El año 2024 marcó un periodo lleno de controversias y tensiones para el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Las promesas de transformación social y política se encontraron con una realidad política adversa, caracterizada por una relación rota con el Congreso y una sucesión de escándalos que han puesto a prueba la estabilidad del gobierno. De cara al 2025, los retos parecen multiplicarse, en un contexto marcado por divisiones internas y un escenario político polarizado.
Fractura con el Congreso
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo llegó a su punto más álgido en 2024. Las reformas clave del Gobierno, como las de salud y educación, fueron rechazadas en el Congreso durante la primera mitad del año, y otros proyectos, como el presupuesto para 2025 y la reforma tributaria, corrieron la misma suerte en el segundo semestre.
Aunque algunas iniciativas lograron avanzar, como la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), esto solo ocurrió tras modificaciones significativas que alejaron los proyectos de la visión original del presidente.
Los constantes desencuentros con los partidos tradicionales, sumados a la falta de una coalición política estable, han debilitado la capacidad del Gobierno para negociar en el Congreso. De acuerdo con un informe de la consultora Orza, el gobierno Petro logró una efectividad legislativa de apenas el 10% en 2024, una cifra muy por debajo de la de sus predecesores.
Escándalos y desgaste de imagen
El 2024 también estuvo marcado por escándalos de corrupción, siendo el más notorio el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este episodio salpicó a exministros y funcionarios cercanos a la Presidencia, además de involucrar a varios congresistas. Estos hechos han erosionado la confianza pública en el Gobierno y han intensificado las críticas de la oposición.
En paralelo, los ataques directos del presidente al Congreso, en los que llegó a llamar «malditos» a los parlamentarios en un discurso en Barranquilla, profundizaron la fractura entre ambos poderes. Estos comentarios, sumados a la descalificación de líderes políticos como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, reflejan un ambiente político cada vez más crispado.
Retos para 2025
Con la desaprobación de Petro superando el 60%, según encuestas recientes, el Gobierno enfrenta el 2025 con una agenda cargada de retos. Entre las prioridades está la reactivación de proyectos clave como la reforma a la salud y la reforma laboral, aunque el contexto político adverso dificulta su avance.
La estrategia del Gobierno incluirá rendiciones de cuentas regionales para demostrar resultados concretos en inversión pública y gestión de recursos. No obstante, el presupuesto aprobado por decreto para 2025, con un déficit de 12 billones de pesos, supone un obstáculo significativo para cumplir con estas promesas.
La oposición, liderada por el expresidente Álvaro Uribe y partidos como Cambio Radical, ha fortalecido su discurso crítico contra Petro, acusándolo de priorizar una agenda ideológica sobre las necesidades del país. Paralelamente, fuerzas políticas tradicionales y emergentes buscan consolidar alianzas para presentar alternativas viables en las elecciones de 2026.
En este contexto, la polarización domina el debate público, pero también abre espacio para nuevos actores. Grupos como los Unitarios y movimientos regionalistas liderados por exgobernadores buscan posicionarse como opciones diferentes al petrismo y al uribismo.
Desafíos en paz y diplomacia
La promesa de paz total sigue siendo un tema pendiente. Los avances en las negociaciones con el ELN y las disidencias de las FARC han sido limitados, y las conversaciones con grupos criminales enfrentan grandes obstáculos. Mientras tanto, en el plano internacional, la relación de Petro con Donald Trump, reelecto en Estados Unidos, y los retos diplomáticos con Venezuela y Nicaragua añaden complejidad al panorama.
