Argentina fue uno de los países pioneros en la América hispana en poner en marcha un proceso sutil de reemplazo de la educación clásica que consiste, esencialmente, en impartir conocimientos, por una suerte de adoctrinamiento estatal severo con la deliberada intención de suprimir los valores tradicionales de la sociedad y reemplazarlos por las modas progresistas del Siglo XXI. Si bien la libertad de contenidos nunca fue una política de Estado en la Argentina, el desembarco del peronismo kirchnerista profundizó las distorsiones.
En 2006 Argentina sancionó la ley de Educación Sexual Integral (ESI) que, según reza en sus fundamentos, «instaura el derecho de quienes estudian en cualquiera de los niveles y modalidades educativos a recibir Educación Sexual Integral».
La norma abarca cinco ejes: cuidar el propio cuerpo y la salud, valorar las relaciones interpersonales libres de discriminación, coacción y violencia, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Se trata, en los papeles, de conceptos vagos e imprecisos que maquillan un proyecto educativo en principio escolar pero ampliado a la injerencia de centros de salud y organizaciones sociales. Esto, lejos de tranquilizar, enciende una señal de alarma en cuanto a que implica involucrar personas ajenas a los establecimientos educativos en la formación de nuestros hijos.
Para niños de 3 y 4 años, en jardines de infantes, se trabajan contenidos relacionados con «las partes externas» del cuerpo humano y el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales; los procesos de gestación y nacimiento y la diversidad de familias. En este punto se les enseña la «normalidad» de un grupo familiar con dos papás o dos mamás, por ejemplo.
En el nivel primario (entre 6 y 12 años) la temática es «el cuerpo humano, la diversidad en las personas: apariencia física, orientación sexual e identidad de género; el embarazo, los métodos anticonceptivos y nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género». Insistimos, son contenidos para niños de 6 a 12 años.
Y para adolescentes entre 13 y 17 años, lo que en la Argentina se denomina nivel secundario, van por «los marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual» (sin eufemismos, esto significa acceso al aborto sin consentimiento ni compañía de un adulto); «el reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón; el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo con sus convicciones y preferencias en el marco del respeto por los/as otros/as y las distintas miradas sobre el aborto», como si hubiese más de una forma de ver el aborto.
La ley no disimula cuando aclara: «La perspectiva pedagógica con la cual se trabaja la ESI es una perspectiva de género feminista. Es decir, se nutre de los cuestionamientos del feminismo y es transmitida por «especialistas», formadores de docentes en ESI que son parte de la «Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito«.
Y continúa: «La pedagogía que acompaña a la ESI sea feminista no significa que sea una cosa de mujeres. El feminismo apunta a romper con el sistema de dominación violento que ejercen el machismo y el patriarcado»….»Tiene una perspectiva que cuestiona a los conservadurismos, las posiciones reaccionarias«.
La ESI es una herramienta evidente de transformación social que involucra las leyes de matrimonio igualitario (2010), de identidad de género (2012), de capacitación obligatoria en género (2019) y ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Poco importó a Cristina Fernández de Kirchner quien, como senadora, votó a favor de legalizar el aborto, la opinión de quien fuera su dilecto amigo, el Papa Francisco. Su Gobierno impulsó todas estas modificaciones, prolijamente alineadas con los postulados de la Agenda 2030. Lamentablemente, el principal partido de la oposición, Juntos por el Cambio, no cuestiona esta violenta y malsana intromisión en el seno de la familia argentina. De esta manera, muchos padres han sido conducidos a delegar en el Estado los contenidos educativos de sus hijos.
La pobreza estructural, en la actualidad el 54,2% de los menores de 14 años se encuentra bajo la línea de pobreza según datos oficiales, conforma un sistema profundamente injusto que marca una brecha insalvable entre aquellos padres que pueden elegir qué educación quieren que sus hijos reciban y los que no. Obviamente, se trata de una cuestión puramente económica: unos, los menos, acceden a colegios privados en los que no hay huelgas docentes, no hay manipulación de la niñez y si la hubiera, los progenitores pueden reclamar o cambiar a sus hijos de establecimiento y optar por aquellos cuyos contenidos se adaptan a sus sistemas de valores, y luego está la educación pública, en la que el Estado decide a qué escuela va cada niño y donde lo que se enseña queda a criterio de los burócratas del Ministerio de Educación. Además, la enseñanza pública es rehén de decenas de sindicatos que paralizan la actividad al tal punto que esos alumnos pierden entre 4 y 6 semanas de clase por año. En esas escuelas recalan los hijos de padres de escasos recursos, gente atrapada en la telaraña del populismo empobrecedor.
España no llegó tan lejos. Aún. El traspié de gestión de Pablo Iglesias y la catastrófica consecuencia en las urnas frenó el proyecto de Unidas Podemos en este sentido, pero sigue vigente. El 29 de diciembre de 2020 el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobó una nueva ley educativa que incorpora la educación sexual de forma transversal en las escuelas de primaria. A pesar de que la norma está en un estado inicial, se prevé que su implementación total sea en 2024.
España también aprobó dos leyes trascendentales: una que permite la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años y otra que reforma la del aborto. En el primer caso, el texto suprime los requisitos que eran necesarios hasta ahora, como un informe médico que diagnosticara disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años. Ahora sólo se reconoce la voluntad del niño y se extiende el derecho a jóvenes de entre 12 y 16 años bajo ciertas condiciones. Además, las menores podrán abortar sin el permiso de sus padres a partir de los 16 años.
Como si esto no fuera suficiente avance sobre temas sensibles a la familia y la crianza de los hijos, basta mencionar la espantosa ley del «sólo sí es sí» impulsada por la esposa del podemita Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad Irene Montero que, lejos de traer soluciones a la violencia contra la mujer, agravó la situación al asegurar la rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales. Desde su sanción, con horror, las víctimas presencian impotentes cómo sus agresores quedan libres por obra de una ley política cuya consecuencia jurídica es una innegable voluntad de despenalizar esas conductas perversas. La inacción frente a esta atrocidad es la única política de estado y tanto la ministro como su partido declararon que la norma «no ha tenido los resultados esperados» mientras continúa el goteo de delincuentes sexuales excarcelados.
El siglo pasado se intentó la colonización y destrucción de las tradiciones por la fuerza y resultó un fracaso. Pero la intención no decrece y ahora las izquierdas han elegido una metodología aparentemente amigable, enarbolando banderas de supuestos derechos y mejoras. De nosotros depende frenarlos. De nosotros depende defender la España de nuestros ancestros y el camino es rechazar, tanto a quienes nos ofrecen esas alternativas, como a quienes no las combaten a viva voz.
