«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
DESPOJÁNDOLOS DE SU NACIONALIDAD

Ortega lleva la represión a un nuevo nivel a través del fusilamiento simbólico de sus adversarios

Una mujer pasa por delante de una fotografía de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en Managua, Nicaragua. Reuters

Podría pensarse que en los regímenes autocráticos el peor castigo que puede esperar quien disienta es la cárcel o, peor aún, desde luego, la eliminación física. Sin embargo, la historia e incluso la literatura demuestran que puede haber algo peor que ambas cosas: ser objeto del fusilamiento simbólico.

En el campo de las realidades, regímenes como el soviético propiciaron horrores inmensos. Durante su paso por el poder, los camaradas del Partido Comunista ordenaron masacres, invasiones, la imposición de hambrunas, entre otros despropósitos. Pero, en el fondo, hay algo tanto o más grave que las torturas o los paredones de exterminio que también tuvo lugar en aquella Europa del este: la instrumentalización de una política de aniquilamiento moral del contrario, donde quien se atreviese a adversar a la nomenklatura del Estado totalitario ya dejaba de ser humano, para convertirse en algo menos que un gusano.

La ficción distópica del Siglo XX -que en buena medida tomó a los regímenes totalitarios como asunto central de interés- también arroja luces sobre el tema. George Orwell, por ejemplo, en su famoso “1984” deja entrever que el mayor triunfo de los regímenes del horror total no va tanto de matar físicamente a sus contrarios, sino más bien de apoderarse de la mente de los mismos, transformarlos en un guiñapo y provocar allí un estado de alienación tal en el que, por poner un caso, si a una persona no le gusta en absoluto la mayonesa, ésta puede terminar convirtiéndose en una devota consumidora de la misma y arremetiendo fanáticamente contra quienes tienen aversión a ella.

Esta aniquilación de las subjetividades bien puede darse en tiempos modernos por la vía de la eliminación del más básico de los derechos: el de la identificación. “Ser” es, en parte, estar situado en el mundo. Tener un o unos nombres y unos apellidos, pero también un gentilicio o al menos una comunidad a la cual se pertenece. Esa comunidad generalmente es el país -la patria- dentro de la que se nace o a la que se abraza luego de vivir en ella por años. De allí que quitarle a una persona su nacionalidad sea equivalente a decirle al individuo que no se pertenece a ninguna parte, que éste no existe, que es un cero a la izquierda.  

Todo esto viene a cuento por el giro que ha tomado en los últimos meses el régimen de Ortega en Nicaragua. Más allá de haber encarcelado a cientos de opositores después de las protestas de 2018 y de emprender una escalada sistemática contra religiosos, al punto de que una de las caras más visibles de la Iglesia católica, monseñor Rolando Álvarez, ha sido sentenciado a 26 años de cárcel recientemente, el sandinismo ha optado por la ruta de construir el escenario progresivo de eliminación simbólica de quienes se le oponen.

La semana pasada la gran noticia en muchos medios de comunicación del mundo fue que Ortega decidió inusitadamente excarcelar a 222 presos políticos, quienes abordaron un avión con rumbo a los Estados Unidos. Sin embargo, un aspecto relevante de la medida es que a los mismos se les retiró abruptamente la ciudadanía nicaragüense, sometiéndolos a la condición de desterrados. Para llegar a ese punto el orteguismo optó por reformar incluso la Constitución Política del país a través del Parlamento, de modo que fuese posible declarar “traidores a la Patria” a los disidentes y así proceder a despojarles de su nacionalidad. Una suerte de muerte simbólica similar a la que derivaba de las sentencias de ostracismo en la Grecia antigua.

Pero todo no termina allí. El desaguisado del régimen nicaragüense se asoma como un nuevo patrón de conducta que, en lo sucesivo, regirá el modo en el que este se va a relacionar con lo poco o lo mucho que queda de oposición organizada en el país. A inicios de esta semana se conoció un segundo listado de personas a las que se les quitó la nacionalidad por decisión de la dictadura.

Así 92 individuos quedaron en el limbo que impone verse en una situación propia de un paria. Adicionalmente se decidió quitarles todo derecho al disfrute de sus propiedades, quedando sus bienes confiscados por el Estado. Sencillo: si no existes no tienes derecho a tener nada…

«Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución, para imponer la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre», dijo el jueves sobre esta situación Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial. Chamorro es uno de las 92 personas a las que el régimen les quitó la nacionalidad de un plumazo.

Sobre las amenazas que se ciernen sobre el futuro inmediato de la nación centroamericana asociaciones civiles como Nicaragua Lucha ya alertan sobre prácticas de terrorismo de Estado en desarrollo, de las que solo puede esperarse más represión. 9 integrantes de esta agrupación fueron afectados por el reciente atropello orquestado por la tiranía.

“Lejos de cumplir con sus deberes internacionales, el Gobierno nicaragüense sigue practicando un terrorismo de Estado, sofisticando sus métodos represivos, dejando en situación de apatridia a personas defensores de derechos humanos, muchos de ellos con medidas cautelares”, apunta un comunicado de la organización que circuló el jueves.   

La mayoría de los análisis que se han llevado a cabo en los últimos días apuntan justamente al asunto de que la supresión de la nacionalidad de una persona va un paso por delante de cualquier política represiva que pueda tomar un régimen de esta naturaleza. Ortega, fiel a una tradición histórica que se ha esbozado más arriba, lo que ha hecho es traer de vuelta el viejo sueño de todos los totalitarismos: despojar del “ser” a quienes se le oponen.

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