedó la afirmación según la cual el aumento en el gasto público lo asumirían apenas los cuatro mil colombianos más ricos.

Con relación a la política de paz, ha quedado claro que tanto la Cancillería como el ministerio de Cultura jugarán un papel fundamental y tendrán las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad como guía. La coalición que perdió el plebiscito en octubre de 2016, cuando la mayoría de los colombianos rechazaron en las urnas el acuerdo con las FARC, asumirá el Gobierno y se comprometerá a cabalidad con la implementación de lo acordado con la guerrilla, abriendo las puertas, además, a la negociación con otras fuerzas insurgentes y terroristas. El mismo Petro ha indicado que la guerra no es la alternativa y la negociación tiene que ser siempre el primer paso.

Está por verse el paquete de reformas en el sector salud, pues hay mucha incertidumbre con relación al futuro del sistema de aseguramiento, hoy modelo a nivel mundial por su cobertura y mejora sustancial en la prestación del servicio, pero contrario a la promesa de campaña de Petro sobre un sistema universal y estatal; la prometida reforma agraria, que incluye un incremento significativo de los impuestos que deberán pagar los propietarios de “tierras improductivas”, y las políticas de protección y control de precios que también se anunciaron para “recuperar” el campo colombiano; y el endurecimiento de las regulaciones ambientales, acompañadas del “empoderamiento” de comunidades que se oponen a proyectos de infraestructura o explotación de recursos naturales, que hoy son vitales para la economía colombiana.

No se puede negar que el tono del nuevo presidente ha optado por usar una fachada de reconciliación y acercamiento, logrando incluso que el expresidente Uribe declarase que hará una “oposición razonable”, tras un breve encuentro entre los dos, en el que acordaron mantener una línea de comunicación directa, a solicitud del expresidente. En contraste, los conservadores aceptaron la renuncia del presidente de su partido, el exsenador Omar Yepes Alzate, y eligieron al senador Carlos Andrés Trujillo como nuevo líder de la colectividad. Según fuentes consultadas, Trujillo estaba apoyando a Petro desde la campaña presidencial, por lo cual los conservadores no serán oposición y han anunciado su apoyo a la agenda legislativa del gobierno, aún sin conocerla. Dicho partido sostiene su respaldo electoral vía gestión del presupuesto nacional y burocracia. No piensan arriesgarse.

Así las cosas, Petro invertirá todo su capital político en la aprobación de las reformas más importantes que batió en campaña, aceitando, como es propio del sistema político clientelista colombiano, las maquinarias de quienes lo respaldan a través del gasto y la burocracia. Es un precio que parece dispuesto a pagar, consciente como es de que la clase política aprueba todo lo que disponga el Gobierno, siempre y cuando mantenga cargos clave en el Estado y reciba sendas tajadas para mantener tranquilo a su electorado.

Vienen reformas profundas, no habrá oposición en el Congreso y los gremios y grupos económicos han buscado la manera de acercarse al nuevo Gobierno, temiendo que se radicalice. Siguen sin entender que el camino a la servidumbre empieza cuando se acepta que el Estado crezca, el gasto público se dispare y la amenaza de acción gubernamental hace que se ceda la libertad. Veremos.

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