Daniel Ortega lanzó su espada contra el gran capital nicaragüense, su antiguo aliado. Ordenó confiscar algunos bienes al representante del Grupo Coen, Piero Coen Ubilla, a quien acusa de haber apoyado las protestas contra la dictadura sandinista, algo que Ortega califica de «traición a la patria».
Aunque las expropiaciones y el robo de bienes inmuebles es una práctica del sandinismo desde la década de 1980, esta vez se trata de la crónica de una sentencia anunciada. Muchos creían que el dictador no se atrevería a tocar al gran capital para no crear una mayor crisis en la economía. Hasta antes de 2018, el caudillo sandinista y los empresarios mantuvieron una alianza de «diálogo y consenso», un modelo al que le atribuían el «crecimiento económico» de la nación centroamericana.
Los empresarios hacían negocios sin involucrarse en la política, y Ortega se garantizaba el control de los poderes del Estado y destruía la institucionalidad.
El crecimiento del monstruo
Tras más de 16 años consecutivos en el poder durante la segunda dictadura sandinista, Ortega se ha convertido en un individuo impredecible, con el que ya ni sus antiguos camaradas atinan en sus análisis sobre el comportamiento del dictador que actúa como una bestia desenfrenada contra la oposición, la Iglesia católica y ahora contra los empresarios.
«El gran capital tiene las horas contadas. Creo que irán por (Carlos) Pellas (propietario del Grupo Pellas), y Ramiro Ortiz Gurdián, presidente del Grupo Promerica», afirma un analista que reside en Nicaragua cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.
Su argumento se basa en las amenazas que ha vertido el periodista de la dictadura William Grisby, cuyos comentarios se han convertido en una sentencia de las acciones represivas del régimen. Días antes de las confiscaciones a Coen, Grisby anunció que los integrantes del gran capital están en la «mira del régimen». Acusó a Coen y a los empresarios Roberto Zamora, José Antonio Baltodano y a la familia Sacasa de «financiar» la compra de armas, los tranques y las supuestas «campañas de desinformación y calumnias».
También acusó a Pellas y a Ortiz Gurdián, dos de los hombres más ricos de Centroamérica, de financiar el centro de pensamiento «Diálogo Interamericano», con sede en Washington. Pellas y Ortiz Gurdián figuran entre los principales asesores de la organización, según revela Diálogo Interamericano en su sitio web.
En 2013 Pellas dijo al diario La Prensa que Nicaragua vivía en democracia porque había elecciones y una sociedad abierta que gozaba de libertad. Pero tras el estallido social, y la ruptura del idilio y de cogobierno con la dictadura en materia económica, se pronunció a favor de un adelanto de elecciones como solución a la crisis.
Cinco años después de las multitudinarias protestas en las que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad de acuerdo con investigaciones de organismos de derechos humanos, todo indica que está cobrándole a los empresarios lo que ha denominado una «traición».
A inicios del mes, una de las empresas del Grupo Pellas, Sugar Estates Limited, fue multada por un monto de 200.000 dólares, acusada de supuestas acciones anticompetitivas.
«Esa alianza se dio por terminada con la muerte del Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)», dijo el analista consultado. «Él, (Ortega) revirtió el juego, ya no son socios, él es el amo y el gran capital tiene las horas contadas. Los Ortega Murillo son un cártel peligroso», aseveró.
En marzo el régimen canceló la personería jurídica del Cosep y otras 18 asociaciones empresariales, en represalia por haber tomado distancia de Ortega tras la ola de ejecuciones contra manifestantes. Más de 355 nicaragüenses perdieron la vida en el contexto de las protestas. El hospital privado de Pellas atendió a muchos heridos que fueron rechazados en los hospitales del Estado por órdenes del régimen.
Oxigenaron al régimen
La empresa privada se rehusó a respaldar un paro nacional en los momentos que la dictadura estaba más vulnerable por las masivas protestas de 2018, pese a la demanda de algunos sectores.
Dora Argüello, una activista nicaragüense exiliada en Estados Unidos, cree necesario golpear el bolsillo del régimen para debilitarlo. Es una promotora de boicot a empresas vinculadas a la dictadura o propiedad de la familia presidencial, y en su opinión las confiscaciones a la empresa privada son un anticipo de lo que viene.
«Desde mi perspectiva las expropiaciones que ejecuta el régimen dictatorial sandinista son parte de la crónica de una muerte anunciada, porque es claro que la empresa privada tiene gran responsabilidad en la oxigenación al régimen en asuntos económicos y actividades que han generado una falsa normalidad en el país».
A su juicio se trata de una pasada de cuentas a los empresarios. Ortega emplea las instituciones del Estado como herramienta represiva para afectar económicamente y expropiar a todo el que no está alineado.
Argüello sigue promoviendo desde el exilio el boicot a la empresa privada y a todos aquellos que siguen fomentando la “falsa normalidad” en Nicaragua.
Para el analista consultado Ortega se ha envalentonado con sus alianzas con China, Rusia e Irán. Cree que con el apoyo de esos países enemigos de Estados Unidos podría fomentar la actividad comercial en Nicaragua.
«Ortega y su mujer, sufren de un resentimiento social poderoso, son acomplejados porque están claros que lo obtenido es mal habido. Por eso se escudan en alentar una lucha de clases tan desfasada. En el fondo desprecian a los ricos y dada la oportunidad, les echarán mano», sentenció.
