Las elecciones municipales en Nicaragua están previstas a realizarse el 6 de noviembre. Con ellas se espera que el dictador Daniel Ortega tome el control total del país, esto porque todavía seis de los 153 municipios están en manos del opositor partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), a quien el régimen le canceló la personería jurídica y le inhabilitó de participar en los comicios presidenciales de 2021.
Los nuevos comicios se desarrollarán en un ambiente de mayor represión en comparación a los realizados en noviembre de 2017, ocurridos seis meses antes del estallido social de abril de 2018. Esta vez se realizarán en condiciones similares al de las presidenciales con una oposición desmantelada en el exilio y en las cárceles. Ortega sigue hasta ahora manteniendo el control de las calles debido a la vigilancia y el estado policial instaurado.
A menos de cinco meses de las votaciones, el régimen, a través del Consejo Supremo Electoral (CSE), no ha convocado a elecciones ni ha presentado el calendario electoral, que en comicios anteriores ha sido presentado un año o seis meses antes del día de la elección.
El exembajador de Nicaragua en Alemania, José Dávila sostiene que, sí habrá elecciones municipales en Nicaragua, “pero hoy más que nunca serán a gusto y antojo de la dictadura”. Los participantes de los comicios son los partidos considerados colaboracionistas de la dictadura, como la Alianza por la República (APRE), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Partido Liberal Independiente (PLI), y el otrora poderoso Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del expresidente Arnoldo Alemán (1997-2022), reducido a micro partido tras el pacto con Ortega en 1999.
La esposa de Alemán, la exprimera dama y exdiputada María Fernanda Flores, es una de las 14 presas políticas del régimen de Ortega, condenada a 8 años de cárcel. En total, Ortega mantiene a 183 opositores tras las rejas.
Nuevo fraude en puertas
Ortega ha creado incertidumbre alrededor de los comicios de noviembre próximo entre sus colaboracionistas que participaron en las pasadas elecciones con mirada indiferente ante los atropellos cometidos por el tirano.
Sobre el tema, Dávila sostiene que entre los mismos “grupos colaboracionistas están en problemas, pues hasta ‘reclamos’ están haciendo para aparentar [elecciones democráticas]. Quieren inclusive autorizar dos nuevos mini partidos zancudos (colaboracionistas), pero no encuentran la forma de cubrir las apariencias”.
Para el exdiplomático, esta vez tampoco existen garantías para participar en los comicios. “Será un nuevo fraude”, sostiene sobre las votaciones del primer domingo de noviembre próximo. “Jamás permitirán unas elecciones para alcaldes que sean medianamente aceptables”.
Su argumento se basa en que Ortega está muy claro en que, de permitir medianas condiciones electorales, tendría una aplastante derrota en las urnas. Y es que, en los comicios de noviembre, más del 80 por ciento de los nicaragüenses de abstuvieron de votar.
El juego con los tiempos
“El Frente Sandinista está jugando a cortar el tiempo. Solo le van a dar de 20 a 22 días de campaña a los partidos políticos”, sostiene el analista político socialdemócrata, Francisco Delgadillo.
“Debe llamar a los partidos para que manifiesten su intención de participar, elaborar el calendario y ver la forma de elegir las Juntas Receptoras de Votos (JRV), y los Comités Departamentales Electorales. Eso ahora lo están acortando [los tiempos]. Todo esto va a permitir que solo ellos pongan el tendido [electoral] prácticamente”, explicó el analista.
La repartición de cara al futuro
La mayoría de las municipalidades están en poder del FSLN que se adjudicó 135 alcaldías en las elecciones de noviembre de 2017, 11 en poder del PLC, 1 ALN, y 6 a CxL. Se espera que el FSLN se atribuya un mayor número de alcaldías, y una mínima parte serán distribuidas entre los colaboracionistas de la dictadura.
Las elecciones se desarrollarán con tres magistrados del CSE sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos. Entre ellos su presidenta, Brenda Rocha, el vicepresidente Cairo Amador y Lumberto Campbell, por ser “el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación” de las votaciones de noviembre pasado, consideradas como una “pantomima”, de acuerdo al Gobierno de los Estados Unidos.
Rocha y Campbell son militantes del partido sandinista y estrechos aliados de Ortega, al igual que Amador, quien se ha caracterizado por ser un fiel colaborador de Ortega.
